Redacción Canal Abierto | En paralelo a la jornada de asambleas que se realizó este miércoles en todo el país para presionar al Ejecutivo y al Legislativo de poner en marcha un shock de ingresos, distintas organizaciones del mundo sindical, político y productivo lanzaron un comunicado en el que detallan e impulsan un “Programa Popular Anti-inflacionario y por un Ingreso Universal”.

En el mismo se propone convocar al conjunto de las organizaciones del campo popular para “la puesta en marcha de un programa que interpele con sus políticas a los actores sociales que pueden sostener un proyecto de crecimiento con desarrollo”.

Con la firma de la CTA Autónoma, Unidad Popular, Soberanxs, Causa Nacional, Proyecto Sur, OLP, Grupo Bolívar, Pymes para el Desarrollo Nacional, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA) Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), ONG 18 de Diciembre, No Matarás, Federación de Trabajadores de la Energía de Argentina (FETERA), y la Confederación General de Adultos Mayores, Jubilados, Pensionados y Retirados, el comunicado detalla las medidas para un plan económico que “se aleje de los tradicionales, propios de los intereses del poder”.

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En esa línea —y en el marco de una inflación acumulada, a junio, de 36,2% para 2022—, enumera distintas medidas, entre las que se cuenta la de “establecer un eficaz control público a lo largo de las distintas cadenas de producción” para dominar las políticas especulativas de los formadores de precios. Y, en simultáneo, realizar un “replanteo general de la política de ingresos”.

 

Ingreso Básico Universal como eje

Esta política tiene como eje principal la puesta en marcha de un Ingreso Básico Universal “que cubra a la población en situación de informalidad y desempleo y nos permita garantizar una Argentina libre de hambre”.

Este proyecto —principal reclamo al Gobierno por parte de las asambleas de este miércoles— ingresó formalmente en la Cámara baja en mayo con el acompañamiento de distintos diputados del Frente de Todos y de organizaciones sociales. Se trata de una prestación monetaria individual, mensual y no contributiva de alcance nacional equivalente al valor de la Canasta Básica Alimentaria que elabora el INDEC, dirigida a trabajadores informales, desocupados, cuentapropistas pobres y asalariados de muy bajos ingresos.

El comunicado también menciona, como parte del fortalecimiento de la economía popular,  el impulso de un Salario Social de Empleo y Formación que optimice los actuales Potenciar Trabajo y Plan Progresar con un valor equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil, y la creación de un Área de Economía Pública y Social integrada por el Estado, las pymes y las cooperativas que lleve adelante un “programa de viviendas, de infraestructura sanitaria, de infraestructura educativa, de garantía de la soberanía alimentaria, de redespliegue poblacional, privilegiando la creación de nuevas ciudades desconcentrando los conurbanos invivibles que tiene la Argentina”.

 

Sustitución de importaciones y reforma tributaria

En lo que refiere a lo productivo, las organización es firmantes retoman esa viejo anhelo del desarrollo nacional que se resume en la sustitución de importaciones y que, según contabilizan, le permitiría al país ahorrar entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. “Existen los productores que están en capacidad de reemplazar entre el 20 y el 30% de las importaciones industriales del país”, asegura el comunicado.

Además, proponen un “refuerzo inmediato de una suma fija en todos los salarios de los trabajadores y trabajadoras que estén por debajo de la línea de pobreza”, como así también de los haberes jubilatorios que estén en la misma situación.

Finalmente, aseguran que hay que impulsar “una profunda reforma tributaria progresiva”, que signifique “transformar las distintas iniciativas parciales de aporte solidario o renta inesperada en impuestos sobre las grandes fortunas”, un “férreo control” sobre el comercio exterior “que evite maniobras especulativas”, transformar a Vicentin “en una empresa pública testigo en el comercio de granos y “abandonar las restricciones que el acuerdo con el FMI le pone a una política de soberanía económica de nuestro país”.

Ilustración: Marcelo Spotti

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