Redacción Canal Abierto | “Con este discurso vengo a darle a mi palabra el valor del compromiso. Vengo a contarles, según lo entiendo, en que lugar estamos parados como sociedad. Cuáles son los riesgos que nos acechan y cuáles las fortalezas a las que podemos recurrir para poder avanzar. Y también vengo a proponerles iniciar una marcha que nos permita salir de la postración y ponernos en rumbo del crecimiento con justicia social”. Así comenzaba Alberto Fernández su intervención durante la apertura de sesiones del Congreso el 1 de marzo 2020.
En los siguientes 80 minutos, el mandatario entrelazaría su diagnóstico económico, político y social de la Argentina con el anuncio de medidas y proyectos prioritarios de su gestión. Deuda externa, lucha contra el hambre, reforma judicial y de los servicios de inteligencia, legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y retenciones al campo fueron algunos de los ejes centrales.
A un año de aquel discurso, un balance de las promesas cumplidas, las iniciativas truncas y los resultados de una gestión signada por pandemia.
Deuda externa
“Debemos enfrentar una deuda pública récord en monto y concentración temporal de vencimientos. Sólo en 2020 los vencimientos de capital representan 48.968 millones de dólares. A ello deberíamos adicionarle 14.838 millones de dólares en concepto de intereses de esa deuda”, puntualizó aquel día el Presidente.
Lo cierto es que en mayo de 2020 el lastre total de la deuda externa argentina ascendía a casi 324.000 millones de dólares, lo que representa cerca del 90% del Producto Bruto Interno (PBI).
El canje del 99% de los bonos en manos privadas (más de 65.000 millones de dólares) anunciado en septiembre de 2020 fue el hito económico más festejado por la Casa Rosada.
Fruto del acuerdo stand by suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri, nuestro país todavía le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI) casi 52.000 millones de U$S. Según lo estipulado por el organismo, la cancelación del crédito debía empezar este año y continuar hasta 2024. Aunque aún no hay información oficial al respecto, es un hecho que el ministro Martín Guzmán viene encabezando negociaciones a contra reloj. Todo esto pese al reclamo desde numerosos espacios cercanos al Frente de Todos de desconocer el crédito y denunciar las condiciones en que fue otorgado. Sobre esta última cuestión, el propio FMI acaba de anunciar que un equipo de su staff técnico está preparando un informe autocrítico sobre el programa financiero fallido firmado con nuestro país en 2018.
Industria, empleo y salario
Aunque ahondó en otras cuestiones relativas a las paralización de la obra pública y los efectos negativos de los incentivos de los mecanismos de especulación por sobre los productivos heredados, Fernández resumió: “La desocupación trepó al 9,7 %, destruyendo más de 240.000 empleos privados entre 2015 y 2019. La industria instalada registra un nivel de capacidad ociosa que roza el 40 %. Llevamos 19 meses consecutivos de caída de la actividad industrial. Nuestro país, hace dos años que está sumido en una recesión profunda”.
Todos los indicadores económicos del último año resultan demoledores para la actual gestión, algo que es necesario matizar por al paso destructivo de una pandemia que paralizó numerosas actividades durante varios meses y, en algunos casos, todo el período.
El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que acaba de difundir el Indec muestra que la economía argentina se hundió 10% en 2020, lo que representa la peor caída anual desde 2002. Este índice es un anticipo de la variación del PBI que el Indec publicará el próximo 23 de marzo.
El salario real medido por el RIPTE (Ministerio de Trabajo) volvió a caer en diciembre pasado y en el año perdió un 1%. En comparación con 2015, en promedio retrocedió un 23,7%. En términos reales, el Salario Mínimo, Vital y Móvil cayó un 9% durante 2020, y en los últimos tres años acumula un retroceso del 29% (ya está en niveles del 2004).
Si bien el INDEC informó que la tasa de desocupación creció del 10,4% al 13,1% (el guarismo más alto observado desde el 2004), numerosas consultoras advierten que el próximo índice oficial incluso podría dar un fuerte salto. Ello se explica en que dichos datos todavía se corresponden con las fases más duras del ASPO, cuando muchas personas ni siquiera salían en busca de empleo y eran registradas como inactivas y no como desempleadas. A su vez, el mercado laboral sufrió una fuerte precarización en el sector formal.
Como respuesta a esta debacle económica y erosión del poder adquisitivo, el Gobierno mantuvo un congelamiento de tarifas e instrumentó una serie de acciones y transferencias monetarias que lograron mitigar el impacto: en concreto, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) representaron, en los meses de mayo, junio, julio y agosto, una erogación de $323.750 millones. Se calcula que entre subsidios e inversiones, en 2020 el Estado argentino terminé desembolsando una cifra más abultada aún: $ 870.000 millones.
Lucha contra el hambre
“La lucha contra el hambre es nuestra prioridad, porque comer no puede ser un privilegio”, enfatizó el mandatario el 1 de marzo de 2020.
