Redacción Canal Abierto | El 31 de julio pasado el presidente Alberto Fernández derogó el decreto DNU 522/2020, firmado en el mes de junio, que ordenaba la intervención de la empresa Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre de 2019 había entrado en cesación de pagos.
La marcha atrás se enmarca en una serie de reveses políticos y judiciales en torno a la medida, como fue la pretendida -y finalmente trunca- “propuesta superadora” del gobernador Omar Perotti. En el medio, la oposición supo sacar provecho al calor de una furibunda campaña mediática que supo atizar el fantasma sobre una supuesta “chavización” del Gobierno.
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«El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», argumentó el Presidente, al realizar el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter.
En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores.
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
En el mismo sentido, el mandatario sostuvo que su intención fue «siempre rescatar a la empresa, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo» y que la «obligación» del Estado es que se «investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».
“Más allá de la estafa cometida por Vicentin en perjuicio del Estado y productores, necesitamos certidumbre para los miles de trabajadores”, señaló en diálogo con Canal Abierto el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, Daniel Yofra.
En relación a distintas versiones sobre supuestas estrategias alternativas en para avanzar por otras vías con la intervención, el dirigente gremial contó: “quizás tienen un as debajo de la manga, pero lo desconocemos. De hecho, a nosotros tampoco nos consultaron cuando se anunció la intervención y expropiación, el 8 de junio. Como trabajadores del sector, salimos a defender la iniciativa porque creemos importante la intervención del Estado en situaciones como esta, y no por ser partidarios de este Gobierno”.
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Hace poco menos de un mes, trabajadores aceiteros y un amplio abanico de organizaciones sindicales y sociales se movilizaron en defensa de las fuentes laborales en riesgo de la empresa Vicentin y en respaldo a la estrategia del Gobierno nacional. “El DNU plantea que los trabajadores no apoyaban la medida, y eso no es verdad. No se qué tenemos que hacer para demostrar que estamos a favor de la intervención, ¿tirarnos al Rio Paraná?”, lanzó Yofra.
Ante la consulta sobre cuáles fueron -a su entender- los factores que llevaron a esta marcha atrás con el proyecto de expropiación, el sindicalista sostuvo: “ojalá no haya sido la presión mediática y la decisión tenga un sustento serio porque”.
“Sería terrible que un Gobierno, a seis meses de haber ganado las elecciones por paliza, se deje llevar por la presión mediática. Me parece que no debería dejarse manejar por sentimentalismos ni verse forzado por un sector con intereses muy claros. Y acá no estamos hablando de la defensa de la propiedad privada, sino del riesgo a la exposición de un montón de desaguisados que lleva adelante todo el sector cerealero -y no sólo Vicentin-, con la triangulación y otras maniobras fraudulentas”.
“Nuestro respaldo a la intervención no es por una convicción idealista, sino porque creemos que es lo mejor y mas seguro para la continuidad laboral”, sentenció.
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Foto: @alberti_sofi