Redacción Canal Abierto | El 6 de julio, bajo las órdenes de la Justicia jujeña, se realizaron 16 allanamientos en los que la policía provincial revolvió casas, comedores, merenderos y sedes de los movimientos sociales con la excusa de indagar en el reparto interno de los planes Potenciar Trabajo bajo la hipótesis de una supuesta “asociación ilícita”.

En esos procedimientos, las organizaciones sociales revelaron que el Poder Judicial le ordenó a las fuerzas de seguridad infiltrarse en sus filas para identificar a los principales referentes, según consta en el expediente, donde se los denomina “grupos de trabajo”. Las tareas de inteligencia se habían iniciado en la movilización del 1 de abril en el marco del discurso del gobernador Gerardo Morales en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.

Te puede interesar: Allanan a movimiento sociales en Jujuy: Para criminalizar a los pobres no hay grieta

Además de las órdenes de infiltración, hallaron fichas personales de casi 80 dirigentes con fotos, todo tipo de datos personales, desde con quién viven, sus cuentas bancarias, inmuebles e información del registro automotor.

La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos -que relevó los casos de violencia institucional el Bolivia, Ecuador y Colombia-, integrada por militantes de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales, se hizo eco de la situación y llevó adelante tareas de relevamiento de vulneraciones a los Derechos Humanos en no menos de 58 casos, de los cuales se recabó información por medio de entrevistas, testimonios orales y escritos y/o denuncias formales.

En esta oportunidad, viajaron a Jujuy representantes de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; María José Cano de ATE-CTA Nacional; la diputada del Frente Patria Grande Natalia Zaracho; Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza; Lisa Cabral, abogada del MTE, entre otros.

El relevamiento se llevó a cabo del 13 al 15 de julio y dentro de todos los delitos cometidos por el Estado Jujeño, con su correlato de vulneraciones concretas a los Derechos Humanos relevados, seleccionaron cuatro categorías por prevalencia de casos y gravedad institucional.

Te puede interesar: Dirigentes detenidos en Jujuy: “Morales no quiere quedarse afuera del consenso del garrote”

“En ese marco, consideramos necesario especificar cuál es el marco normativo tanto nacional como internacional que se está violando. Esos delitos, a nuestro criterio son: a) Allanamientos irregulares, b) Espionaje ilegal/infiltración, c) Violación a ley de inteligencia, d) Persecución política con armado de causas, e) Obstáculos a la debida defensa, f) Hostigamientos y persecución a las Organizaciones sociales, g) Detenciones y torturas, g) la creación y utilización de un Código Contravencional orientado a la criminalización de la protesta social, h) Violación a los derechos de los pueblos indígenas, i) Despojo de tierras”, señalaron.

La Comisión además solicitó reuniones con funcionarios estatales responsables de áreas sensibles que tienen relación con las denuncias, y también con integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En ese marco, los recibió el Fiscal Diego Funes quien instruye la causa dónde se ordenaron los 16 allanamientos. A la causa luego pudieron acceder los abogados de la Comisión y descubrieron que la misma comenzó a solicitud del propio fiscal que solicita personal a la policía para que “se constituya sobre los lugares dónde se reúnen organizaciones sociales, a los fines de individualizar a los referentes de cada organización como así también individualizar a cada persona de los distintos grupos sociales que se encuentren tomando asistencia o realizando anotaciones con respecto a la cantidad de personas que participan de esa organización, por lo que siendo las horas 08:00 se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas Organizaciones”.

“También nos reunimos con el ministro de Seguridad, comandante mayor Luis Alberto Martín, a quien le trasmitimos diversos casos sumamente preocupantes en cuanto al uso excesivo de la fuerza, infiltraciones e inteligencia, torturas y demás situaciones por parte de policías y Servicio penitenciario. Se comprometió a investigar internamente”, informaron desde la Comisión.

Y agregaron: “Además de estas circunstancias, en base a todas las denuncias recibidas, emerge que el Poder Judicial jujeño y el MPA está funcionando de manera absolutamente irregular, siempre en un sentido que favorece al Poder Ejecutivo provincial”.

Recibí más periodismo de este lado

Archivo historico