Redacción Canal Abierto | Las movilizaciones que reunieron a cientos de miles de personas en toda Francia el pasado sábado 28 de noviembre, con picos de tensión y enfrentamientos entre las fuerzas antimotines y los manifestantes en París, tuvieron origen en la controvertida Ley de Seguridad Global (también puede traducirse integral).

El artículo 24 de este proyecto de ley establecía límites a la difusión de imágenes de agentes de seguridad en ejercicio de sus funciones. El artilugio gubernamental establecía que si se demostrara que las imágenes se han publicado con afán de dañar a los policías o gendarmes, el responsable sería castigado con un año de prisión y 45.000 euros de multa.

Esta ley impulsada por el gobierno de Macron, sacudido por protestas masivas y prolongadas a lo largo de todo su mandato, comenzó a debatirse en la Asamblea Nacional a mediados de noviembre. Según organismos de derechos humanos y periodistas es un evidente intento de proteger a la policía y establecer restricciones a la información y a la libertad de prensa.

“A pesar de años de denuncias y visibilización de la violencia policial diaria en los barrios obreros, generalizada contra los manifestantes, no se ha tomado ninguna medida para detenerla. Por el contrario, después de haberlo negado constantemente, hoy la ley de “seguridad global” fortalecerá la impunidad policial y dificultará la filmación de la violencia policial. Detrás de ésto hay una sociedad de vigilancia cotidiana que esta ley, complementada por el Plan Nacional de Mantenimiento del Orden lanzado en septiembre, quiere imponer, reforzada por drones, cámaras y softwares de reconocimiento facial que continúan desarrolándose”, sostiene en un comunicado la Union Syndicale Solidaires, central obrera que agrupa a alrededor de 120 mil trabajadoras y trabajadores del sector público y privado.

Esta central, junto a otros sectores sociales, están convocando a una nueva jornada de movilizaciones y protestas para este sábado 5 de diciembre, bajo el lema “Nuestras libertades y la democracia están en peligro”.

El partido de gobierno, La República en marcha (LREM), ya retiró del proyecto de ley el polémico artículo 24, pero, de todas formas, la mecha se ha prendido y se espera que nuevamente las movilizaciones sean multitudinarias en todo el territorio galo. El sábado pasado, según los organizadores, se movilizaron medio millón de personas y las fuentes estatales la reducen a cerca de 200 mil; en ambos casos, igualmente importante.

“Si el gobierno está desarrollando su arsenal represivo y de seguridad, no es casualidad. Esta es la mejor manera para intentar contener las protestas y luchas sociales, feministas, antirracistas y ambientales”, sostienen desde Solidaires. “El cálculo se hace rápidamente: ante los despidos, el crecimiento masivo del desempleo y las desigualdades, la explosión de la pobreza, los desafíos a las dominaciones, el gobierno se está proveyendo de las herramientas para monitorear y reprimir lo más posible, para quebrar las resistencias”.

 

Un nuevo giro a la derecha

Ex empleado y asociado de la Banca Rotschild & Cie.; funcionario del gobierno del Partido Socialista de François Hollande, Emmanuel Macron ocupó el Ministerio de Economía hasta 2016, al que renunció para abocarse a la construcción de un partido de centro con el que ganó en abril de 2017 la primera vuelta, para luego consagrarse Presidente en la segunda, venciendo a Marine Le Pen del derechista Frente Nacional.

De ideas reformistas, dejó el gobierno de Hollande con los mayores índices de aprobación pública y se convirtió en el candidato de la renovación para la mayoría de los franceses. A poco de andar, declaró que ya no era socialista y, luego de los primeros meses de gestión, debió enfrentar la rebelión popular de los Gilet Jaunes (Chalecos Amarillos), surgida a raíz del anuncio de un aumento en los impuestos sobre el precio del combustible el 1 de enero de 2019.

Desde entonces ha colisionado sucesivas veces con la movilización popular que procura frenar sus políticas de reformas y ajustes que amenazan el modelo social francés. El pico de este enfrentamiento ha sido la huelga por tiempo indeterminado en respuesta a la reforma previsional que impulsaba de la mano del gigante financiero BlackRock, dirigido por Larry Fink, uno de los principales inversores en la campaña presidencial de Macron e impulsor y futuro beneficiario de la reforma.

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El proyecto de Seguridad Global es una vuelta de torniquete a la movilización popular. Es impulsada particularmente por el ministro del Interior Gérald Darmanin, uno de los arietes del giro hacia la derecha comandado desde el Eliseo, un jinete de la mano dura.

