Redacción Canal Abierto | La Ley de Presupuesto que el Gobierno intentará aprobar en las próximas semanas vaticina un 2019 con una retracción económica del 0,5%, una inflación del 23% y un dólar promedio a 40,10 pesos.

Pero más allá de estas generalidades, son varios los puntos a considerar de cara a una de las batallas legislativas del año, y foco de las protestas que protagonizarán organizaciones sociales y sindicales, entre ellas una vigilia de la CTA Autónoma que arrancará esta noche frente al Congreso e incluirá una movilización mañana.

A grandes rasgos -y para tomar noción de cuáles son las prioridades de Cambiemos- el año próximo se prevé que de cada $100 pesos, se destinarán casi $30 al pago de la deuda, mientras $16 tienen por objeto la Seguridad Social, $9 a Educación y Cultura, $6 a Salud, $2 a Ciencia y Técnica y poco más de $1 a Vivienda.

Inflación

El 2018 se inició con una meta de inflación de entre 10% y 12%, según las proyecciones del Banco Central a cargo del ex titular, Federico Sturzenegger. Luego, en la célebre conferencia de diciembre de 2017, la entidad elevó la meta a 15%. Aunque en su última estimación no oficial el Gobierno sostuvo una fantasiosa pauta del 40% para este año, nadie calcula que baje del 45%.

A grandes rasgos, y aunque resulte inverosímil una baja en las expectativas inflacionarias, el ministro de Hacienda insistió: “Proyectamos una desaceleración de la inflación durante 2019, luego del shock inflacionario de los últimos meses de 2018”.

Dólar

Algo similar ocurre con el dólar: lejos de la proyección oficial en torno a los 40,10 pesos promedio, la tensión cambiaria de los últimos meses promete una divisa en alza para los próximos meses, aunque impredecible para lo que respecta a 2019.

Menos subsidios = más tarifazos

Como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno empieza a diseñar un plan de ajuste y recortes que le permita alcanzar el tan anunciado déficit 0.

Por otra parte, el rubro de gasto que mostrará una mayor disminución absoluta serán los subsidios económicos, en los cuales se gastarán $ 287.302 millones, 6,9% menos que en 2018, donde se destacan los destinados al sector transporte (-18,1%).

A su vez, los gastos de capital alcanzarán $ 215.033 millones y mostrarán un caída de 7,2% anual. Esto se traducirá en más tarifazos y trasferencia de subsidios a las provincias, y menos inversión pública.

La deuda como prioridad

La estimación de la relación Deuda/PBI, del orden del 87%, es un duro reconocimiento para la gestión actual (que han anticipado distintos centros de economía y consultoras bajo la crítica oficial). Pero además es un dato que a diciembre 2018 muy posiblemente se encuentre subestimado. Según fuentes alternativas, como la UMET, hoy el peso de la deuda sobre PBI supera el 100%. Asimismo, si el tipo de cambio se modifica, el peso de la deuda se vería incrementado, tal como sucedió recientemente.

“Este Presupuesto 2019 es un dibujo escandaloso donde los números carecen de consistencia y sólo persigue un objetivo: el pago de los intereses de la deuda. Cualquier economista serio reconoce que es un plan de destrucción de la economía para pagar a los acreedores”, explicó diálogo con Canal Abierto Claudio Katz, docente de la UBA, investigador del CONICET y una de las figuras del colectivo Economistas De Izquierda.

De hecho, el pago de la deuda representará una 22,7% de todos los incrementos en términos absolutos que prevé el Gobierno para 2019.

Menos recursos ministeriales

Incluso si se toma como verosímil la pauta inflacionaria del 23%, en comparación con 2018, los ministerios más afectados serían Transporte (-50,6%), Interior y Obras Públicas (-3,3%), Jefatura de Gabinete de Ministros (-10,9%), Hacienda (-16,2%), Producción y Trabajo (-11,7%) y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (0,6%). También sufriría una reducción la partida para el Poder Legislativo Nacional que, respecto del año pasado, recibirá -3,5%.

Las provincias, cada vez más complicadas

Durante la presentación del proyecto, Dujovne aclaró que “las transferencias corrientes a las provincias serán por $ 81.633 millones, y mostrarán una caída de 17,5% anual, producto de que una parte de las transferencias por compensaciones del Consenso Fiscal no estará en 2019”.

Ingresos dibujados

Es quizás esta la falacia más audaz del Presupuesto 2019. Es decir, que en un contexto de recesión económica, caída del PBI y probablemente del empleo, el Gobierno plantee una por demás positiva recaudación. Según Dujovne, siempre con comparación con 2018, el Estado argentino percibirá suba por IVA (31,6%), aportes y contribuciones a la seguridad social (30,8%), bienes personales (69,4%), derechos de exportación (201,2%), derechos de importación (46,9%) e ingresos de capital –inversión privada o toma de deuda- (524%).

