Redacción Canal Abierto | En 2020, de los cerca de 4.000 millones de pesos que fueron distribuidos en calidad de pauta oficial, el Grupo Clarín recibió 625 millones.  

“Cuando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se sancionó, el tema de la publicidad oficial seguía siendo una deuda”, afirma Agustín Espada, comunicador, becario del CONICET, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, y uno de los autores –junto a Santiago Marino- del relevamiento que arrojó el dato de que el multimedios más poderoso del país sigue picando en punta en la lista de medios que más pauta reciben.

En las discusiones sobre el derecho a la comunicación y la pluralidad de voces, la distribución de la pauta oficial emerge como discusión saliente y cuenta pendiente de la democracia. Su regulación fue contemplada por la Ley 26.522, conocida popularmente como Ley de Medios, pero los artículos que lo abordan no se cumplen como consecuencia de la disolución del Consejo Federal de Comunicación que se llevó adelante por decreto de Mauricio Macri en sus primeros días de gobierno.

Con la intención de revertir la situación y distribuir la pauta de forma “transparente, justa y equitativa”, desde julio pasado diversas federaciones, redes y sindicatos de la comunicación de todo el país llevan adelante encuentros en el marco de los cuales se redactó un documento que expresa múltiples propuestas.

“Tenemos una deuda tremenda con respecto a este tema, y definiciones oficiales: una dada por el mismo Presidente en la apertura de sesiones legislativas en 2020, donde se dijo que iba a haber una línea de fortalecer medios y cortar con las pautas a periodistas individuales, y donde además se pidió replantear el contenido de las pautas”, afirma Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) –una de las organizaciones que participó de la discusión y redacción del documento- en diálogo con Canal Abierto Radio.

Pero las organizaciones y los sindicatos no fueron convocadas a debatir ese replanteo, y optaron por presentar una propuesta alternativa.

 

La propuesta

En la actualidad, la distribución de la pauta oficial para la difusión de actos de gestión de gobierno se rige por los criterios del mercado. “Eso puede ser un aspecto a tener en cuenta, pero no puede ser el criterio de distribución -agrega Antonini-, ya que implica perpetrar la concentración y la disparidad: garantiza que los grandes sean siempre grandes, y los chicos siempre chicos, y va generando una profecía autocumplida de los que tienen más llegada y audiencia”.

En efecto, según el informe de Espada y Marino, la segunda posición en distribución la ocupa el Grupo Indalo (C5N, Radio 10, Pop, Ámbito Financiero, Minuto Uno, entre otros), el Grupo América (La Red, América TV, Supercanal, Uno), el Grupo Octubre (AM 750, Página 12, IPTV, Canal 9, entre otros) y VIACOM, la empresa estadounidense dueña de Telefe.

El documento generado por las organizaciones de la comunicación será presentado el próximo 25 de marzo, Día del Trabajador de Prensa –en conmemoración de la desaparición y asesinato de Rodolfo Walsh- desde las 16, en una Feria de Medios Autogestivos en la Plaza del Congreso.

El mismo pretende ser el origen de una ley que permita la distribución de la pauta con el foco puesto en garantizar el derecho a la información de los ciudadanos con un criterio de equidad y teniendo en cuenta la incidencia que los medios cooperativos y autogestivos tienen en sus comunidades.

Entre sus principales propuestas se encuentran que la ciudadanía conozca la forma en que se distribuyen los fondos tanto en los medios audiovisuales como gráficos y digitales, asegurar el derecho del ciudadano a ser informado de la gestión de gobierno,  establecer criterios federales y cupos para medios sin fines de lucro, entre otros.

De la misma manera fija lógicas de contratación y aplicación de la Ley, órganos de control, y topes de montos para los grupos mediáticos.

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