Redacción Canal Abierto | “Esto es una persecución de la Policía Federal propiciada, indicada, permitida o vaya saber qué más por parte de las autoridades del Gobierno. Esto dicho por comentarios que he escuchado sobre mi persona de parte de Patricia Bullrich, y por declaraciones públicas de (el secretario de Seguridad, Gerardo) Milman, quien salió a decir que yo era el principal sospechoso de este hecho delictivo”. Las declaraciones de Javier Smaldone enmarcan una situación que comenzó la semana pasada, cuando un allanamiento lo tomó por sorpresa.

La policía ingresó al domicilio en el que el especialista en seguridad informática se encontraba, en la Ciudad de Buenos Aires, incautó sus herramientas de trabajo –celulares, discos, computadoras y pendrives– y lo llevó detenido.

Durante cinco horas, el técnico -conocido por su militancia contra el voto electrónico y sus denuncias sobre la vulnerabilidad del sistema de escrutinio provisto por Smartmatic y contratado por el Gobierno-  estuvo demorado en la División Delitos Informáticos de la Policía Federal. La causa que motivó el despliegue policial, según el Ministerio de Seguridad, consiste en una supuesta vinculación de Smaldone con La Gorra Leaks, cuenta responsable de haber hackeado y filtrado archivos secretos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad en 2017.

Ayer, el programador presentó una declaración al juez Luis Rodríguez donde sostiene: “la investigación muestra como dato significativo, de un modo evidente, manifiesto, notorio y ostensible, la intención de vincularme con estos episodios”. Y le pide al magistrado que declare nulo el procedimiento y que le devuelvan sus cosas en el estado en que se las llevaron.

Luego, en diálogo con Canal Abierto, afirmó: “En el inicio se me pone como sospechoso de participar de un hackeo en 2017, cuando en esa causa no sólo no estuve imputado sino que además fui testigo. Espero que el juez, atento a esto, vea las pruebas y evidencia, recapacite y concluya que todo lo actuado por parte de la Policía fue completamente ilegal. Incluido el allanamiento que él mismo autorizó, pero en base a una mentira”.

¿Cuáles son las pruebas o indicios que presenta la Policía Federal para vincularte a La Gorra Leaks? ¿Cómo lo demuestran?

-No lo hacen. Sólo le dicen al juez que yo soy uno de los responsables. El comisario firma, y el juez no se molestó en chequear si era cierto. La Policía le podría haber dicho que maté a Kennedy, por ejemplo. Le pedí al juez que vaya y vea el expediente de la causa que ya se elevó a juicio oral para ver dónde fui encontrado culpable o responsable.

¿Qué alegan para permitir que te investiguen?

-Hay una vía de investigación que involucra a gente que está vinculada con el hecho delictivo, y que tiene relación entre sí. Y a mí se me investiga, pero en ningún momento se me vincula con el hecho ni con esa gente.

Lo único que encuentran es que vivo en la misma provincia que los sospechosos, donde viven otros tres millones de personas. Ni siquiera en la misma ciudad. Que viajé a la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, tres meses antes del hecho delictivo. Fui como observador electoral –designado por Porder Ciudadano- porque allí se probaba un sistema informático, una suerte de prueba piloto. Y, en tercer lugar, que yo estaba en Buenos Aires a unos 200 o 300 metros –en una de las zonas más pobladas y de mayor actividad comercial del país- de donde se compró un celular que se usó para cometer el delito.

Esto es todo lo que tienen. Claramente está todo forzado, y evidencia que me han estado siguiendo e investigando como a nadie, al punto de pedir medidas de prueba que a otros no piden. Por ejemplo, información sobre mi cuenta de Whatsapp y la tarjeta SUBE, o la instalación de cámaras de vigilancia frente al domicilio donde viven mis hijos en Río Cuarto.

¿Qué razones crees que puede haber para esta persecución que denuncias?

-Esa es la duda que tengo y lo que pido al juez que investigue.

¿Podría estar vinculada a tus denuncias sobre las vulnerabilidades del nuevo sistema electoral que el Gobierno le compró a Smartmatic?

-Eso es lo único que puedo pensar. Tengo 45 años y en mi vida jamás estuve envuelto en un problema con ninguna fuerza policial. Nunca estuve mencionado en ninguna causa penal. Ahora, casualmente cuando sale a la luz mi oposición a un proyecto del Gobierno, pasan estas cosas.

¿Dentro de la causa figuran tuits tuyos con comentarios políticos?

-Hay todo un informe de unas treinta páginas en el que la Policía Federal se dedica a barrer mis tuits para ver con quién hablo, sobre qué temas, etc. Lo que ellos llaman “ciberpatrullaje” y realmente es hilarante. Las conclusiones y conjeturas que hacen, todo el tiempo intentando relacionarme. Por ejemplo, que una vez le respondí un tuit a uno de los sospechosos.

Pero vos tenés un montón de seguidores y sos de responder… 

-Sí. Imaginate que responderle un tuit a alguien o hacer un chiste en redes no puede significar nada. Eso es una persecución y denota claramente la animosidad. Esto es otra cosa, no es una investigación policial, no están tratando de resolver un hecho delictivo.

 

Curiosamente, casi al mismo tiempo que Smaldone era demorado en dependencias policiales, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, instaba a la justicia penal a investigar las presuntas maniobras que envolvieron a la contratación de Smartmatic, la empresa venezolana que estuvo a cargo del escrutinio  provisorio en las PASO y lo estará en las elecciones que ocurrirán el próximo 27 de septiembre.

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