Redacción Canal Abierto | Con nueve imputadas, comenzó el segundo juicio por abusos en el Próvolo de Mendoza. Este nuevo juicio unifica tres causas y son nueve las personas imputadas en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación por omisión.

Las nueve acusadas son las dos monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez; la ex apoderada legal del Instituto Antonio Próvolo, Graciela Pascual; las ex directoras de la entidad, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán, y Cristina Leguiza; la cocinera Noemí Paz; y la psicóloga Cecilia Raffo.

La monja japonesa Kosaka Kumiko acusada por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión, es la única imputada que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria, mientras que el resto están en libertad.

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Este segundo juicio comenzó esta mañana con sólo 25 personas dentro de la sala 4 del fuero penal colegiado, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus. Según detallaron desde el Poder Judicial, en esta instancia deberán producirse 52 cámaras Gesell y, luego ver si de los planteos que surjan, deben declarar. En un primer momento se fijaron audiencias de debate hasta octubre, aunque no se descarta que el juicio pueda extenderse.

Desde organización de Derechos Humanos Xumek, querellante en la causa, sostienen: “El juicio a las mujeres imputadas busca arrojar luz y justicia a una red escabrosa de complicidad y silencio. La vulneración a los sobrevivientes del Próvolo y sus familias continúa hasta hoy, dadas las dilaciones y ocultamientos que sostiene la Iglesia e involucra incluso al Vaticano”.

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Por este mismo caso la Justicia mendocina condenó el 25 de noviembre de 2019 a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez a 18 años de cárcel acusados por abusos sexuales y corrupción de menores a niños con hipoacusia en este mismo Instituto.

La causa Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y cuenta con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos.

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