Desde las elecciones de octubre de 2019 y la injerencia de la OEA, pasando por los abusos y masacres del Gobierno de facto, hasta la contundente victoria de Luis Arce. Una cronología del proceso que demostró por qué ya no hay lugar para golpes de Estado en América Latina.

Redacción Canal Abierto | La trama política, económica y social detrás del golpe de Estado de 2019 en Bolivia hunde sus raíces en lo más profundo de la historia, no sólo del país andino o el Movimiento Al Socialismo (MAS) sino del continente.

El proceso que termina con la destitución del presidente boliviano comienza inmediatamente culminadas las elecciones del 20 de octubre, en las que Evo Morales gana en primera vuelta con el 47,08% de los votos.

Esa mismo noche -entre movilizaciones y un escrutinio que se presentaba demasiado lento- desde la oposición salen a presionar y agitar el fantasma del fraude. ¿El objetivo? Deslegitimar unos resultados que ya entreveían adversos.

El 21 de octubre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) otorga el 46,4% de los votos a Morales, contra un 37,07% para el el expresidente (2003-2005) Carlos Mesa, con el 95,63% del conteo realizado. Aunque amplia, la brecha todavía no alcanzaba los 10 puntos necesarios para evitar una segunda vuelta.

A partir de entonces, la crisis política no hace más que recrudecer, en buena medida fruto de una injerencia internacional encabezada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina.

El 25 de octubre se dan a conocer los resultados que declaran oficialmente ganador a Evo Morales. En medio de movilizaciones e incidentes protagonizados por ambos bandos, el líder cruceño Luis Fernando Camacho se erige como el rostro más visible y radicalizado de la oposición. Llama al ejército y la policía a “ponerse del lado de la gente” y le pide la renuncia al presidente. Morales llama a las fuerzas armadas a “servir al pueblo boliviano” manteniéndose cerca de su gobierno.

A partir del 6 de noviembre la derecha continúa con las acciones desestabilizadoras: en Vinto, prenden fuego el edificio municipal y obligan a la alcaldesa Patricia Arce Guzman (MAS) a caminar descalza por el pueblo, cubierta de pintura roja, bajo insultos y amenazas. Se suceden los amotinamientos policiales en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.

Días más tarde, entre movilizaciones de apoyo y en contra, Morales anuncia por la mañana que convocará a “nuevas elecciones nacionales que, mediante el voto, permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente nuevas autoridades”.

Entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de noviembre de 2019 Bolivia sufre un golpe de Estado cívico-militar que la oposición intenta vestir de “renuncia voluntaria” y “abandono del poder”. A partir de entonces, las autoridades de facto no dudan en lanzar una furibunda persecución contra el MAS que termina en la proscripción de sus principales líderes, incluido el Presidente.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard confirma que Evo Morales acepta la propuesta de asilo político que López Obrador le había ofrecido horas atrás. Ante el riesgo sobre su integridad física y luego de que un grupo entrara y dañara su vivienda, el mandatario de Bolivia no tiene otra opción que abandonar su tierra. Tras un primero paso por la nación azteca, luego viaja hacia Argentina.

Mientras, el desboque persecutorio en Bolivia alcanza hasta a funcionarios y diplomáticos de México y España en La Paz, quienes aseguran sentirse amenazados por el sólo hecho de haber prestado asistencia humanitaria a aquellos militantes acosados por milicias y militares de facto.

El 13 de noviembre, tras horas de acefalia institucional, la senadora Jeanine Añez  -sin quórum y violando la Constitución Política del Estado- asume la presidencia de forma “interina”.

Por entonces, a la retórica racista y anti indigenista de la otrora oposición boliviana, se suma la amenaza de quema de los más de 30 mil libros de la casa del vicepresidente Álvaro García Linera.

Luego vendría la firma de un decreto supremo para inmunizar la acción represiva de las Fuerzas Armadas. Las masacres de Sacaba y Senkata son la peor muestra de aquella orden: la represión conjunta de militares y policías deja 37 muertos y evidencia las gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Desde entonces, son varios los retrocesos democráticos: entre otros puntos, la ampliación del mandato de Añez, el cual en principio expiraba el 22 de enero y que por decisión del Tribunal Constitucional se extiende hasta la instalación del nuevo gobierno electo.

A los pocos meses, se encienden varias alertas respecto al retroceso en materia económica y social que se habrían producido de la mano del gobierno de facto. “Todo está en riesgo con el gobierno de Áñez y la política neoliberal que se está implementando en Bolivia”, plantea el ex ministro de Economía y por entonces candidato a Presidente, Luis Arce, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires junto a Evo Morales.

El 23 de julio, el TSE anuncia una nueva postergación de los comicios hasta el 18 de octubre. Una eventual segunda vuelta se celebraría el 29 de noviembre.

El 7 de septiembre, la Sala Constitucional Segunda de la Corte de La Paz ratifica que Evo Morales no puede ser candidato a primer senador por la región de Cochabamba, tras una estratagema legal construida por del Gobierno de facto.

Díez días más tarde, Áñez declina su candidatura y asegura que su decisión es para “cuidar la democracia” y ante el riesgo de que el MAS gane la elección por la “división del voto democrático”.

Bajo el título “Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, Octubre-Diciembre 2019”, la Defensoría del Pueblo de Bolivia presenta un exhaustivo informe de 313 páginas donde denuncia masacres, torturas, detenciones arbitrarias y otros ataques perpetrados por la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público contra la ciudadanía.

Las elecciones del 18 de octubre cierran con un 55,1 % de los votos a favor del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS). Con más de 20 puntos por encima de su competidor, Carlos Mesa (28,83%), Luis Arce Catacora se convertía en presidente electo de Bolivia.

Entre el domingo y la mañana del lunes 19, la victoria del MAS había sido reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra. Incluso el gobierno de Estados Unidos felicita  tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.

Por estas horas, Evo Morales prepara su regreso a Bolivia con una caravana de unos 1100 kilómetros, hasta llegar al aeropuerto de Chimoré el 11 de noviembre. “El 11 salí de Chimoré para salvar la vida y el 11 volveré con vida a Chimoré”, asegura el líder del MAS. 

En principio, el domingo 8 de noviembre está prevista la asunción de las autoridades elegidas por el voto popular. Así, a casi un año del golpe de Estado, Bolivia retorna a la senda democrática de la que nunca debió salirse.

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