Redacción Canal Abierto | La investigación que en enero impulsaron las autoridades del Banco Nación sobre Vicentin desnudó una trama secreta de fraudes que hoy por hoy debilita -y en algunos casos, fulmina- las finanzas de 2.638 productores, acopiadores, corredores, bancos, empresas competidoras, de servicios varios y organismos del Estado.

En base a dicha información, y ante un peligro cierto de vaciamiento patronal, días atrás Alberto Fernández anunció la intervención y el envío de un proyecto para expropiar la cerealera más grande del país.

Sin embargo, al entusiasmo y respaldo inicial de buena parte del campo popular, pequeño y mediano empresario e incluso agropecuario le siguió la esperable respuesta abroquelada de los históricos defensores de la sacrosanta propiedad privada. Rápidamente, medios de comunicación hegemónicos y trols atizaron el fantasma de una “chavización” en marcha, instalando en sectores de la clase medio la idea tan potente como absurda del “hoy vienen por Vicentin, mañana por mi pisito en San Bernardo”.

Además de los grandes diarios argentinos, la entente de corte liberal cosechó los esperables apoyos de la oposición cambiemita y el Poder Judicial. El primer contra ataque tuvo lugar el pasado 19 de junio, cuando el juez Fabián Lorenzini (el mismo que está a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC) resolvió reponer al frente de la conducción de Vicentin al Directorio encabezado por Sergio Nardelli. El magistrado, no obstante, prefirió ser cauto a la hora de tomar posición respecto del pedido de inconstitucionalidad de la anunciada intervención.

Si bien esa misma noche Alberto Fernández ratificaba su primer iniciativa -“no hay marcha atrás, el Estado se va a hacer cargo de la empresa por la herramienta posible”, dijo-, crecía en paralelo una alternativa morigerada -o “amigable”- para con el empresariado.

El plan delineado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti -que figura en el pedido de intervención que presentó en el juzgado de Reconquista- plantea el apartamiento del directorio de Vicentin del manejo de la empresa. El texto presentado por el Ejecutivo provincial asegura que los directivos «son quienes condujeron a la agroexportadora al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso».

Un informe elaborado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano analiza la composición de los $99.345 millones de deuda sujeta a concurso preventivo. A la cabeza del ranking de acreedores se encuentran 37 entidades financieras ($63.962 millones), y entre los más afectados -por lejos- los bancos públicos: Banco Nación, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Ciudad y Provincia, por citar sólo algunos.

A grandes rasgos, el gobernador pidió al magistrado «desplazar, por vía de la intervención, a los actuales miembros del órgano de administración «. Según trascendió, el objetivo a mediano plazo del “Plan Perotti” es avanzar hacia un acuerdo para convertir a la cerealera en una empresa “nacional mixta” con una intervención tripartita, compuesta por los dos interventores designados por el gobierno nacional, Gabriel Delgado y Luciano Zariach, y uno por la provincia, que recae en la figura de Alejandro Bento, un hombre del círculo cercano del gobernador.

La sola idea de una derrota política del kirchnerismo llevó a los grandes medios y a Juntos por el Cambio a celebrar la propuesta alternativa. Fue luego del rechazo por parte de los CEOs de Vicentin que los adalides del liberalismo pusieron un nuevo grito en el cielo por los potenciales perjuicios empresariales.

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Por otra parte, el sindicato de aceiteros y otros gremios del sector presentaron en el juzgado de Lorenzini un petitorio para que se dé lugar el pedido de intervención judicial presentado por el Gobierno de Santa Fe. «Más allá de la presión mediática y las manifestaciones, se mezclaron dos cosas como si fueran la misma, la intervención y la expropiación. Para mí lo más importante y lo más urgente era y sigue siendo la intervención, ¿por qué? Porque le tenés que sacar a los tipos la gestión de la empresa y evitar que se produzca un vaciamiento total», señaló en las últimas horas a Página 12 el economista Sergio Arelovich, docente de la Universidad Nacional de Rosario y asesor de la Federación Aceitera.

“Hoy lo relevante es que la empresa no se caiga, que no vaya a la quiebra, y para eso va a ser clave la intervención”, afirmó Arelovich.

¿Una propuesta a futuro?

La realidad es que el “Plan Perotti” sólo apunta hasta que se resuelva el proceso judicial del Concurso de acreedores pedido por la empresa Vicentin, y que tiene el mes de septiembre como una primera fecha tope.

No obstante, del sinfín de irregularidades planteados por la directora de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, María Victoria Stratta, se desprendería la imposibilidad de una posterior salida en favor de los empresarios que vaciaron Vicentin.

En la presentación de la propuesta, la Inspectora General de Personas Jurídicas de Santa Fe detalla como fundamento un entramado de sociedades vinculadas a Vicentin que cambiaron de nombre y recibieron capital, con sede en Uruguay («el verdadero centro de control», para el gobierno santafesino): Vicentin Paraguay, Vicentin Europa y Vicentin Brasil. Esas empresas están constituidas por integrantes del directorio de la empresa con sede en Santa Fe.

Lo cierto es que hay una gran expectativa por el pronunciamiento de la Justicia sobre la propuesta de Omar Perotti, que podría darse en las próximas horas. En caso de resultar en favor del gobernador, habrá que ver qué margen de maniobra tendrán los interventores del Estado para impedir el vaciamiento que desde hace años vienen realizando los Vicentin y compañía.

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