Redacción Canal Abierto | Mientras intenta sostener una falsa presencialidad en las aulas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo un llamado a licitación para la compra de 70 camionetas blindadas y 150 patrulleros para abastecer a su policía.
El costo es de $861.500.000. Casualmente, el monto es similar al recorte del presupuesto educativo que realizó en los últimos siete meses al suspender la construcción de dos escuelas y reducir el presupuesto para la distribución de dispositivos electrónicos a los estudiantes porteños.
“En este periodo, la ministra Acuña dio de baja la construcción de la Escuela de Danzas N°2 DE 18, Jorge Donn, por $241 millones; la construcción de la Escuela Primaria de Creación “Estación Buenos Aires”, ubicada en el Distrito Escolar N° 5, por $214 millones; y canceló más de $40 millones asignados para trabajos de refacción, restauración e instalación eléctrica en nueve escuelas de la Ciudad. A esto hay que sumarle el recorte de $371 millones que sufrió el Plan Sarmiento, encargado de repartir dispositivos electrónicos a estudiantes de la Ciudad”, informan desde el Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC).
En octubre del año pasado, el gobierno de Larreta ya había destinado unos $300 millones para la compra de 150 móviles que se suman a los más de $3.400 millones que ya lleva gastados para las fuerzas de seguridad en lo que va de la pandemia.
Según el ODC, estos “millonarios gastos” van al mantenimiento de los sistemas de climatización de edificios de la Policía de la Ciudad, a la adquisición de alimento balanceado para canes, a la compra de municiones y uniformes con destino a grupos especiales de la Policía de la Ciudad.
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Así, con el discurso de “en educación cada día cuenta”, en los hechos el gobierno porteño demuestra lo contrario. Sin ir más lejos, con la faltante histórica de vacantes en la Ciudad, en 2019 la Legislatura aprobó la ley N° 6.287 que autorizó la venta de 58 inmuebles que el GCBA consideró innecesarios para su gestión.
La justificación fue que el producto de la venta sería destinado al desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura, no pudiendo ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes.
Como explica el ODC y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, “el dinero que ingresa no incrementa el presupuesto destinado para la prestación de estos servicios públicos, sino que libera recursos estatales para ser destinados a otros gastos para nada prioritarios en el marco de la emergencia ambiental, habitacional, económica y sanitaria que vive la Ciudad”.
En detalle, el margen de presupuesto que se libera es destinado, por ejemplo, a pagar suntuosas sumas a consultoras de opinión (alrededor de $800 millones para la contratación del Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública aprobada por la Resolución N° 1534/MHFGC/2021 el 27 de abril de este año), a costear la infraestructura de servicios para mega emprendimientos privados como el Parque de la Innovación (Licitación Pública N° 719-SIGAF/2020 donde se adjudicó a la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. la construcción de las veredas y la infraestructura de servicios por un monto de $998 millones, o a la pauta oficial que cada año se lleva miles de millones de pesos.
