Redacción Canal Abierto | Hace más de nueve semanas que Chubut es un hervidero: pago de salarios adeudados y en cuotas, una obra social diezmada, cortes de ruta, aulas vacías, una tragedia vial que desató la bronca popular y un dinero que sigue sin aparecer.

Sumado al paro nacional que por estas horas protagonizan docentes de todo el país en solidaridad con sus pares patagónicos, la crisis escaló al punto en que distintos sectores políticos reclaman la renuncia del gobernador Arcioni. Incluso se especuló con esa posibilidad ante la convocatoria a una conferencia de prensa. Sin embargo, el mandatario se limitó a anunciar un día de asueto y dos de duelo por las 2 docentes que murieron en la ruta al volver de una protesta en reclamo de sueldos adeudados.

Por estos días, muchos se preguntan cómo la primera productora de crudo del país -más incluso que Neuquén, pago de Vaca Muerta- y beneficiaria de cuantiosas regalías petroleras no cuenta con el dinero suficiente para hacer frente al pago de salarios.

Es que si bien este año Chubut recibirá por esta vía unos 24.000 millones de pesos (unos 405 millones de dólares al cambio actual), la provincia no estuvo exenta del festival de endeudamiento público en moneda extranjera característico de la era Macri. De hecho, el debe de aproximadamente de 1.000 millones de dólares convierte al distrito en el de mayores compromisos crediticios per cápita del país.

De esta manera, el nivel de endeudamiento en moneda extranjera terminó dejando a la provincia en un lugar de exposición fuerte, sobre todo frente a cualquier movimiento cambiario. Sólo en 2019 acumula vencimientos por 162,3 millones de dólares que, al tipo de cambio actual, representa casi 10.000 millones de pesos.

Así, la brutal devaluación del último año y medio, a la vez que incrementó los ingresos petroleros, también disparó las obligaciones. En diciembre de 2015, el stock de pasivos de Chubut, según datos de la Subsecretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, era de 7.427 millones de pesos, mientras que para el primer trimestre de este año ya llegaba a los 40.518 millones de pesos, es decir un incremento del 445 por ciento.

“Las provincias petroleras tienen como primer ingreso el 12% de lo producido en boca de pozo, y después están los impuestos asociados y otras variables, como la capacidad de las empresas para deducir ingresos brutos o ganancias, o bien ingresar en esquemas promocionales para gozar de alguna devolución de impuestos. Pero en líneas generales, de todo lo extraído las provincias se llevan en promedio un 15% y nación un 20%”, explica Gustavo Lahoud, especialista en energía del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

En todo lo que es la producción de la cadena de valor, la sumatoria de lo que los estados se llevan -a través de regalías, impuestos y la fuerte presencia de YPF-  es de entre un 35% y un 40% de la renta petrolera. “La estatización parcial de YPF mejoró un escenario que venía muy inclinado para un sólo lado; pero al observar otros casos, como el del Estado boliviano que capta el 85% de la torta o el de Noruego con más del 50%, te das cuentas que todavía estamos lejos”, asegura Lahoud.

A todo esto, y más allá de estos ingresos petroleros extraordinarios, la cantidad de dinero que “derraman” las petroleras en las arcas de nación y provincias surge de las declaraciones juradas de las mismas. Es decir que -al igual que sucede con la mega minería- son las grandes multinacionales las que dicen cuánto es lo que extraen y, por lo tanto, cuánto lo que deben pagar. “Es un mecanismo instalado en los 90´, durante el menemismo, que nunca se revisó” -detalla Lahoud- “no es que el Estado no tenga capacidad de realizar un control volumétrico de lo que se extrae, es que el Gobierno elige confiar en el operador”.

Según el estudio de CIMA a diciembre de 2016, había registrados 42.413 empleados públicos, un 1,6% más que el mismo período del año anterior. A su vez, la masa salarial creció 113% entre junio de 2019 y el mismo mes del año anterior (pasó de 1.748 millones de pesos a 3724 millones), porcentaje que supera por mucho a la inflación patagónica calculada por el Indec para ese período, que fue del 57%.

En definitiva, y aunque Cambiemos se esfuerce por resaltar la irresponsable promesa electoral de aumento salarial para el conjunto de los estatales, lo cierto es que la deuda contraída por Arcioni y sus predecesores sigue siendo el gran lastre que devino en la actual crisis. Cualquier parecido con la situación nacional, no es pura coincidencia.

 

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