Redacción Canal Abierto | El crecimiento exponencial que la curva de contagios de coronavirus experimentó en las últimas semanas encendió luces de alerta y generó deja vus a la primera ola, cuyos inicios se dieron hace algo más de un año. Clases virtuales y Fase 1 son algunos términos que se reincorporaron recientemente a nuestra habla cotidiana. En este marco una preocupación que volvió es la de la situación de las personas privadas de su libertad frente al recrudecimiento de la pandemia.

El riesgo de contagios masivos en los lugares de detención llevó a tribunales a disponer prisiones domiciliarias el año pasado. Esto despertó cuestionamientos desde sectores impulsados por la oposiciones política y mediática. Con el plan de vacunación en marcha, aparece el interrogante de cómo serán administradas las dosis a dicho sector de la sociedad.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) realizó una recomendación para la inclusión efectiva tanto de las personas privadas de su libertad que tengan características contempladas como factores de riesgo, así como del personal que se desempeña dentro de unidades penitenciarias sean estas provinciales o federales en los listados para recibir vacunas.

El informe presentado por el CNPT refleja que, según el censo realizado en el 2019, se alojaban en establecimientos penitenciarios federales y provinciales 100.634 personas. Este número se acerca a los 110.000 si se incluye la población detenida en unidades policiales. De ese total, 3.043 de ellas se encontraban en el rango de 60 y 69 años, y 589 en el rango de 70 años o más.

“Es decir que, si bien es clara la delimitación de todas las PPL (personas privadas de libertad) como un grupo en situación de vulnerabilidad, considerando la información oficial, resulta que al 2019, 3.632 alojadas en establecimientos penitenciarios poseían una vulnerabilidad agravada por encontrarse dentro de los grupos de riesgo etarios considerados prioritarios por el propio Ministerio de Salud de la Nación”, expone el comité en el pedido realizado al Ejecutivo.

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La presentación da cuenta de algunas experiencias provinciales que se evalúan como positivas: “En la provincia de Mendoza recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, 97 de 141 personas privadas de la libertad mayores de 60 años. En Corrientes ya fueron vacunadas 30 personas privadas de su libertad. En Catamarca, se aplicó la primera dosis a 88 personas adultas mayores privadas de su libertad y que poseen patologías previas (diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras). En San Juan, 65 personas privadas de la libertad de entre 60 y 80 años fueron incorporadas a los listados para ser vacunadas, sin que al momento se cuente con información sobre su inoculación efectiva. En Entre Ríos, el servicio penitenciario solicitó al Ministerio de Salud la inclusión de las personas privadas de la libertad mayores de 65 años al plan de vacunación contra el covid-19”.

En la provincia de Buenos Aires la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una solicitud ante los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Salud local en sintonía con la recomendación del CNPT que se incluya a las personas detenidas en los planes de vacunación dispuestos por la autoridad sanitaria; como así también priorizar, con los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad, a las personas con factores de riesgo y edad avanzada.

Consultada por Canal Abierto la Comisionada en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Diana Conti recordó que al desatarse la pandemia el año pasado “sabíamos que podía entrar en comisarías y cárceles y hacer eclosión como lo hizo en muchos lugares del mundo. Sin embargo, ocurrió en otros lugares de encierro: los geriátricos”.

“En las cárceles hubo una gran colaboración de las personas privadas de su libertad que aceptaron restricciones como suspensión de visitas y comunicaciones. Eso implica no recibir alimentos del afuera, no recibir talleres de trabajo ni de educación. Pero hubo un gran acuerdo con muchas mesas de diálogo de diversa índole. Así fue como el COVID no llegó a hacer estragos, aunque sí penetró, pero no con un número impresionante. Si tiene en cárceles y comisaría, por el hacinamiento que deteriora la salud de quienes están presos y presas, un índice de letalidad que duplica la letalidad de infectados de covid que de quienes están en libertad“, señaló.

La funcionaria destacó que la inquietud prima en organismos del Estado como el Ministerio de Salud y distintas defensorías. “Pero sabemos que la vacuna es una bien escaso”, lamentó.

Las detenciones domiciliarias dispuestas el año pasado generaron reacciones desde distintos sectores, aduciendo que se dejaba en libertad a delincuentes peligrosos. En relación a este pedido, Conti expresa: “Sabemos que pueden decir que defendemos los derechos humanos de quienes han delinquido. En general la opinión pública es refractaria a este tipo de acciones. Pero nuestra competencia exclusiva es ser el órgano rector de la prevención de la tortura en los lugares de encierro del país“.

“Yo sé que el clamor social ante un pedido de prisión domiciliario o de excarcelación de personas que pudieran no estar presas es repudiada, pero hay que generar un cambio cultural que haga comprender que la vida pacífica la garantiza sólo la vigencia plena de los derechos humanos, dentro y fuera de las cárceles“. concluye.

 

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