Redacción Canal Abierto | Este miércoles 3 de agosto se presentará públicamente el informe “Jujuy es Argentina”, que da cuenta de las violaciones a los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales en la Provincia de Jujuy relevadas en la tercera visita de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos.
Del 13 al 15 de julio, la Comisión, integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales y militantes sindicales receptó testimonios y denuncias de las más variadas violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Gerardo Morales.
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Canal Abierto pudo acceder al informe, y en el se destaca que en las tareas de relevamiento de vulneraciones a los Derechos Humanos en no menos de 58 casos, se recabó información por medio de entrevistas, testimonios orales y escritos y denuncias formales. “Dentro de todos los delitos cometidos por el Estado jujeño, con su correlato de vulneraciones concretas a los Derechos Humanos relevados, seleccionamos categorías por prevalencia de casos y gravedad institucional”, expresaron.
En ese sentido, señalaron los siguientes delitos:
- Allanamientos irregulares (7)
- Espionaje ilegal/infiltración (2)
- Violación a ley de inteligencia (1)
- Persecución política con armado de causas (2)
- Obstáculos a la debida defensa (3)
- Hostigamientos y persecución a la Organizaciones sociales, (2)
- Detención y torturas (7)
- La creación y utilización de un Código Contravencional orientado a la criminalización de la protesta social (9)
- Las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas (7)
- Despojo de tierras (17)
Y añadieron: “Los casos detallados son algunos de los innumerables relatos en los que se manifiesta la extrema violencia política, institucional y de género que atraviesa la cotidianidad jujeña y que permite dar cuenta, lisa y llanamente, de la ausencia del Estado de Derecho en Jujuy”.
Asimismo, la Comisión explicó: “De acuerdo a estándares internacionales, el testimonio de los integrantes de las organizaciones sociales y todas las víctimas en general, presentan no sólo graves violaciones a los Derechos Humanos, sino -entendemos nosotros-, una amenaza cierta y concreta a la vida democrática y la división republicana de poderes en la provincia de Jujuy y por ende en el país”.
Ante esta situación hicieron un llamado a las autoridades de los tres poderes a nivel federal a involucrarse de manera activa y urgente en la defensa de los derechos constitucionales y los derechos humanos de los jujeños y jujeñas, para salvaguardar su integridad física, libertades civiles y la vida política y social del pueblo jujeño.
En este sentido, también señalaron: “Creemos fundamental señalar que observamos un agravamiento en la situación general de los derechos civiles y humanos en la provincia desde la visita de la Comisión en 2021, y en particular en la persecución a sectores organizados, tanto quienes están siendo principalmente perseguidos y afectados son organizaciones sociales y comunidades indígenas, como también a los medios de comunicación alternativos y populares”.
La presentación de estos testimonios permite a los organismos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos hacer suya la prueba y activar por los canales legales e institucionales las denuncias respectivas, a fin de que los responsables de estas violaciones en la provincia de Jujuy “no queden impunes y las víctimas y familiares de las víctimas obtengan justicia frente a los hechos aberrantes que han sido descritos”.
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La presentación será el 3 de agosto a las 13 en el Congreso Nacional y contará con la presencia de diputados nacionales, militantes de Derechos Humanos y referentes políticos, sindicales y gremiales.
Antecedentes
Previo a la comunicación de los datos relevados, la Comisión hizo referencia al informe “Derechos Humanos en Jujuy. Una herida que sangra en la región”, elaborado en octubre de 2021, donde ya advertía que la persecución y encarcelamiento planificado de Milagro Sala el día 16 enero de 2016, marcaba un punto de inflexión en la provincia.
A su vez, recordaron que, apenas asumido, Morales en diciembre de 2015 reforma la ley orgánica del Poder Judicial. Modificó el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de cinco a nueve en sesiones extraordinarias de la Legislatura, “que paradójicamente dos de los diputados que levantaron la mano por la positiva, días después pasaron a jurar como jueces del máximo tribunal”.
Morales también sancionó la Ley 5895, creando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y “estableciendo allí, todas las facultades para la persecución penal y asegurándose de esta manera un poder judicial obediente a sus proyectos políticos y al servicio de los poderosos de la provincia que gobierna”.
Bajo esta línea, la Comisión destacó: “Luego de reconfigurada la justicia jujeña, el hostigamiento, la persecución y criminalización sobre luchadores y luchadoras populares, organizaciones sociales, políticas y sindicales, fue in crescendo al punto de lo absurdo e inconstitucional”.
Y finalizaron: “La sistemática persecución política y criminalización, los presos y presas políticas de Jujuy, la falta de poderes independientes en la provincia, conlleva a seguir afirmando que el Estado de Derecho no se encuentra vigente, ni está en condiciones de garantizar los derechos humanos del pueblo jujeño”.