Redacción Canal Abierto | Con los recientes cambios en el Gabinete y un Ministerio de Economía superpoderoso, las incógnitas sobre el plan económico del Gobierno en el futuro inmediato se acumulan. El momento político y la puja distributiva, además, plantean que los aciertos y desaciertos en esa área son decisivos también para el futuro mediato de un Frente de Todos convulsionado.

De cara a pensar la crisis y en el tramo que queda pendiente hasta las elecciones, el reciente informe titulado Terreno en disputa del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) plantea que el Gobierno hoy tiene tres salidas posibles a la corrida cambiaria: “tratar de administrarla y llegar, plantarse mano a mano o reorganizar el frente con un programa de estabilización heterodoxo”.

En ese punto, los economistas del equipo de investigación consideran lo más “factible” avanzar en un plan de estabilización heterodoxo “para atacar la inercia inflacionaria”. “Dado lo crítico que llegó a ser el problema inflacionario, un programa de estabilización es la única chance política que le queda al oficialismo, si quiere continuar siéndolo después de 2023”, sentencian.

 

La sangría de dólares

Los datos muestran una coyuntura complicada: una inflación más alta que la previa al shock de la guerra en Ucrania y una correa de transmisión más directa entre los tipos de cambio paralelos y los precios.

En efecto, pese a que el tipo de cambio oficial se incrementó un 4,5% durante julio, la inflación de ese mes se calcula que fue casi del doble. Por cuatro meses consecutivos, los precios vienen creciendo por encima del 5% mensual.

En esa línea, desde el CESO aseguran que un plan de estas características también requiere de un saldo comercial positivo “para disponer de los dólares para el pago de los servicios, los intereses de deuda, el turismo, el ahorro y los pagos de deuda” —ya que las altas importaciones de energía seguirán por lo menos hasta septiembre—, mientras que un Banco Central sin reservas es “terreno fértil para maniobras especulativas”.

“La inconclusa tarea de diversificar las exportaciones hace que a la hora de necesitar divisas, los exportadores agropecuarios sigan teniendo la capacidad de poner contra las cuerdas a un gobierno, independientemente de su afinidad política con el oficialismo de turno”, aseguran desde el Centro. Y sostienen que la estrategia de adelantar retenciones en agosto “es costosa en reservas porque le permite a los exportadores acceder a dólares a $240 por el 30% del valor exportado”.

De acuerdo con los datos aportados por el informe de coyuntura de julio del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el país tuvo una sangría de reservas de 2.615 millones de dólares en lo que va del mandato de Alberto Fernández. “La mitad de divisas generadas fueron apropiadadas por el sector privado para pagar sus deudas o para constituir activos externos (fuga)”, detallan.

 

Frenar la inflación

Sin nuevas exportaciones en el horizonte, y con mucha burocracia e incertidumbre para atraer turismo, para los economistas del CESO se trata de “administrar las distintas fuentes de demanda de dólares”. En esa línea, aseguran que “una recesión generalizada es costoso innecesariamente en términos de empleo e ingresos”.

Por eso proponen lanzar un congelamiento de precios, dólar y tarifas por un período corto de 3 o 6 meses, “logrando una estabilidad precaria de precios que pueda proyectarse a través de una paritaria en salario real, alquileres indexados al momento del congelamiento y un desagio de las tasas de interés”.

Esto, afirman, le permitiría al Gobierno mostrar capacidad de encauzar la puja distributiva y obtener una mejora de los ingresos populares que se están licuando por la alta inflación, pese a que las partidas para los programas sociales actualmente triplican en términos reales las que se hicieron en promedio de 2013 a 2017. “La política social es mucho más activa por lo que queda pendiente modificar un precio relativo central en la economía: el salario”, detallan desde el CESO.

Por su parte, desde el MATE resaltan que hay una “notable ausencia” de política de recomposición de ingresos en beneficio de la clase trabajadora, en especial “de aquella sin representación sindical o de los sectores con menor poder de fuego y salarios formales que orillan el mínimo legal”.

Entre 2007 y 2015, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se mantuvo en un nivel cercano a los $66.000 (en pesos actuales). Con el gobierno de Mauricio Macri, éste se derrumbó hasta un valor equivalente a los $47.000.

“Sin nuevos aumentos y por el efecto de la inflación en lo que queda del año, el SMVM tendrá un valor actual promedio de $40.000: 13% por debajo del dejado por Macri —aseguran desde MATE—. Por la aceleración de los precios, los salarios en 2022 no recuperaron nada de lo perdido durante los dos primeros años de mandato del Frente de Todos. Las y los informales fueron quienes más perdieron, secundados por el personal del sector público”.

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