Redacción Canal Abierto | La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos integrada por dirigentes sociales y gremiales de Argentina emitió su segundo reporte en el que informa que “ha recabado dolorosos y desgarradores testimonios, de víctimas, familiares, vecinos de las comunidades y ciudadanos pacíficamente movilizados, que dan cuenta de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía Nacional en el marco del estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional”.

Ayer, el grupo recibió denuncias de pobladores de la Parroquia de San Antonio de Pichincha, de la Parroquia Tarqui, de la Parroquia de Limoncocha, de la Parroquia Molleturo, de Cuenca, de Loja y de Quito. El sábado, en la zona céntrica de Quito, principalmente La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del Parque del Arbolito, habían recogido declaraciones “de líderes y lideresas sociales, indígenas, organizaciones de mujeres, voluntarios de salud en los corredores humanos de paz, familiares de jóvenes indígenas fallecidos a manos de las fuerzas policiales, como así también recibimos numerosos elementos probatorios (imágenes y videos) que dan cuenta de la vulneración de diferentes derechos”.

“Del relato y la constatación de los hechos, podemos concluir que la utilización irregular de armas de disuasión como armas letales, es una práctica sistemática que se evidencia en la ejecución parte del personal policial al cuerpo de las personas en zonas vitales y a corta distancia”, aseguran.

María José Cano, de ATE y la CTA Autónoma, integrante de la Misión, describió: “Se observa un plan sistemático para impedir la protesta y ejercer el derecho a la resistencia como establece la constitución en Ecuador, siendo el mecanismo y la única respuesta estatal en el marco del Paro Nacional. Hay denominadores que así podrían indicarlo, como por ejemplo la actuación de la Policía Nacional y el Ejército en tándem y en ocasiones con colaboración de grupos civiles; la represión comienza sin mediar palabra con las personas que se encuentran manifestando pacíficamente o en un bloqueo, la utilización de gases lacrimógenos, munición anti-tumulto y proyectiles de plomo de manera horizontal y a la altura del tórax y la judicialización de líderes y lideresas sociales por luchar”.

Parte de los testimonios y los registros audiovisuale se pueden encontrar en las redes de la Misión Internacional: @DdhhMision (twitter) y misionddhhecuador/ (facebook)

Por su parte, el presidente Guillermo Lasso acaba de anunciar la criminalización de la dirigencia social, en violación de la carta magna nacional y los tratados internacionales.

El primer reporte de la Misión:

-5 personas asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal. En los casos registrados, las personas fallecidas muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo. Dichas víctimas son Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez, Jon Muenala.

-Detenciones arbitrarias. Más de 132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta. En muchos de estos casos dichas personas fueron imputadas luego por delitos tales como sabotaje, terrorismo o resistencia.
-Secuestro, persecución y planificación de atentados en contra de la integridad de líderes y lideresas indígenas y sociales.

-Violación al derecho a la protesta social.

-Violación a las garantías judiciales y acceso a la justicia de los ciudadanos (no recepción de denuncias en fiscalías, no investigación de oficio de hechos de violencia policial, entre otros).

-Negación de atención medica por las instituciones públicas de salud por motivos raciales y antiindigenistas.

-Violación a la integridad de las mujeres, evidenciando episodios de humillación, violencia verbal y simbólica.

-Violación a los derechos de niños y niñas. Especialmente en el marco de la represión de las movilizaciones, en las cuales las comunidades indígenas participan junto a sus hijos e hijas.

– Amenazas por parte de las fuerzas policiales al personal voluntario de salud en las zonas de paz.

– Ataques reiterados a las zonas de paz y de resguardo humanitario, poniendo en grave peligro a miles de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por parte de las fuerzas de seguridad durante la noche.

-Ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y anti-indigenista.

– Censura y bloqueo mediático de la información. Bloqueo del servicio de internet y redes sociales. Hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales. Intervención en cuentas personales y redes sociales personales. Cese del servicio de redes móviles.

Asimismo, la Misión ha recolectado información y testimonios que dan cuenta de 6 casos de desaparición de personas, las cuales se desconoce su paradero y que se encontraban participando en el marco de las movilizaciones.

“La represión ocurrida el día de ayer – viernes 24 de junio – es a todas luces un hecho planificado y premeditado, atento a la presencia de las fuerzas de seguridad apostadas en las inmediaciones de la Casa de la Cultura que esperaron la finalización del discurso presidencial para desatar el accionar represivo”, agrega el informe.

