Redacción Canal Abierto | Un 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos -estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)- salió con un grupo de amigos a festejar que el día anterior había aprobado una materia. Tenía 22 años y era madre de una nena de 5.

Desde la céntrica zona del Abasto, tomó un remise junto a Virginia, su compañera de facultad. Sin embargo, esa noche no llegó a su casa. Al día siguiente la familia hizo la denuncia y, junto a amigos, salieron a buscarla.

Desde un primer momento, y en paralelo a la búsqueda, la Policía y el Poder Judicial tucumanos lanzaron un operativo de estigmatización sobre la víctima: ante los medios, instalaban la hipótesis de que Paulina había huido. Incluso anunciaban pistas en Salta, Jujuy y la Patagonia.

Finalmente, el 11 de marzo de 2006, su cuerpo fue hallado en el kilómetro 3 de la ruta 341 (Tapia, provincia de Tucumán) en un estado de descomposición avanzado, con mutilaciones, el cuero cabelludo arrancado y las huellas digitales limadas.

En febrero de 2019, el Tribunal de la sala III encontró culpables por el encubrimiento del crimen a Hugo Sánchez, Eduardo Di Lella, Nicolás Barrera, Héctor Brito y Waldo Rodríguez, mientras que el único imputado por el delito de privación de la libertad seguida de muerte, Roberto Gómez, resultó absuelto. Sin embargo, todos ellos se encuentran en libertad hasta que instancias judiciales superiores confirmen las condenas.

“Alperovich es el responsable ideológico del encubrimiento del crimen de Paulina”, asegura Alberto Lebbos.

Son varios los responsables de que aquel primer paso -la Justicia todavía no encontró a los culpables materiales del hecho- hacia el esclarecimiento del crimen llegara 13 años tarde. Alberto Lebbos, padre de la víctima, no duda en sostener que la cadena de complicidades alcanza los más altos funcionarios provinciales.

Ahora la Justicia va por uno de esos eslabones, Carlos Albaca, el hoy ex fiscal (se acogió a una jubilación para evitar los seis pedidos de juicio político que pesaban sobre él) que estuvo a cargo de la causa desde abril de 2006 hasta 2013. A partir del 2 de agosto será enjuiciado por la sala III de la Cámara Penal acusado de once delitos, entre ellos los de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado del crimen de la joven.

Durante esos casi siete años la investigación no sólo no prosperó, sino que el expediente se vio plagado de obscenas manipulaciones a manos del integrante de la familia judicial tucumana. En su momento, Albaca incluso llegó a declarar publicamente que “no descartaba” la inexistencia de un crimen de Paulina. Según afirmaba el fiscal, la muerte podría haber obedecido a un “ataque de asma combinado con ingesta de alcohol y/o otras sustancias tóxicas”, o bien a la práctica de la autoasfixia durante la masturbación o con una pareja: “Lebbos tenía tendencia a las relaciones sexuales casuales, en ocasiones era ‘intrépida’ y capaz de emprender acciones temerarias”.

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Entre otras cosas, en 2006 se encargó de dilatar la elevación a juicio que requería la familia para llevar al banquillo a quienes finalmente serían condenados en 2019. “Cuando logramos que lo apartaran nos encontramos con un expediente que era un desastre, ni siquiera estaba foliado”, contó a Canal Abierto Alberto Lebbos.

A raíz de su actuación en esta y otras causas vinculadas al poder, se le inició un sumario administrativo en el que se comprobó que había cometido una serie de delitos, entre ellos permitir que se deteriore y se echen a perder muestras de ADN que eran claves en la investigación del crimen de Paulina. “Este personaje, que contó siempre con la protección política de José Jorge Alperovich (ex gobernador de Tucumán y hoy Senador Nacional, aunque con licencia tras una denuncia de abuso sexual de su sobrina), logró el aval político para jubilarse y esquivar el juicio político”, afirmó el padre de Paulina.

Carlos Albaca, investigado por irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Paulina Lebbos.
Carlos Albaca, investigado por irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Paulina Lebbos.

Al momento de jubilarse, eran varios los pedidos de juicio político que pesaban sobre Albaca, entre otras, la fallida investigación en torno al supuesto desfalco que involucra a Alperovich en la quiebra del Banco Noar y el cajoneo de la causa por enriquecimiento ilícito del legislador provincial y ex senador nacional Sergio Mansilla.

“No hizo los cruces de llamados de telefónicos que correspondían y cuando finalmente los hizo, se encargó de falsear los números de identificación de cada línea. Como era de esperar, las compañías telefónicas respondían que no había información. De los cruces que se hicieron después surgió que uno de los sospechosos tenía más de 250 llamadas realizadas entre el 26 y 27 de febrero (primeros días en que Paulina estuvo desaparecida)”, señaló.

Lo más llamativo es que tras dejar la causa, en 2013, el único teléfono intervenido en el marco de la investigación era el del propio Alberto Lebbos.

“Su objetivo siempre fue encubrir y ensuciar la investigación al servicio del poder”, apuntó el padre de la víctima y la cara mediática del pedido de justicia. “Esta era una banda comandada por Alperovich e integrada por el secretario de Seguridad de la provincia, el jefe de la Policía de Tucumán y el de la regional Norte, el Comisario de Raco, el presidente de la Comisión de Juicio Político y actual secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno y otros delincuentes disfrazados de funcionarios públicos. Todos fueron funcionales al encubrimiento e hicieron uso y abuso de su poder para impedir el esclarecimiento del femicidio de Paulina, y lo peor de todo es que lo hicieron con éxito”.

El próximo 2 de agosto comenzará el debate oral contra Albaca, que ya tenía fecha para marzo de 2020 pero se había visto postergado producto de la pandemia. Si bien Lebbos se mostró confiado en que el ex fiscal va a resultar culpable, a la vez reconoció: “el sistema es un desastre, el año pasado entraron 170.000 causas penales en Tucumán, está todo colapsado por la falta de prevención y por la inseguridad que hay, la delincuencia de todo tipo, mucha delincuencia que mata más con lapicera que con arma”.

El hombre atribuyó la concreción definitiva del juicio a la presión ejercida a través de las casi 81.000 firmas obtenidas en la página change.org y al trabajo de sus abogados Emilio Mrad y Roberto Tejerizo.

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