Asignaciones, planes y subsidios, a la baja

Según el proyecto, las jubilaciones crecerían a 37,6%. Esto parece muy lógico con una estimación de la movilidad, entre 33 y 37%. Considerando la evolución del REM del Banco Central la inflación entre julio de 2018 y junio de 2019 podría alcanzar de 37,65%, y es el periodo de inflación que se aplica para la actualización jubilatoria de enero a diciembre de 2019. Sin embargo, llama la atención la evolución de la Asignación Universal para Protección Social, que se incrementa en sólo 20,4%, es decir por debajo de la inflación, pero además lo hace de manera diferente respecto de las jubilaciones, cuando todo debería crecer según la misma fórmula de movilidad.

Los gastos para planes como Argentina Trabaja, Progresar y otros solo crecen 14,6%, es decir, muy por debajo de la inflación.

Más aún, el proyecto de ley del Presupuesto 2019 también contempla que un conjunto importante de partidas del área social, que verifican aumentos en términos de financiamiento, éstos evolucionan por debajo de la inflación determinando caídas reales. Cabe destacar en este sentido, el programa de Seguro de desempleo (-18,2%), el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-20%), Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social (-3,5%), Apoyo al empleo (-10,9%), atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas (-10,3%), programas destinados a la protección de los derechos de los niños y adolescentes (-18,2%) y de la mujer a través del INAM (-8,3%), entre muchas otras partidas que reflejan sensibles caídas.

Salarios que caen

Un informe reciente del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma revela que en comparación con el cuarto trimestre de 2017, a esta altura del año la pérdida del poder adquisitivo sería de entre el 10% y el 17% en promedio. No obstante, los sectores más afectados hasta aquí fueron la industria de la alimentación y la administración pública nacional, con caídas interanuales del 17%. Por el contrario, comercio y sanidad registran una caída del 10%.

Si la comparación se realiza con el cuarto trimestre de 2015, los mayores retrocesos son en la industria textil y en la administración pública nacional, con caídas del 25% en términos reales, mientras que comercio y sanidad vuelven a registrar las menores caídas, en torno al 13%. Aquí también se destaca la evolución de algunas actividades como transporte automotor de cargas (camioneros) e industria metalúrgica (UOM), que registran caídas acumuladas en tres años cercanas al 20%.

En el Presupuesto oficial para 2019, los salarios de la administración pública, por pedido del FMI, deberán aumentar el 8%. Con inflación prevista en 23%, podría significar una pérdida de poder adquisitivo superior al 10%.

Mayor discrecionalidad para endeudar

Uno de los temas ríspidos y que es tema de negociación por estas horas es la habilitación al Poder Ejecutivo a reestructurar deuda sin pasar por el Congreso. El artículo 75 de la Constitución Nacional pone en cabeza del Congreso arreglar el pago de la deuda. Sin embargo, la Ley de Administración Financiera, en su artículo 65, establece una excepción: el Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de reestructuración “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. “La interpretación mayoritaria de ese texto es que deben cumplirse al menos dos de los tres requisitos mencionados”, explica el Centro de Economía Política (CEPA) en un informe. Pero el artículo 53 del Presupuesto 2019 modifica el artículo anterior y lo cambia por otro, en el que el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar estas operaciones “atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero”.

“La propuesta revela que desde el Gobierno se está pensando en recurrir a reestructuraciones de deuda (…), y el nuevo articulado permite suponer que las condiciones de esa reestructuración no favorecerán a la Argentina”, sostiene el informe.

 

  • FUENTES: Centro de Economía Política (CEPA), Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP), Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, INDEC. 

 

El mapa legislativo
El minuto a minuto de cara al tratamiento en Diputados del proyecto oficial de Presupuesto es cambiante y todavía depende de negociaciones personales y corporativas de último momento.

Aunque resulte temerario realizar un mapeo legislativo, a esta hora el interbloque Cambiemos (107 diputados) contaría con el respaldo de entre 28 y 33 voluntades extrapartidarias, entre las que se incluyen diputados de distintos peronistas provinciales y otros oficialismos locales como el Movimiento Popular Neuquino.

Hasta el momento, quienes expresaron su posicionamiento en contra fueron los diputados del Frente para la Victoria,  el flamante interbloque Red Por Argentina (Movimiento Evita mas aquellos que se abrieron del espacio que conduce Sergio Massa), el Frente de Izquierda, el PJ puntano de los Rodríguez Saa, tres peronistas con monobloques, un sector de quienes se continúan en el Frente Renovador, y otros justicialistas.

Lo cierto es que a esta altura, hay más certezas que certidumbres. Y todo pareciera indicar que los interrogantes continuarán hasta minutos antes de la votación.

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