Redacción Canal Abierto | El 30 de noviembre del año pasado, el  Ejecutivo provincial, a cargo de Gustavo Bordet, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados titulado “Buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia de Entre Ríos”.

Presuntamente, y acorde a su título, la ley en cuestión tendría por objetivo “la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria”. Sin embargo, los habitantes de la provincia no consideran que ese sea, en verdad, su propósito.

Desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es Basta” consideraron al proyecto “regresivo, tramposo y contradictorio” y aseguraron que busca –contrariamente a lo que sostiene– “legitimizar la utilización de venenos en la producción agroindustrial, en perjuicio del cuidado de la salud y el ambiente”.

“Es verdad que la ley que tenemos actualmente necesita ser reformada, pero no con estos proyectos, con los cuales siguen insistiendo y vienen a acentuar lo que ya está: un ecocidio”, sostiene Daniela Verzeñassi, integrante de la Coordinadora, en diálogo con Canal Abierto.

 

Sin controles ni debate

Entre Ríos es una de las provincias más afectadas del país por las fumigaciones. La agroindustria es la principal causa de contaminación en ríos, arroyos y humedales, y es también el único sector industrial exceptuado de controles ambientales.

La Ley Provincial de Plaguicidas vigente (Ley 6.599, ratificada por Ley 7.495) data de 1980, y según explican los ambientalistas “propone un proyecto laxo y regresivo que no corresponde a nuestro actual escenario ambiental y sanitario en la provincia, menospreciando los datos duros publicados por el mismo Estado”.

Los datos en cuestión surgen de un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), según el cual en la Argentina hay 36 millones de hectáreas cultivadas en las que se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros tipos de agroquímicos. Los envases necesarios para su comercialización generan unas 17 mil toneladas de polietileno por año, que en volumen representan un promedio de 13 kilos de deshechos por hectárea. Diferentes estudios han detectado la presencia de fitosanitarios en aire, aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, suelos agrícolas y en áreas urbanas y periurbanas.

Más información: Entre Ríos: La Justicia prohibió la fumigación en escuelas rurales

“En la carta que le presentamos a la presidenta del Senado (vicegobernadora María Laura Stratta), porque la Cámara de Diputados ya estaba de receso, directamente rechazamos la ley –explica Verzeñassi–. No queremos discutir ningún articulado en particular porque creemos que es una ley que no fue construida con los actores que debieron haber sido convocados para que se escribiera. Y no creemos que lo que se tenga que estar discutiendo sea una ley de fitosanitarios, sino una de promoción de la agroecología”.

 

De buenas y malas prácticas

La ley que impulsa el gobernador define las buenas prácticas agropecuarias como un conjunto  de  principios, normas  y  recomendaciones  técnicas,  tendientes  a  reducir  los riesgos  físicos,  químicos  y  biológicos  en  la  producción, procesamiento,  almacenamiento  y  transporte  de  productos  de origen  agropecuario,  orientadas  a  asegurar  la  inocuidad  del producto, la protección del ambiente y de las personas humanas en general, a fin de propender al Desarrollo Sostenible.  Pero, para los vecinos y ambientalistas, tales prácticas “no son científicas” sino “publicidad empresarial”.

Ya a mediados de 2021, cuando el gobernador comenzó a trabajar en el proyecto, desde la Fundación Cultura Ambiental–Causa Ecologista (CAUCE) le presentaron un escrito a los legisladores indicando que éste escondía un “panorama desolador” ya que encubría un sistema productivo basado en el uso indiscriminado de diversos venenos para la producción agropecuaria. Y aseguraron que “no existe manera de asegurar la inocuidad en la utilización de estos productos”.

La carta de la Coordinadora, dirigida a la Cámara baja entrerriana y fechada el 30 de diciembre de 2022, sostiene que el proyecto de Bordet impone “la lógica del Ministerio de Producción sobre los demás, demostrando un pensamiento simplista que antepone la producción, al cuidado de la salud ambiental y de las poblaciones”. “Está completamente probado que si mejoramos la salud y el ambiente, la producción también lo hace en términos de calidad y rinde por consiguiente en rentabilidad”, sentencia.

Asimismo, considera que éste no representa los intereses de la sociedad entrerriana sino los de grupos concentrados rurales (la Mesa de Enlace) y las multinacionales de la industria química de agrotóxicos. “Es de público conocimiento que las instituciones que producen y comercializan el paquete tecnológico transgénico químico-dependiente son quienes integran la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), quienes han aprobado en los últimos 30 años más de 60 transgénicos alterando el patrimonio genético para satisfacer sus intereses económicos y de poder”, asegura.

 

Promover la agroecología

Desde la Coordinadora, el Foro Ecologista de Paraná y otras organizaciones nucleadas en él, le reclaman al gobierno entrerriano y a la Legislatura no sólo participación en el debate sobre el texto de esta ley, sino que se trate en el recinto el proyecto de Ley 23.372 sobre sistemas de producción agroecológica, que cuenta con media sanción en el Senado y continúa dormido en Diputados. 

Además, aseguran que la iniciativa oficial “no cumple con los requisitos del Acuerdo de Escazú, que establece acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales; no se ajusta a los principios del Derecho Ambiental, no reconoce al uso de agrotóxicos como una actividad peligrosa para el ambiente y la salud, y no involucra al Ministerio de Salud cuando se trata prioritariamente un tema de salud pública”.

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