Las medidas liberticidas y de seguridad son parte del proyecto de quiebre y destrucción de los servicios públicos. La privatización de los bienes comunes va de la mano del fortalecimiento de la policía. Al mismo tiempo, empleadores y jerarquías administrativas siguen una política de represión contra los sindicalistas”, insiste Solidaires. De manual: para poder ajustar y destruir la estructura estatal hay darle mayor poder a la policía y favorecer el miedo y el control social.

Un ejemplo del clima que se vive en Francia y que intentan instalar desde el Ejecutivo, se lee claramente en la presentación del antes mencionado Plan Nacional de Mantenimiento del Orden –una suerte de protocolo Bullrich para la actuación de las fuerzas represivas del Estado–:

“La infiltración sistemática de matones en las movilizaciones ha llevado a las fuerzas a adaptar su doctrina para manejar las manifestaciones. Este Plan confirma estos desarrollos y establece un nuevo marco para el ejercicio del mantenimiento del orden, con el fin de tener, en Francia, un documento accesible al público y común a las distintas fuerzas.

Estas adaptaciones no borran la larga tradición de la policía francesa. Por el contrario, completan el abanico de tácticas a implementar para conciliar nuestros dos objetivos prioritarios: permitir que todos se expresen libremente en nuestro país y en las formas previstas por la ley, y prevenir cualquier acto violento contra personas y bienes durante las manifestaciones.

Es así como la mayor movilidad de fuerzas, para poner fin a los abusos y cuestionar a los autores de la violencia, se convierte en un imperativo. Ya no es aceptable que los matones puedan actuar libremente y venir y robarles a los manifestantes el derecho a expresarse en la vía pública”.

Las plumas de Bullrich y Berni, la retórica de los infiltrados “troskos” en Guernica y los barrabravas en la Casa Rosada, en Francia, también se consiguen.

“Policía borrosa, justicia ciega”, reza el cartel de un manifestante el sábado pasado.

Contexto

“El proyecto del gobierno no había generado tanto repudio, sobre todo, debido a la cuarentena. Había algo de movimiento de rechazo en las redes, principalmente de organizaciones de periodistas y de derechos humanos”, señala Arthur Moreau, periodista, militante sindical de Solidaires y del movimiento queer. “Pero la inmensa movilización de 220 mil personas en París, la Plaza de la República llena, en invierno y en contexto de cuarentena, fue propiciada por dos eventos previos. Hubo una acción de migrantes, un acampe en la Plaza de la República, exigiendo residencia que fue violentamente reprimida y eso se pudo ver gracias a los videos realizados por los transeúntes y víctimas con sus celulares”.

“Luego, hubo un caso de agresión violenta de la policía a un hombre negro llamado Michel que fue brutalmente golpeado en su casa y fue grabado por una cámara de seguridad. Estos dos casos dejaban claramente demostrado que si no se permite grabar no quedan rastros de lo que hacen los policías. En Francia, la Policía no tiene que dar cuenta a nadie. El único modo de control, de ejercer una vigilancia sobre lo que hace la policía son nuestras cámaras. Y este proyecto de ley quería quitarnos esto”, fundamenta Moreau.

“La violencia policial tuvo un impacto en la escala de la movilización. Las demandas, que inicialmente se centraron en la retirada del artículo 24 de la ley de “seguridad global”, se han ampliado a la violencia policial y los ataques contra los derechos fundamentales (libertad de manifestación, estado de emergencia, etc.)”, coincide en el análisis Céline Verzeletti, secretaria nacional de la Unión Federal de Sindicatos del Estado en la CGT.

En este escenario, el periodista señala que de todas formas el problema es más profundo que lo que señala la izquierda tradicional. “La principal violencia policial es de carácter racista. Las manifestaciones de sans papiers (sin papeles) y del Comité Adama (por el caso de un joven negro asesinado por la gendarmería en una comisaría) fueron las más grandes en estos meses de cuarentena. El discurso mayoritario en los medios es que es un problema de algunos policías malos, pero el problema es estructural y racial”, señala Arthur y destaca que en la movilización del sábado se dio una interesante confluencia de organizaciones sindicales –de trabajadores blancos, de izquierda, integrados– y del movimiento antirracista. “El reto es preguntarse si la policía es racista o no, y si la violencia policial es estructural o coyuntural“.

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