Por Diego Leonoff | Los legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados decidieron no asistir a la sesión convocada para este mediodía para debatir, entre otras cuestiones, la ley de etiquetado frontal, políticas transversales para las personas en situación de calle y medidas vinculadas con la actividad de la vitivinicultura.

Pese a haber reunido 122 diputados (sólo 7 menos del quórum necesario), el Frente de Todos no pudo dar inicio al tratamiento del proyecto que advierte sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los alimentos, y que ya cuenta con media sanción del Senado. Sus advirtieron que en caso de no lograr la aprobación definitiva antes de diciembre, la iniciativa perderá estado parlamentario.

“Detrás de cualquier actitud del PRO hay un interés económico”, aseguró la diputada Cecilia Moreau, una de las impulsoras del proyecto, minutos después de que se cayera la sesión. Su par, Leonardo Grosso fue incluso más allá: “las cinco empresas productoras de alimentos más importantes le pagan la campaña a Juntos por el Cambio”.

El jefe del bloque opositor, Mario Negri anunció vía Twitter que su espacio tenía una postura mayoritaria a favor del etiquetado frontal, pero que la negativa a dar quorum respondía a que “no sumaron temas clave como la emergencia educativa”. Dos legisladores radicales cercanos al senador Julio Cobos, Federico Zamarbide y Claudia Najul, fueron a contra mano del interbloque opositor y se mostraron en sus bancas.

 

¿Por qué es necesaria la ley y cuáles son los intereses en juego?

 “Agua, no Coca-Cola”, dijo Cristiano Ronaldo mientras agitaba una botella de agua en medio de la conferencia previa al partido de la Eurocopa entre Portugal y Hungría. Al día siguiente, aquel pequeño gesto repercutió en una baja de US$56,10 a US$55,22 en las acciones del gigante de las bebidas, una pérdida de aproximadamente US$ 4.000 millones.

No caben dudas de que en esta era de consumo e hiperconectividad, es a través del marketing -y con él, las celebridades que suelen protagonizar las publicidades- que la mayoría de la población termina eligiendo tal o cual alimento para sí o su familia. En otras palabras, importa menos qué contiene o cómo nos afecta un producto que lo que representa.

Sobre este nervio sensible de la sociedad de consumo resonó la actitud de la estrella de la selección lusitana, el mismo punto al que apunta el espíritu del proyecto de ley de etiquetado de alimentos. En pocas palabras, la iniciativa busca fijar pautas para una alimentación saludable y establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Según los especialistas, su sanción resultaría clave para combatir una de las tres causas de la mortalidad como es la obesidad, que en la Argentina afecta a cuatro de cada 10 menores. Y las cifras son aún peores entre los adolescentes.

También te puede interesar: Hacia una democracia alimentaria

Salvo en Haití (38,5%), Paraguay (48,5%) y Nicaragua (49,4%), en todos los países de la región el sobrepeso afecta a más de la mitad de la población. Las tasas más elevadas las presentan Chile (63%), México (64%) y Bahamas (69%). Entre las víctimas preferidas están los chicos y las mujeres (en más de 20 países de América latina y el Caribe, la tasa de obesidad femenina es 10% mayor que la de los hombres).

“La pandemia nos hizo dar cuenta de la debilidad de nuestro sistema inmunológico, y cómo esto está ligado a la forma en que nos alimentamos”, afirma Silvia Ribeiro, directora para América Latina de Erosión Tecnología y Concentración (ETC). “El actual sistema alimentario industrial es en gran medida responsable de que suframos las comorbilidades más riesgosas para quien contrae Covid, como son la diabetes y la hipertensión (ambas directamente relacionadas con una alimentación no saludable)”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 76% de las causas de muerte son enfermedades no transmisibles -es decir, no infecciosas-, en su gran mayoría vinculadas a cómo nos alimentamos. La lista está encabezada por las cardiovasculares (infartos, hipertensión), la diabetes, los cánceres (en especial, del sistema digestivo) y las enfermedades renales.

En nuestro país, las ventas de alimentos y bebidas ultraprocesados (es decir, con cantidad excesiva de nutrientes críticos como grasas, azúcares y sodio) alcanzan los 185 kg/año por persona, ocupando el 3º puesto en América Latina y el 14º a nivel mundial. Además, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, entre 2010-2013 las ventas de productos ultraprocesados aumentaron en un 50% y, de bebidas azucaradas, en un 100%.

