Redacción Canal Abierto | Producto de la inflación, en los últimos tiempos la economía argentina se llenó de ceros, al punto en que cualquier cifra se torna inmensurable. Tal es el caso de una porción de la estafa energética con que el Estado beneficiará a las gasíferas durante el bienio 2018-2019: 125 mil millones (125.000.000.000) de pesos se llevarán las gasíferas en “compensación” por la devaluación y subsidios a la extracción adicional de gas natural.

En primer lugar, y para tomar noción de lo que representa dicha erogación, se trata del equivalente a casi tres veces el presupuesto para 2019 en Ciencia y Técnica (46 mil millones) y poco menos de la partida total que el Gobierno nacional pretende asignar a Salud (149 mil millones) el año que viene.

Cabe aclarar que la ganancia extraordinaria de 125 mil millones de pesos no incluye los ingresos percibidos, y a recaudar, producto del abono tarifario durante 2018 y 2019. Desde la asunción de Mauricio Macri hasta inicios de este año, el aumento promedio en las facturas de gas para los usuarios fue en promedio de 1195%. Es más, desde el 1 de octubre de 2018 rige un nuevo aumento promedio del 35% para todos los usuarios de gas.

La polémica estalló días atrás luego del anuncio del secretario de Energía, Javier Iguacel, de un tarifazo extra por el cual los usuarios deberán transferir a las empresas distribuidoras de gas unos 10 mil millones en 24 cuotas mensuales con interés. Amparándose en una ley de 1992 que determina que las diferencias de precios deben trasladarse a los usuarios en semestres futuros, el Gobierno agachó nuevamente la cabeza ante los empresarios, a quienes aseguró lo que no a los trabajadores: una jugosa contención frente a una devaluación del dólar de mas del 100% en pocas semanas.

Las distribuidoras (por ejemplo, Metrogas) compran el gas a las productoras (por ejemplo, YPF). Al mismo tiempo, el precio en pesos que deben cobrar las distribuidoras a los usuarios se modifica dos veces por año -abril y octubre- con la realización de audiencias públicas. El problema aquí surge cuando el precio que pagaron las distribuidoras a las productoras es distinto al que deben pagar los usuarios por el gas.

La resolución que firmó Iguacel ya fue judicializada, e incluso sufrió la resistencia de opositores y cercanos al macrismo. Ejemplo de ello fue la propuesta de la propia UCR -una de las patas de la tripartita coalición Cambiemos- para dejar sin efecto la medida.

A todo esto se suma otra estafa, la del precio que el Gobierno asegura a las empresas exractoras de gas. “El “nuevo” gas no convencional de Vaca Muerta en la cuenca neuquina y otras explotaciones en la cuenca marina austral y en el norte de Santa Cruz, reciben remuneraciones por el gas extraído que se ubican entre los u$s 5 y u$s 7,5 por millón de btu, la unidad de medida mundialmente utilizada”, explica un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) que conduce Claudio Lozano y tiene como especialista en energía a Gustavo Lahoud. “Estos números resuenan cada vez más fuerte en los oídos de todos los ciudadanos argentinos, más aún cuando el mismo Javier Iguacel, afirma que la mayor oferta de gas natural y la evolución favorable de los costos de explotación, permite que el “negocio” sea rentable con números que se ubican entre u$s 3,7 y u$s 4 por millón de btu”, agrega el estudio.

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