Redacción Canal Abierto | Con el pasar de los días se vuelve más inútil el esfuerzo de un sector político y mediático por presentar a los dueños de Vicentin como víctimas de un avance injustificado sobre la sacrosanta propiedad privada.

A la investigación que en enero impulsaron las autoridades del Banco Nación, y tras el anuncio presidencial de la intervención sobre la cerealera más grande del país y el envío de un proyecto para su expropiación, se suman ahora nuevas pruebas sobre las maniobras fraudulentas de la empresa y sus principales accionistas.

Un informe elaborado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano analiza la composición de los $99.345 millones de deuda sujeta a concurso preventivo. A la cabeza del ranking de acreedores se encuentran 37 entidades financieras ($63.962 millones), y entre los más afectados -por lejos- los bancos públicos: Banco Nación, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Ciudad y Provincia, por citar sólo algunos.

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Durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras la producción local se caía, la empresa tomó un crédito del Banco Nación por 300 millones de dólares. La cifra superaba por mucho los límites que establece el Banco Central y representaba más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial. Sólo a la banca que por entonces conducía Javier González Fraga, la cerealera le debe más de $18.370 millones.

La voluntad de financiamiento por parte del Estado macrista se explica como una devolución de favoresVicentin, a través de sus subsidiarias, fue el principal aportante a la campaña presidencial de Mauricio Macri. Por tres diferentes empresas de su grupo (Oleaginosa Moreno, Algodonera Avellaneda y Frigoríficos Friar SA), realizó una donación total de $13.500.000, a razón de $4.500.000 cada una, entre el 6 y el 8 de agosto, pocos días antes de las PASO.

Al tendal de “muertos” de Vicentin hay que sumar también unos 1.895 productores de granos con acreencias por $25.657 millones (25% del total). Se encuentran en este universo empresas comercializadoras de importancia global, tales como Cargill Incorporated, Bunge Agritrade, la compañía suiza Louis Dreyfus o la china Cofco. Si bien entre las deuda con firmas nacionales no muestran montos abultados, el informe de Lozano advierte: “para la escala de facturación de las pequeñas empresas locales, la falta de pago de Vicentin es determinante de la continuidad de sus actividades”.

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Del análisis que presenta el estudio y haciendo un promedio del total de deuda, surge que a cada acreedor Vicentín le debería $37,7 millones. Sin embargo a las denominadas “Sociedades” les debe en promedio $ 1.809 millones.

¿Quiénes son estas sociedades? Ni más ni menos que tres empresas controladas o vinculadas a la propia cerealera. Es decir que -de acuerdo a lo que consta en el Concurso- Vicentín le debe a Vicentín unos $ 5.428 millones: $4.079 millones Vicentín Paraguay, $1.346,4 millones a a Renova y $ 2,7 millones a Diferol.

A la vez, hay 98 personas que, en tanto accionistas, le reclaman a Vicentín unos $351 millones. Entre los más significativos -exigen a la empresa más de $10 millones cada uno- figuran Olga Vicentín de Rodríguez, Pedro Vicentín y Sergio Nardelli (CEO de Vicentin). En concreto, son 29 los accionistas que concentran el grueso del reclamo, todos familiares del grupo, cónyugues o sus principales directivos.

“La estafa de Vicentín ha dejado un tendal de muertos, pero también muestra un puñado de vivos”, señala el informe de Claudio Lozano.

 

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