Redacción Canal Abierto | “Lo que se hizo con la deuda fue un desastre”, fueron las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán en la conferencia de prensa en que anunció el proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Externa que este miércoles obtuvo media sanción en Diputados.

Al jurar al frente del Ejecutivo el 10 de diciembre pasado, Alberto Fernández asumió como tarea central y urgente la negociación con representantes del organismo internacional y bonistas privados para evitar un default.

A partir de entonces, el Gobierno viene jugando todas sus cartas para encontrar una solución a una problemática que no es nueva para la Argentina, pero que se vio profundizada en el último tiempo. En efecto, durante el macrismo la carga de la deuda sobre la economía casi se duplicó, pasando del 52,6% en 2015 al 91,7% en el 2019. “Nos endeudaron de manera irresponsable y en tiempo récord”, reconocen en el Frente de Todos.

Sin embargo, dicho proceso no es exclusivo a nivel nacional, una situación que evidencia la crisis de pagos que viene atravesando la administración bonaerense de Axel Kiciloff. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que en los primeros tres años de la gestión Cambiemos las provincias incrementaron sus deudas un 542%. El panorama para los distritos es aún más grave producto del déficit fiscal provocado por la caída de la recaudación y de la actividad económica.

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Aunque todavía resta la media sanción del Senado, el proyecto aprobado hoy en Diputados busca facultar al Ministerio de Economía para realizar canjes o reestructuraciones. Se trata de una prueba más de la “voluntad de pago, aunque con prioridades” expresada por Alberto Fernández en numerosas oportunidades.

Si bien en una primera instancia Juntos por el Cambio no había firmado dictamen del proyecto, las negociaciones con el oficialismo resultaron en el acompañamiento macrista a la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda. Si algo refleja esta llamativa convergencia fueron las palabras de la diputada nacional  “Lilita” Carrió: “El presidente está facultado, lo que nosotros tenemos que dar es una fuerza conjunta nacional al ministro de economía, que hoy está en Washington. Hay momentos en los que hay que estar unidos”.

Y aunque el respaldo se haya presentado a cambio de la creación de una mesa de trabajo para abordar el endeudamiento de las provincias, son otras las razones detrás del visto bueno cambiemita.

Es que la normativa echaría por tierra cualquier posible estrategia de impugnación, suspensión o auditoría de los compromisos suscriptos ante organismos internacionales y bonistas privados. En definitiva, estamos hablando de una legalización de un endeudamiento que, a todas luces, está plagado de irregularidades.

Una muestra de ello es la presentación de un amparo en agosto de 2018 por parte de Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y hoy integrante del directorio del Banco Nación, y Jonatan Baliviezo, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, con el objetivo de declarar la nulidad absoluta del acuerdo firmado entre el Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En los argumentos del pedido se detallaba que se trata de una medida “inconstitucional y violatoria de los derechos de los ciudadanos a la participación en la dirección de los asuntos públicos”. Según el escrito, este acuerdo “se refiere a un tipo de empréstito en dónde el FMI evalúa periódicamente el desarrollo de las variables macroeconómicas para continuar con los desembolsos, para asegurarse así el reembolso de los fondos, aunque quien se adjudica la mayor responsabilidad es el deudor”. “Un acuerdo de este estilo, en tanto presenta riesgos a los que se puede llegar cuando se pierde soberanía en las decisiones de Estado, necesariamente deben ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación”, sostenían.

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Por entonces, también radicaron una denuncia penal, que recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, al haber evitado someter el acuerdo al debate parlamentario”.

Sin ir más lejos, y en paralelo al tratamiento del proyecto en Diputados, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y Nora Cortiñas encabezaban el lanzamiento de la campaña nacional por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda. “Si queremos terminar con él hambre tenemos que terminar con esta situación económica”, lanzó frente al Congreso la madre de Plaza de Mayo.

“Todo indica que la estrategia va a ser la postergación de los pagos, es decir, patear para adelante las obligaciones, sin quita. Esto es complicado porque significa que los costos van a seguir pesando sobre la nueva administración, pero también las venideras. De hecho, excepto en las quitas de 2005 y 2010, es lo que ha hecho siempre la Argentina, desde la dictadura hasta hoy”, explicó en una entrevista a Canal Abierto el investigador y especialista en deuda externa Alejandro Olmos Gaona. “En este momento, el tema de las obligaciones es extremadamente complicado, a lo que se suma una situación de quebranto del Banco Central. Salvo que Martín Guzmán sea mago, no veo otra opción que no sea postergar los pagos. Otra cosa que no veo es que vayan a impulsar una acción de responsabilidad por haber contratado estos préstamos de manera irresponsable”.

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En definitiva, mientras el Gobierno nacional hace equilibrio para enfrentar el mayor de los lastres económicos heredados de la gestión anterior, el macrismo aprovecha para prestar su apoyo a lo que sería una legitimación del desastre. En un resultado que evidencia la falta de soberanía producto del endeudamiento, la pelota pareciera estar en manos de los bonistas y en una posible intransigencia en una futura negociación. Sólo ante este escenario el Frente de Todos podría animarse -obligado por las circunstancias- a dar el salto y cuestionar esa espada de Damocles que llaman deuda.

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