Redacción Canal Abierto | La idea sobre las oportunidades que acuñan las crisis podría bien aplicarse a las virulentas intensiones del sector más rancio de la economía de Argentina expresadas en las últimas semanas con respecto a la posibilidad de construir una salida a la crisis que generaron la epidemia del macrismo y el virus que transmite el SARS COV-2.

Una serie de acontecimientos recientes confirmaron lo que nadie necesitaba confirmar: que a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por contemplar a todos los sectores en su plan post pandemia, el gran empresariado no estaría dispuesto a diseñar un horizonte de reactivación productiva, fortalecimiento del consumo y el mercado interno y creación de puestos de trabajo a partir de un acuerdo sustentable con los acreedores de deuda externa.

El primer capítulo de la eterna saga se dio el 9 de julio, cuando Alberto Fernández compartió el acto patrio con los representantes del “Grupo de los 6”, Miguel Acevedo y Carolina Castro (Unión Industrial Argentina), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Eduardo Eurnekian (Cámara Argentina de Comercio), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Néstor Szczech (Cámara Argentina de la Construcción) y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina); junto a Héctor Daer de la CGT.

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El encuentro fue duramente cuestionado por un abanico muy amplio de espacios, que empezó por la propia vicepresidenta de la Nación, que retuiteó un artículo periodístico crítico de la estrategia presidencial. Luego, la semana pasada el jefe de Estado intentó balancear su imagen y se rodeó de pymes y sindicatos para anunciar el lanzamiento de la cuarta etapa de los ATP que ayudan empresas golpeadas por la cuarentena.

Días pasados, las corporaciones reunidas en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la cúpula de la CGT se reunieron y firmaron un comunicado en el que rechazaron implícitamente las ideas de la Casa Rosada para negociar la deuda y reiniciar el crecimiento del empleo en un futuro inmediato.

Jaime Campos, presidente de AEA; Luis Pagani (Arcor); Paolo Rocca (Organización Techint); Héctor Magnetto (Grupo Clarín); Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó); Carlos Miguens (Grupo Miguens); José Cartellone (José Cartellone Construcciones Civiles); Cristiano Rattazzi (FCA Argentina); Federico Braun (La Anónima); Alberto Grimoldi (Grimoldi); Enrique Cristofani (Santander); Eduardo Elsztain (IRSA); Marcelo Argüelles (Sidus); Alberto Hojman (BGH); Jorge Aufiero (Medicus); Norberto Morita (Southern Cross Group); David Lacroze (Grupo Lacroze); Jorge Ferioli (San Jorge Emprendimientos); Marcos Galperin (Mercado Libre); Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group); María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud); Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc) acordaron con Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UPCN); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA) y Antonio Caló (UOM), un texto que reclama baja de impuestos y arreglar de cualquier manera con los fondos de inversiones que tienen títulos de deuda Argentina, y que pone en primer plano al sector privado como garante de soluciones, desconociendo el rol del Estado.

Foto: Infobae

Como para reducir el exceso de cipayismo que incluyó la declaración conjunta inicial, pocas horas después tanto la tradicional central obrera como cenáculo de poderosos millonarios salieron a pedir que los holdings acepten la oferta diseñada por Martín Guzman.

Un dato que sustenta las posiciones conservadoras habituales del establishment fue señalado por Alfredo Zaiat en Página/12: “Los titulares y sus empresas son también acreedores al poseer bonos de deuda”

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Inmediatamente, las críticas se hicieron oír. Desde adentro, Palazzo y Moyano fustigaron a la mesa chica cegetista.

Desde afuera, dirigentes de la CTA Autónoma se pronunciaron en favor del camino elegido por el gobierno nacional y en contra de la reunión entre caudillos gremiales y los patrones.

El primero en desmarcarse fue Ricardo Peidro, titular de la central. “Huele a reforma laboral”, dijo el visitador médico en una entrevista en Canal Abierto Radio.  “Son los mismos que empujan a la flexibilización laboral, a mantener la desigualdad del sistema en nuestro país, los que sostuvieron al gobierno de Macri cuando el pueblo resistía y los responsables de la fuga de capitales más grande la historia”, agregó

Más adelante, el economista Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, señaló: “Cuando uno lee el comunicado que firmó la conducción de la CGT y la AEA, encuentra un fuerte discurso anti público, izando la iniciativa privada como si fuera la que nos va a sacar de esta crisis”.

En los últimos minutos, el Adjunto de la central autónoma, Hugo Cachorro Godoy, disparó un extenso análisis  en el que destaca que “en las últimas semanas los grupos económicos han reinstalado el discurso de la inflación como temor social y del capital privado como garantía de salida del país, cuyo intento es inhabilitar al Estado como motor fundamental de la actividad productiva, y por consiguiente, la recuperación del mercado interno, el consumo, el fortalecimiento de los trabajadores y de las pymes como posibilidad de salida de la crisis”.

“Hemos apoyado las medidas que tomó el gobierno para enfrentar los efectos económicos de la pandemia que han consistido en transferencias de recursos a personas y empresas, sosteniendo las mismas en base a la emisión de moneda por parte del BCRA”, explicó el titular de ATE.

Sin embargo, “a fin de justificar las políticas restrictivas en el orden salarial como con los y las trabajadoras del Estado, se argumentó que continuar con la emisión derivaría en consecuencias inflacionarias. Días atrás, los cuatro ex ministros de Economía, Roque Fernández, Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy y José Luis Machinea y luego la propia AEA, con el respaldo de la cúpula de la CGT, se encolumnaron bajo la misma advertencia y recomendaron achicar el gasto público a fin de limitar la emisión monetaria”, continuó.

En ese marco, Godoy recordó que “la gestión macrista bajo la vigencia del acuerdo tutelado por el FMI aplicó, hasta su desastre electoral en las PASO, una política de severa restricción monetaria y vivimos saltos inflacionarios cercanos al 50%. En una economía con alto grado de transnacionalización como la nuestra, lo que se debe discutir es cuál es el destino de esa emisión. Es necesario desarmar un sistema de formadores de precios oligopolizados que busca mantener sus márgenes o atenuar caídas, trasladando las consecuencias sobre el conjunto de la población”.

“En definitiva, si con una emisión totalmente restringida superamos tasas interanuales de más del 50% de inflación, y hoy con una emisión distendida la tasa ubica en un 41%, queda en claro que la relación no es emisión-precio sino emisión-especulación”, advirtió.

Y recordó que “esta ofensiva de los grupos económicos también se produjo para impedir el avance en la intervención y expropiación de Vicentin para seguir sosteniendo esas prácticas especulativas, de fuga de capitales y evasión de impuestos”.

Finalmente, el dirigente estatal sostuvo que “este poder económico pretende que todo siga como antes del 10 de diciembre, pero es fundamental que el Estado modifique la matriz productiva y una justa distribución de la riqueza. Hay que disputar contra la embestida de los grupos económicos

 

Ilustración: Marcelo Spotti

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