También te puede interesar: “La obesidad es otra pandemia, y su origen es el actual sistema alimentario industrial”


Voces (e intereses) en contra

Desde un primero momento, el proyecto recibió críticas desde sectores vinculados a la producción de alimentos, como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la Cámara Argentina de Anunciantes y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AMCHAM, por sus siglas en inglés). Según denuncian sus impulsores, las poderosas e influyentes cámaras empresariales vienen haciendo gala de su capacidad de presión y lobby sobre el Congreso.

Durante el debate en el Senado en octubre de 2020, la mendocina Fernández Sagasti (Frente de Todos) incluso deslizó que Coca Cola se había puesto en contacto con cada uno de los legisladores para advertirles sobre el impacto que tendría la iniciativa y cuáles eran los aspectos que aconsejaban modificar. En aquella sesión, la media sanción salió con 64 votos a favor y sólo 3 en contra de los representantes de Tucumán, una provincia donde la industria cañera pisa fuerte.

Una muestra aún más descarada de la capacidad de lobby del sector fue el fallido intento por instalar un impuesto a las bebidas azucaradas a fines de 2017. El proyecto terminó cayendo tras el acuerdo alcanzado entre el macrismo y los diputados tucumanos para que estos prestarán su apoyo a la polémica ley de reforma previsional sancionada en diciembre de ese año.

En aquellas negociaciones tras bambalinas, el por entonces gobernador tucumano Juan Manzur jugó un rol protagónico a favor de las empresas “dulces”. Es el aceitado vínculo entre este sector privado y el flamante Jefe de Gabinete el que había llevado alarma a las organizaciones que impulsan la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que en caso de no lograr una sanción definitiva podría perder estado parlamentario a fines de noviembre de este año.

“El etiquetado frontal es la puerta de entrada a otras políticas públicas que abordan la pandemia de sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, en caso de que exceda alguno de los parámetros que plantea el proyecto, dicho producto no podría ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes ni plausible de ser adquirido por el Estado para las escuelas u otras instituciones de niñez”, explica Marcos Filardi, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición (UBA) y la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria (RedASA). “Ferrero, por ejemplo, viene desplegando un lobby muy fuerte a partir de su preocupación por el huevo kínder, un producto con exceso de azucares y grasas con un juguete en su interior que sirve de gancho para que los niños lo quieran comprar”.

“La iniciativa no atenta contra la producción, sino que incentiva a las empresas a que bajen los niveles de azucares, sodio o grasas para así poder publicitar o ser objeto de contratación pública”, asegura Filardi.

Son varios los países de la región que avanzaron con iniciativas por el estilo, como Chile, Uruguay, Perú y México. En el país trasandino, desde que se dispuso el etiquetado frontal descendieron las ventas de algunos productos hasta un 60%.

“El proyecto tiene la mejor evidencia científica para cuantificar qué alimentos se deberían desincentivar y cuáles promover, pero también recoge los ejemplos más exitosos del mundo en cuanto a la practicidad y las estrategias que lo vuelvan comprensible. Por ejemplo, que sea un octógono negro en la parte frontal no es casual, está estudiado”, detalla el abogado y docente universitario.

Uno de los aspectos que más entusiasma del proyecto es que en los hechos sólo se le hayan opuesto grandes multinacionales afectadas o sus eventuales voceros del Legislativo. Sin embargo, no son pocos los especialistas que apuntan a un fondo de la cuestión que si bien roza el debate, no lo ataca de lleno: la producción de alimentos ultra procesados.

Un ejemplo es que en junio de este año, durante una presentación entre ejecutivos a la que tuvo acceso el periódico británico Financial Times, la multinacional suiza de alimentos y bebidas Nestlé reconoció que más del 60% de sus principales productos no son saludables y que algunos de ellos nunca lo serán.

“Ya no queda otra opción que modificar el sistema alimentario. Por ejemplo, promoviendo formas de producción más localizadas, que no necesiten tanto transporte. Esto no sólo genera mucho más empleo sino alimentos más nutritivos y mejores desde el punto de vista cultural. En definitiva, tenemos mucho para ganar con esto. Será cuestión de tocar intereses muy fuertes en todo el mundo”, sentencia Ribeiro.

También te puede interesar:Un Mercado para un debate Central: ¿Qué alimentos producimos y consumimos? 

Que no te tapen los ojos

Esta es la consigna de la campaña que lanzó un grupo de organizaciones no gubernamentales para exigir el tratamiento en la cámara de Diputados del proyecto de ley que impone el etiquetado frontal de alimentos, que cuenta hace más de ocho meses con media sanción de Senadores.

Para más info y materiales, ingresá a www.etiquetadoclaroya.org

Recibí más periodismo de este lado

Archivo historico