Por Carlos Saglul | Están lejos los tiempos en que los planes neoliberales se imponían indefectiblemente a sangre y fuego. Los verdugos de las masacres de militantes y dirigentes populares de los setenta han dejado su lugar a servicios de inteligencia, pulcros periodistas, ejércitos de abogados, poderosos y diligentes jueces.

Ahora gobiernan monstruos grotescos como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Boris Johnson, pero no impuestos por la fuerza. Como si estuvieran escribiendo la crónica de un final anunciado, gran parte del electorado vota a sus victimarios.

El neoliberalismo es mucho más que partidos de derecha coincidiendo en sus tropelías por el mundo. Su hegemonía contiene aún a aquellas fuerzas que ocasionalmente puedan ganarle en una elección, a quienes lo cuestionan aunque -por ahora- estén lejos de amenazar su poder.

No hay milagro en que la clase media latinoamericana, cuyas ansias de consumo fueron satisfechas por gobiernos populares, termine votando verdaderos esperpentos que la empobrecen. Los medios de comunicación en manos de los grandes grupos económicos fueron centrales en la conformación de un nuevo sentido común. El explotador le escribe la leyenda de la pancarta al explotado, el latifundista al campesino.

 

Apestadas políticas

En un principio, los líderes neoliberales se tornaron en cruzados contra las cuarentenas que “matan a la economía”. El coronavirus es un bicho que -como todo asesino de masas- simpatiza con el neoliberalismo. Pero no por eso dejó de tener a mal traer el discurso de los Boris Johnson, que a fuerza de caer contagiado en terapia intensiva no tuvo más remedio que “reconocer el rol central de Estado en áreas como la Salud”.

No obstante, no quedan muchos que se animen a seguir insistiendo en teorías macabras como la “inmunización del rebaño”. Para probarla, en el AMBA deberían dejar morir a al menos cincuenta mil habitantes. Nadie vuelve a ganar una elección después de semejante matanza.

Bicho clasista el COVID-19: mata ancianos, vecinos y vecinas de las barriadas populares, a pobres. Le viene bárbaro al modelo neoliberal y su guerra de exterminio contra los trabajadores, ahorrando así “el dineral” que debe gastar en gendarmes, policías y -cuando no queda más remedio- planes sociales para contenerlos. A pesar de todo esto, dejar morir a la gente hasta que se apague la pandemia es un discurso que, aún en la derecha más extrema, genera demasiadas contradicciones. Es difícil de imponer, incluso hasta para los más diestros comunicadores del sistema.

 

No te caigas en la grieta

La derecha que venía perdiendo terreno con la cuarentena -hasta el propio Horacio Rodríguez Larreta no pudo hacerse el distraído- encontró un terreno propicio para abroquelarse y saltar al cuello del gobierno: el anuncio de la expropiación de Vicentin. Los grandes medios, la Sociedad Rural, la Asociación Empresaria Argentina actuaron con una convicción que lamentablemente no tuvo contracara en el Poder Ejecutivo a la hora comunicar las razones de la medida.

El presidente Alberto Fernández firmó un decreto prohibiendo los despidos y Paolo Rocca le contestó con 1450 cesantías. Cuando anunció la ayuda para pagar los sueldos de los trabajadores de las Pequeñas y Medianas Empresas, los grandes grupos presionaron y lograron beneficiarse con la medida (en general, antes que las Pymes), aun cuando muchos no necesitaban de ese auxilio o incluso formaron el lote de ganadores durante la cuarentena. Lo que se anunció como un impuesto a la riqueza -y aquí entendemos como parte de la justicia distributiva que el país se debe en forma imprescindible- terminó en un proyecto de aporte por única vez que todavía ni siquiera se trató ni aprobó. Es decir, una medida en buena dirección, aunque casi un gesto de caridad por su falta de continuidad. Aún así, los poderosos denunciaron la contribución como una expropiación. Aborrecen pagar impuestos, tienen el 70% de sus fortunas en guaridas fiscales del exterior.

Para el credo de los millonarios argentinos expropiar es pecado. Evadir y fugar, divino. En realidad, con el anuncio de la expropiación de Vicentin, Alberto Fernández no hizo más que avanzar en lo único que podía hacer el Estado ante la emergencia de miles de trabajadores que pueden quedar en la calle, productores que no cobran. Es tan burda la estafa a la banca pública y -en ella- a todos los argentinos, es tan obsceno el vaciamiento y las maniobras posteriores conducentes a ocultar la riqueza de los dueños de la cerealera que no se entiende por quó el gobierno no lo hizo un factor de denuncia y movilización.

No existió énfasis en la necesidad estratégica de defender la recuperación de la empresa como forma de transparentar la recaudación en las exportaciones de granos, donde la evasión parece la regla. En ese marco, preocupa el reconocimiento del jefe de estado a Marcelo Mindlin, en oportunidad de la inauguración de una Usina de Pampa Energía. No se trata de que sea uno de los grandes “ganadores” del gobierno de Mauricio Macri -y para muchos, su testaferro- a través de la dolarización de las tarifas y fuga de fortunas al exterior. No hay diferencia entre el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, y Marcelo Mindlin. Es un error pensar que esa clase de empresario puede ser parte -como se dijo- de la reconstrucción del país. Es impensable volver a poner en marcha la economía para terminar con la pobreza sin el control por parte del Estado del comercio exterior, un sector tan estratégico como el energético, donde es fundamental revertir los realizado por el macrismo.

Quizá el error se encuentre en pensar que “se debe cerrar la grieta” cuando de lo que se trata es de mostrarle a los argentinos que -de acuerdo a sus intereses- el 99% de ellos está de un lado, mientras el 1% que se enriqueció con el saqueó se encuentra en la vereda de enfrente. En definitiva, no habrá un futuro mejor para las mayorías si ellos continúan teniendo el Poder (con mayúsculas), no importa cuál sea el gobierno. 

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