Redacción Canal Abierto | Esta semana el PAMI incorporó a la gerencia de control de gestión social a hijas de trabajadores detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar: María José Luján, hija de María Cristina Mazzuchelli, y de María Victoria Ventura, hija de Carlos Marcelo Ventura.

Las designaciones se inscriben en el decreto presidencial 1199/2012 que asumió como un deber del Estado democrático consignar la verdad histórica respecto de la auténtica causal de interrupción de la relación laboral, de modo de producir una reparación simbólica para los familiares y compañeros de las víctimas. Incluso, habilitando el empleo de los hijos de aquellos trabajadores en los mismos puestos de labor que sus padres.

Hasta el 2015 la decisión alcanzó 122 legajos reunidos en una investigación inicial de 22 cuerpos con 11.600 fojas. Por entonces, más de cincuenta historias ya habían sido reparadas, y se trabajaba sobre otras 400 a partir de la iniciativa de familiares víctimas de la represión, en un cruzamiento de datos con los registros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la CoNaDeP.

A través de estos documentos laborales fueron muchos los hijos que lograron descubrir datos de padres y madres desaparecidos, y rearmar así el rompecabezas de su pasado. Sin embargo, con la llegada de Mauricio Macri al gobierno en diciembre de 2015, los procesos de reparación se vieron paralizados.

Entre los casos de mayor resonancia se encuentra la reparación del legajo de Carlos, el hijo de Nora Cortiñas -fundadora de Madres de Plaza de Mayo-, quien fuera trabajador en el Ministerio de Economía; y el del escritor Haroldo Conti, quien al momento de su desaparición, el 5 de mayo de 1976, se desempeñaba como docente.

Silvina Atencio, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, recuerda que el primer acto de reparación histórica fue en Aerolíneas Argentinas, al que procedieron otros en SeNaSA, AnSeS, AFIP, el Ministerio de Planificación Federal, el de Trabajo, Economía, Defensa, la Administración General de Puertos, Dirección Nacional de Vialidad, Comisión Nacional de Energía Atómica, Correo Argentino, Congreso de la Nación, Casa Rosada y AFIP. Además se realizaron homenajes a trabajadores ferroviarios, del subte porteño, SEGBA, ENTel e YPF, entre otras dependencias y empresas del Estado.

Su caso es paradigmático. Hace cinco años, la comisión se comunicó con ella para anoticiarla sobre la corrección del legajo de su papá desaparecido, Raúl Atencio, empleado en el Servicio Nacional de Agua Potable, hoy denominado Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOSA). Desde entonces, Silvina comenzó a colaborar en las oficinas que la comisión tiene en Espacio de la Memoria (ex ESMA) y en el Ministerio de Planificación Federal.

“A través de los legajos descubrí la firma de mi papá. Nunca la había visto. Pude recuperar un poco la búsqueda y lucha de mis abuelos que, si bien la viví y milité desde HIJOS, la vi plasmada en esos papeles, a través de los que le pedían por favor al Estado que le guarde el puesto de trabajo a mi viejo porque iba a aparecer. En aquel momento era una locura pensar que iban a matar o desaparecer a todas esas personas”, cuenta Silvina, quien hoy trabaja en el mismo puesto de labor que su papá.

Las oficinas de personal fueron las primeras en ser intervenidas por las autoridades militares o civiles que las Fuerzas Armadas disponían en los distintos organismos del Estado. Asimismo, las dependencias incorporaban agentes de inteligencia para averiguar la actividad de los trabajadores y los antecedentes de militancia política de los nuevos empleados.

“Apenas comenzó el trabajo de la comisión, nos preguntábamos: ¿Qué habrá sido de los legajos de compañeros desaparecidos? ¿Habrán sido quemados? ¿Fueron tirados a la basura? Y cuando consultábamos entre los trabajadores, muchos nos respondían que allí, en ese ministerio, secretaría o dirección no había habido desaparecidos”, relata Silvina. Muchas de esas carpetas recuperadas estaban arrumbadas en un sótano o quizás añejadas en un fichero oxidado.

Algunos documentos laborales contienen hábeas corpus, notas de los familiares o copias de telegramas que, al no tener respuesta, lógicamente, legitimaban las carátulas de abandono de tareas, cesantía, ausencias injustificadas o sin aviso. Pero también puede encontrarse información acerca de cómo el trabajador consiguió el puesto, las tareas que desarrollaba, las  partidas de nacimiento de sus hijos, certificados de escolaridad. “Estos legajos”, sostiene Silvina, “constituyen para muchos el primer contacto con nuestros padres. Por ello lo primero que hemos hecho desde la comisión fue entregarle estos documentos a sus hijos”.

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