Redacción Canal Abierto | La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos en Ecuador presentó su informe preliminar. Allí denunció que hubo seis homicidios, 150 detenciones arbitrarias, secuestros, desapariciones temporales, torturas, tormentos, hostigamientos por razones étnicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en la represión de la protesta social en el marco del Paro Nacional.

La Misión se hizo presente en el lugar tras la invitación de la Alianza por los Derechos Humanos, organizaciones sociales y espacios sindicales con el objetivo de constatar in situ las vulneraciones denunciadas desde el inicio del paro el 12 de junio.

Entre el 25 y el 27 de junio, la misión humanitaria argentina –de la cual forma parte la CTA Autónoma- recabó testimonios y realizó entrevistas en la zona céntrica de Quito, principalmente La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del parque del arbolito; también en las parroquias San Antonio de Pichincha, Tarqui, Limoncocha, Molleturo y Loja; en las localidades de Cuenca, Santa Clara de Millán, San Vicente de Quito, Tola Grande del Valle de Tumbaco y La Togla; y en el Hospital Metropolitano.

El informe señala: “De los numerosos testimonios y denuncias recibidas y de la prueba recolectada y aportada por distintas plataformas de derechos humanos y organizaciones indígenas y/o sociales podemos dar cuenta de más de 150 detenciones arbitrarias, seis homicidios, secuestros, desapariciones temporales, torturas, tormentos, hostigamientos por razones étnicas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Existen testimonios que dan cuenta de amenazas a las víctimas para evitar que realicen denuncias”.

A su vez, la Misión expresó: “Los testimonios recogidos son desgarradores. Todos coinciden en destacar la violencia represiva desplegada y el ataque masivo sobre población civil indefensa. Las fuerzas de seguridad actuaron con vehemencia e impunidad en el ejercicio de la represión. Cumpliendo órdenes directas del Poder Ejecutivo, desplegaron intervenciones abusivas, excesivas y desproporcionadas, provocando graves lesiones, en algunos casos letales”.

Los miembros de la Misión enfatizaron además su preocupación por las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, quien habló este domingo en cadena nacional “ratificando su intención de criminalización y judicialización de la protesta social y la continuidad de la policía y las Fuerzas Armadas en las calles mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden”.

María José Cano, directora del Departamento de Derechos de Los Pueblos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTAA), e integrante de la Misión en Ecuador, remarcó: “No hay límites en el uso de la fuerza ante manifestantes que reclaman pacíficamente vivir de manera digna y no hay garantías para ejercer el derecho a la protesta. Se observa un plan sistemático para impedir la protesta y ejercer el derecho a la resistencia como establece la Constitución en Ecuador, siendo el mecanismo y la única respuesta estatal en el marco del paro nacional”.

Además, en el informe preliminar se arribó a las siguientes conclusiones:

  • El Estado ecuatoriano ha cometido delitos de lesa humanidad.
  • “El Estado ecuatoriano debe cesar, de inmediato, en la comisión de los crímenes de lesa humanidad y acabar con las prácticas impropias de un Estado de derecho.
  • “Las autoridades competentes del Estado ecuatoriano deben investigar y juzgar a los responsables de los delitos cometidos. Deben cesar, de inmediato, con las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social.
  • ● “El Estado ecuatoriano debe ser investigado, en las instancias internacionales pertinentes, porque, en el marco del Paro Nacional y, a través de sus fuerzas armadas y de seguridad, habría asesinado, torturado, lesionado la integridad física, perseguido, amenazado, intimidado y criminalizado a importantes sectores de la población civil. La criminalización y represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
  • “El Estado ecuatoriano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa, prácticas prohibidas (solamente inscriptas en la lógica bélica), disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal, ejecutando conductas brutales e inhumanas.
  • “El pueblo ecuatoriano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia”.

Te puede interesar: “Gravísimas violaciones de derechos humanos”: Contundente informe de la Misión Internacional en Ecuador

Al cierre de esta nota, el gobierno de Guillermo Lasso se comprometió ante la CONAIE a derogar el estado de excepción y bajar 15 centavos en total al precio de los combustibles subsidiados, a desarrollar diálogos para crear una política de focalización, a derogar el Decreto 95 de hidrocarburos y a reformar el Decreto 153 sobre explotación minera.

El grupo humanitario argentino está integrado por María José Cano (ATE Nacional y CTA Autónoma); Claudia Rocca (Asociación Argentina de Juristas); Juan Grabois (Patria Grande y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano); Pablo Garciarena (XUMEK Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos); Nicolás Tauber Sanz (LIBERPUEBLO); Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha); Alicia Montoya (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores); Melisa Gargarello (FOL).

Recibí más periodismo de este lado

Archivo historico