Redacción Canal Abierto | El Gobierno oficializó el llamado a audiencias públicas para aumentar las tarifas de servicios públicos. En el Boletín Oficial salió publicada la convocatoria de la Secretaría de Energía para los días 10, 11 y 12 de mayo en los que se debatirán los nuevos cuadros tarifarios para la provisión de gas natural el país y para el suministro eléctrico de las empresas Edenor y Edesur, que abarcan la ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano.

La propuesta oficial contempla una segmentación en la quita de subsidios. En el caso de quienes sean beneficiarios de la tarifa social no verán incrementos en la facturación de gas. Para los usuarios de electricidad en el AMBA se calcula un incremento del 6%. El 10% con mayor capacidad de pago dejará de recibir subsidios en ambos servicios. Para el universo restante los aumentos rondarán el 17% en el caso de la luz y el 21% en el caso del gas. Se espera que el nuevo cuadro tarifario comience a regir a partir del 1º de junio.

Consultado por Canal Abierto, el titular de Consumidores libres Héctor Polino dijo: “Como hemos visto en el pasado, estas audiencias constituyen una mera formalidad porque la decisión en realidad ya está tomada. Y nos parece que es un grave error político convocar a estas audiencias para establecer nuevos aumentos”.

Estos aumentos se dan en el contexto de altos números de inflación que se repiten mes a mes. Desde algunos sectores se teme que este cambio en los valores energéticos agudice esa situación. Polino sostuvo que “esto va a afectar a los usuarios cuando le lleguen las facturas que corresponden al consumo en su domicilio o el que vive en un edificio en propiedad horizontal y va a pagar también más caras las expensas por los aumentos que se producen en el consumo de energía eléctrica, que se utiliza para los ascensores, para los motores que llevan el agua a los tanques, para la iluminación de los pasillos comunes, etc.”.

“Pero además cuando el usuario, ya como consumidor, vaya un supermercado o un negocio barrial a comprar un determinado producto, lo va a pagar más caro porque al aumentarle las estructuras de costos a las industrias que elaboran los productos y a los comercios que los venden, éstos los van a trasladar a los precios y no siempre en la misma proporción. De modo tal que este proceso inflacionario que vive el país se acentuará sin duda después de la realización de estas audiencias públicas”, agregó.

Y resaltó que “esto va a disminuir la capacidad de compra y de consumo de esos sectores sociales, especialmente de los trabajadores, de aquellos que perciben el salario mínimo y de los jubilados, y también de aquellos que perciben la jubilación mínima que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país”.

Los índices de incrementos de precios superaron el 50% el año pasado, adicionados al 36% del 2020. En ninguno de esos años hubo incrementos tarifarios. ¿Por qué las tarifas no deberían aumentar en un contexto en el que todo lo demás lo hace?. Polino explicó que “las empresas tienen ganancias escandalosas. Habría que analizar la estructura de costos de la generación y lo que cuesta el transporte y distribución, por ejemplo de un metro cúbico de gas natural o de un kilovatio por hora de la energía eléctrica”.

“A estos servicios, el Gobierno como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se comprometió a reducir el monto de los subsidios, y el monto que el Estado piensa a reducir que se va a compensar a las empresas con un aumento en las tarifas que pagaremos los usuarios”, sintetizó.

Recibí más periodismo de este lado

Archivo historico