El grupo está integrado por María José Cano (ATE Nacional y CTA Autónoma); Claudia Rocca (Asociación Argentina de Juristas); Juan Grabois (Patria Grande y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano); Pablo Garciarena (XUMEK Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos); Nicolás Tauber Sanz (LIBERPUEBLO); Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha); Alicia Montoya (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores); Melisa Gargarello (FOL).

Entre los testimonios consignados en el segundo reporte se observan, además de los asesinatos y heridos por las fuerzas de seguridad, agresiones a mujeres y menores de edad, detención de abogados y ataques de grupos civiles con protección policial.

Lasso: 10 centavos de dólar para apagar un incendio
Mientras en la tarde del domingo la Asamblea Nacional reanudó el debate sobre el pedido de destitución del presidente de la República, poco después de las 22 horas del domingo, Guillermo Lasso envió un mensaje por cadena nacional.

Tras varias jornadas de debate legislativo –que ayer se prolongó hasta pasadas las 23 horas y se reanudará el martes a las 11–, se descuenta que esta falta de premura en un país convulsionado indica el escaso compromiso de los asambleístas con lo que pasa en las calles y el cantado fracaso de la iniciativa de la aplicar el artículo 130 de la Constitución, conocido como “muerte cruzada”.

Tranquilo, al menos con el frente parlamentario, el presidente volvió a dar un mensaje en el que recurrentemente amenaza y criminaliza a los manifestantes y a los líderes de la protesta, a la vez señala que su gobierno se compromete a resolver los puntos de la agenda planteados por la protesta.

“El día viernes tomamos medidas que permitieron que quienes se sintieron engañados por sus dirigentes regresen a sus respectivas comunidades”, fue el primer párrafo de su alocución, dejando clara la intención de dividir y debilitar a quienes ve como sus enemigos: los dirigentes indígenas y sociales que encabezan el paro, en particular Leónidas Iza. “Para los que no quieren dialogar no insistiremos pero tampoco podemos esperar para dar las respuestas que nuestros hermanos en todo el Ecuador tanto ansían”, explicó luego de referirse al levantamiento del estado de excepción.

“Asumimos el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de nuestros hermanos indígenas y campesinos con resultados reales para que nunca más pseudodirigentes los vuelvan a engañar”, remarcó Lasso.

“Este anuncio demuestra que la lucha del movimiento indígena, de otros sectores sociales organizados y de ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores del país está dando sus frutos”, sostuvo horas después la CONAIE en un comunicado. “El Gobierno siempre ha tenido en sus manos dar respuesta a los 10 puntos de agenda pero no tiene la voluntad política para dialogar y resolver; nuestro proceso de más de un año impulsando el diálogo y de estos 14 días en las calles no deja dudas que siempre hemos tenido razón y que la agenda es consistente”.

El anuncio más destacado fue la reducción de 10 centavos de dólar en el precio de los combustibles, considerada por todos los sectores como una medida escasa y sin garantías. Esta mañana, los taxistas quiteños tomaron las calles de la ciudad con largas caravanas de sus autos amarillos destacando la insuficiencia del anuncio y pidiendo la salida del presidente.

El gobierno también anunció aumentos en bonos de ayuda social, subsidios para insumos agrícolas y créditos a tasas del 1 al 5%.

“Para los que siguen con la violencia y causando terror, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y devolver a la ciudadanía a la tranquilidad”, insistió Lasso, destacando que “debemos volver a la normalidad”. La normalidad a la que hace referencia el mandatario se basa, según todos los indicadores  y las denuncias y reclamos de múltiples sectores, en el aumento del hambre, la pobreza y la concentración de la riqueza.

La CONAIE, que durante el fin de semana volvió a ocupar la Casa de la Cultura luego del violento desalojo del viernes y a marchar masivamente por las calles de Quito, destacó en su comunicado “nuestra lucha no cesa, ni tampoco el derecho a la resistencia, la protesta sigue vigente pese a las amenazas… seguimos firmes en nuestra convicción para que en Ecuador la vida digna no sea privilegio de unos pocos”. La misiva concluye señalando que evaluarán el anunció presidencial para definir el camino a seguir. “Hemos sufrido graves violaciones a los derechos humanos y la muerte de cinco hermanos, su muerte no quedará en la impunidad”.

Reporte2 Misiondepaz Junio2022

 

 

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