Redacción Canal Abierto | A casi un año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se consiguió tras una larga lucha popular el 30 de diciembre de 2020, un monitoreo sobre su aplicación y la atención posaborto contemplada por la norma arrojó resultados atendibles.
La iniciativa titulada Proyecto Mirar y llevada adelante por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health detectó que, si bien el acceso a la práctica en hospitales y centros de salud mejoró en relación con 2020, se observan fuertes desigualdades entre las provincias.
Teniendo en cuenta que la prestación de IVEs que garantiza la Ley 27.610 se instaló en un escenario donde los servicios del sistema público de salud y el sector comunitario ya daban acceso a los abortos legales hasta ese momento permitidos por el marco normativo, el estudio se realizó tomando en cuenta distintos indicadores, entre ellos el sistema comunitario de atención del aborto y la experiencia de actoras clave en la provisión de servicios de aborto. Cuando hablamos de servicios comunitarios nos referimos a las redes que apoyan a las personas para abortar de forma autogestionada y/o las acompañan en su búsqueda de servicios de aborto.
Según el informe, durante el primer semestre de 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE en el sector público. A su vez, al menos 5.600 personas fueron acompañadas por el sector comunitario y accedieron a un aborto.
Pero de acuerdo con la tasa de aborto -que equivale a 1.000 mujeres en edad fértil- existió una brecha importante en el acceso a esta práctica entre jurisdicciones. Mientras que el promedio nacional de esta tasa se estableció en 3,2, en la Ciudad de Buenos Aires fue de 5,6, en Tierra del Fuego del 4,3 y en Jujuy del 4,2. En tanto, en el final de la tabla, en Misiones, Formosa y Corrientes la tasa fue del 0,6.
“Las causas de estas diferencias podrían atribuirse a mayor acceso efectivo por mayor disponibilidad de recursos humanos y efectores garantizando servicios, por mejores registros de las prestaciones, por mayor demanda de la población, entre otras”, sostiene el estudio.
Lo que hay y lo que falta
En efecto, desde el Proyecto Mirar analizaron el entorno normativo, la oferta de servicios, la demanda, la calidad de la atención y los resultados de la aplicación de la normativa que reconoce el derecho de cada persona gestante a acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce inclusive (IVE), sin tener que compartir motivos, y a partir de las semana quince en los casos en los que se cumple alguna de las causales previstas (ILE): gestaciones por violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
De acuerdo a ese análisis, establecieron que existen inequidades entre provincias y barreras para el acceso al aborto en algunas de ellas.
“Las cifras de mortalidad materna en algunas provincias, como Formosa, Tucumán, Salta y Chaco, superan ampliamente el promedio nacional. Así como también la brecha en el acceso al aborto legal que se observa entre Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires. Estas y otras desigualdades se pueden disminuir con esfuerzos de políticas provinciales con apoyo nacional”, sostienen las autoras.
En lo que refiere a las llamadas recibidas en el 0800-222-3444, la línea nacional, gratuita y confidencial del Ministerio de Salud para solicitar información sobre salud sexual y reproductiva -donde, cuando no es posible resolver la consulta telefónicamente, se genera una “secuencia” para hacer seguimiento y facilitar el acceso-, pudo rastrearse que, al cabo del primer semestre de 2021, las secuencias IVE/ILE alcanzaron las 10.529. “Las demandas recibidas a través del 0800 deben ser entendidas como una punta de iceberg de la demanda por aborto, por un lado, y de las barreras de acceso (incluida la falta de información sobre dónde acudir para realizarse un aborto) que se tienen por el otro”, considera el informe.
Finalmente, otro indicador clave para evaluar la efectividad de esta política sanitaria es la disponibilidad de insumos para la realización de abortos. Entre ellos está el misoprostol y la aspiración manual endouterina (AMEU), dos de las tecnologías que actualmente permiten garantizar un aborto seguro en la Argentina. De acuerdo al estudio “la cantidad de insumos (tratamientos) distribuidos por el Ministerio de Salud de la Nación ha aumentado en los dos últimos años, y en el primer semestre de 2021 ha igualado los valores correspondientes a todo el año anterior”.
