Redacción Canal Abierto | Pese a la aprobación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en diciembre de 2020, el 28 de septiembre, en el Día de la Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto, el reclamo continúa.
De acuerdo con datos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a menos de dos años de su aprobación se “avanzó significativamente hacia su cumplimiento aún en el marco de la pandemia” y se incrementó el acceso al derecho al aborto.
“Pero sabemos que no es suficiente pues la aplicación de la ley es dispar según los territorios y todavía subsisten muchos obstáculos”, asegura el organismo en un comunicado.
Una de las trabas con las que se encuentran quienes pretenden acceder a una IVE es la objeción de conciencia, que se utiliza “para imponer gestaciones forzadas” y criminalizar a los profesionales que garantizan derechos.
Otra es la disponibilidad de insumos para la realización de abortos. Entre ellos está el misoprostol y la aspiración manual endouterina (AMEU), dos de las tecnologías que actualmente permiten garantizar un aborto seguro en la Argentina.
Desde la Campaña abogan por garantizar la “continuidad y la ampliación” de la entrega de estos insumos, así como por “avanzar en la capacitación y en los compromisos institucionales para contar con el método AMEU en todo el país”.
“Es preciso el cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral en cada escuela, en todos los niveles y durante todo el ciclo lectivo, para que no haya más niñas madres y para posibilitar el derecho a decidir”, agrega el comunicado de la Campaña.
El estado de situación
El último relevamiento sobre el acceso al aborto legal seguro y gratuito, realizado en diciembre de 2021 arrojó resultados atendibles.
El monitoreo sobre su aplicación y la atención posaborto contemplada por la norma —titulado Proyecto Mirar y llevado adelante por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health— detectó que, si bien el acceso a la práctica en hospitales y centros de salud mejoró en relación con 2020, se observan fuertes desigualdades entre las provincias.
Según el informe, durante el primer semestre de 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE en el sector público. A su vez, al menos 5.600 personas fueron acompañadas por el sector comunitario y accedieron a un aborto.
Pero de acuerdo con la tasa de aborto -que equivale a 1.000 mujeres en edad fértil- existió una brecha importante en el acceso a esta práctica entre jurisdicciones. Mientras que el promedio nacional de esta tasa se estableció en 3,2, en la Ciudad de Buenos Aires fue de 5,6, en Tierra del Fuego del 4,3 y en Jujuy del 4,2. Mientras tanto, en el final de la tabla, en Misiones, Formosa y Corrientes la tasa fue del 0,6.
“Las causas de estas diferencias podrían atribuirse a mayor acceso efectivo por mayor disponibilidad de recursos humanos y efectores garantizando servicios, por mejores registros de las prestaciones, por mayor demanda de la población, entre otras”, sostiene el estudio.
Por ese motivo, desde la Campaña recalcan que todos estos aspectos “son responsabilidad primaria de las diferentes gestiones de gobierno en todos los niveles del Estado”.
Con esos pedidos, y el de la legalización del aborto a nivel global, hoy se realizarán actividades en todo el país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde habrá mesa de debate, lectura de una declaración y pañuelazo frente al Congreso a las 18.
Foto: Emergentes
