Redacción Canal Abierto | Ante los recientes –y actuales- conflictos ambientales a lo largo y ancho del país, la Comisión de Ambiente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) escribió una carta abierta al presidente de la nación. En ella, le recuerdan que la que la megaminería, el fracking y el agronegocio son actividades violatorias de los derechos humanos.

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Además, resaltan que, así como la dictadura cívico militar que se apropió del Gobierno, de cuerpos y de los derechos humanos generó en el pueblo la tarea incansable de defender la democracia y sus conquistas, también “debe garantizarse la vigencia efectiva de los derechos humanos vinculados a la protección ambiental”.

En este sentido,la Comisión de Ambiente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos está abocada a “visibilizar las atroces consecuencias del modelo económico extractivista impuesto en nuestro país como consecuencia del endeudamiento y los compromisos asumidos por el gobierno de facto y que encontraron su marco legal en la década de los 90 de la mano de los mismos nombres y apellidos que diseñaron las políticas económicas durante la dictadura”.

A su vez destacaron que “distintas expresiones del extractivismo económico se han instalado en nuestros territorios y se expanden a costa de la salud, del agua y empobrecimiento de las poblaciones locales constituyendo así una flagrante y permanente violación a los Derechos Humanos que debe cesar en forma inmediata”.

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De esta manera, exhortan al Poder Ejecutivo Nacional y sus dependencias a que:

  • Arbitren medidas urgentes e instrumentos legales eficaces para desalentar el avance de toda acción que conlleve la habilitación de actividades antrópicas que perpetúen la matriz económica y productiva insostenible y extractivista.
  • Consideren que la continuidad de todo paradigma de desarrollo insostenible puede pivotear en torno de un modelo de desarrollo que habilita a la réplica temporal y espacial de acciones con potencialidad de destrucción masiva y de provocar daños irreparables para la sociedad y la biodiversidad presente en los ecosistemas naturales argentinos, e integrantes de eco regiones a escala planetaria.
  • Anticipen las consecuencias del modelo actual vigente mediante acciones de mitigación y adaptación eficaces. Para evitar la continuidad de ese modelo de matriz destructiva, alentando el recambio tecnológico necesario para un desarrollo sostenible que pueda revertir la devastación, tragedia de la perdida de bienes naturales y especies irrecuperables para garantizar el equilibrio de los ecosistemas naturales.
  • Se arbitren medidas con control y participación ciudadana e intervención del Poder Jurisdiccional a fin de asegurar la vigencia efectiva de todas las leyes de presupuesto mínimos y el cumplimiento de aquellas por las jurisdicciones provinciales.
  • Asimismo se inste el urgente tratamiento de todos los proyectos de leyes de presupuesto mínimos en curso parlamentario.

La APDH también señaló: “Resulta crucial y categórico comprender que el modelo extractivo es, inevitablemente, un modelo que se sostiene en mecanismos delictivos en términos ambientales, daña la salud de las poblaciones, daña los bienes comunes, daña las relaciones sociales, genera desigualdad económica y favorece la concentración de la riqueza. En síntesis, hablamos de ecocidio, de un modelo que se sustenta a sí mismo en base a la destrucción de los territorios, sin principios humanistas, y que atenta contra la vida con el objeto de transferir riqueza a los países desarrollados”.

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Al mismo tiempo, la Asamblea instó al inmediato cumplimiento del Acuerdo Escazú, Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la Ciudad de Escazú (República de Costa Rica, aprobado por Ley 27566), la sanción de la Ley de Humedales, la derogación de la Ley de Inversiones Mineras.

 

Foto: Télam 

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