Redacción Canal Abierto | En mayo de 2022, el Congreso nacional sancionó la ley de Regulación y Fomento del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial que en su articulado promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
Te puede interesar: Es ley la regulación y el fomento del cannabis medicinal y el cáñamo industrial
Ocho meses después, el Gobierno nacional avanzó en el primer paso del proceso de reglamentación con el lanzamiento de Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis para uso Medicinal (ARICCAME). Ésta será la responsable de regular y fiscalizarla actividad de toda la cadena de producción de la industria.
La Arriccame es un organismo descentralizado que actúa bajo la órbita del Ministerio de Economía. En este sentido, durante el lanzamiento, Sergio Massa se refirió al beneficio económico de esta ley: “Poner en marcha a la Agencia significa iniciar una nueva industria en la Argentina. Una industria que tiene 25.000 aplicaciones distintas. Una industria que nos va a permitir agregar valor en la cosmética, en lo textil, en el petróleo, en una innumerable cantidad de sectores económicos en la Argentina y del mundo”.
El decreto que lleva la firma de Alberto Fernández, Juan Manzur y Sergio Massa, designa a Francisco José Echarren, actual intendente de Castelli, como presidente; al médico Marcelo Morante como vice; y a Gabriel Giménez, Valeria Rudoy y Mercedes La Gioiosa como el resto de los integrantes del Directorio.
Al mismo tiempo, el texto convoca a las provincias a presentar representantes del Consejo Federal para que tengan una participación activa en el otorgamiento de las licencias para producir, dando más detalles de las funciones y obligaciones de los miembros nombrados.
“Nuestro país tiene claras ventajas comparativas para el desarrollo del Cannabis Medicinal e Industrial, al contar con importantes capacidades científicas y tecnológicas en materia agrícola, propicias condiciones climáticas y de suelo, así como una extensa red de laboratorios que se han mostrado interesados en investigar las propiedades y aplicaciones del cannabis”, reza el decreto.
Por otra parte, como ya lo había manifestado al momento del debate el Ministerio de Desarrollo Productivo, la reglamentación y puesta en marcha de esta ley traería consigo la creación de 10.000 nuevos empleos y generaría US$ 500 millones en ventas al mercado interno y US$50 millones de exportación anuales hacia el 2025.