Si bien es cierto que -frente a la crítica situación social- de entrada se tomaron medidas como la Tarjeta Alimentar, un incremento salarial mínimo y uniforme para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, bonos de 4 mil pesos para los estatales con remuneraciones inferiores a 60.000 pesos y de 5 mil para jubilados, los coletazos de la pandemia afectaron fuertemente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Según datos de INDEC, en el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 40,9% de la población (18,5 millones de argentinos), y la indigencia al 10,5% (4,7 millones).
Para el primer semestre del 2021, el ingreso total familiar mensual promedio de los hogares pobres fue de 25.759 pesos (unos 320 dólares al tipo de cambio oficial), mientras que la canasta básica alcanzó 43.785 pesos (unos 545 dólares), una brecha del 41,2%, según el INDEC.
Interrupción voluntaria del embarazo
En su discurso, Alberto Fernández hizo fuerte hincapié en la injusta e ineficiente normativa por entonces vigente en relación al aborto y prometió el envío inmediato (luego dilatado por la pandemia) de una iniciativa al Congreso.
“Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que estos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud”, planteó en relación a dos proyectos que finalmente fueron aprobados por el Poder Legislativo: la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el denominado Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas.
Educación y Ciencia
“Educar, educar y educar para que haya futuro”, celebraba el Presidente el inicio del ciclo lectivo 2020 que -en la mayoría de los distritos- arrancaba justo al día siguiente a la apertura de sesiones. Lo que no podía saber el mandatario era que tan sólo 15 días más tarde las aulas iban a estar vacías, y que así permanecerían el resto del año.
Tras una reivindicación de la tarea docentes, y en particular del rol de la educación pública, Fernández anticipó el proyecto que el Senado acaba de convertir en ley para aumentar los recursos al área de la ciencia y la tecnología, del actual 0,28% del PBI al 1% en 2032. En la misma línea, y en contraposición a la gestión Cambiemos, cabe destacar el incremento de los ingresos al CONICET.
Fue en aquellas línea que nació la celebre diferenciación entre “un gobierno de científicos, no de CEOS”.
Campo y retenciones
“Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos. Nos hemos ocupado de mejorar las condiciones para que los productores del campo tengan un más fácil acceso al crédito. Hemos cuidado que el precio de los combustibles no los afecte tampoco. Una divisa estabilizada ayuda mucho a la hora de comprar insumos. Partiendo de alli, y queriendo preservar el mejor desarrollo del campo, hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones en la que solo se incrementa uno de un total de veinticinco cultivos que hoy están afectados por esos derechos”. El tono conciliador inicial para con el sector nacional más rico y competitivo en el mercado nacional se iría diluyendo con el correr de los meses, entre idas y vueltas en los gravámenes de retenciones.
Una de las primeras medidas del Frente de Todos fue la marcha atrás en la decisión macrista de fijar una alícuota de 12% para todos los bienes exportables con un tope de 4 pesos por cada dólar de base imponible.
La sanción -a fines de diciembre de 2019- de la Ley de Solidaridad autorizó elevar la alícuota hasta 33% para la oleaginosa, lo que terminaría ocurriendo a comienzos de marzo de 2020. En tanto, para el trigo, el maíz y el sorgo quedaron en 12%, pero con margen para que suban a 15%.
Sobre marchas y contramarchas -quizás uno de los sellos de la actual gestión-, es imposible no mencionar el escándalo Vicentin, uno de los pasos en falso que más debilitó la autoridad presidencial y terminó sirviendo en bandeja una victoria simbólica para la oposición.
Luego, a comienzos de octubre, en un intento por impulsar una liquidación de divisas que calmara la fuerte tensión cambiaria, el Ministerio de Economía anunció un sendero de reducción de las retenciones para la soja y sus derivados. No obstante, el anzuelo tuvo poco éxito.
En los últimos meses, la fuerte suba en los precios de productos de primera necesidad y que cotizan a la alza en el mercado internacional volvió a tensar la relación con el sector. “Si el campo no entiende, voy a subir las retenciones y establecer cupos a la exportación”, amenazó Fernández, quien a los pocos días recibió a la Mesa de Enlace en un gesto conciliador.
Reforma judicial y de los servicios de inteligencia
El mejoramiento de la Justicia fue uno de los pilares sobre el que el presidente Alberto Fernández montó su modelo de Gobierno, tal como lo expresó en su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa, luego materializado en un proyecto de ley para la reforma judicial enviado al Congreso y que ya cuenta con media sanción y en la creación de un comité de expertos que ya le presentó al mandatario sus recomendaciones para encarar cambios de fondo en el Poder Judicial.
Entre las sugerencias realizadas por el Consejo figura la sanción de una ley orgánica que regule el funcionamiento de la Corte Suprema, además de distintas alternativas sobre tribunales intermedios que podrían generarse para descongestionar de causas al máximo tribunal.
Respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, recomendó ampliar y equilibrar las representaciones en el organismo, que sus miembros cumplan mandatos de cuatro años sin reelección consecutiva y que sus designaciones sean sometidas a audiencias públicas.
El proyecto de reforma apunta -entre otras cosas- a la unificación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, la creación de 23 juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, y la instrumentación del Código Procesal Penal Federal, que incluye el nuevo sistema acusatorio, con un rol más activo de los fiscales.