Redacción Canal Abierto | El 16 de enero de 2016 Milagro Sala fue detenida en Jujuy. En horas del mediodía, el ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, se presentó en el domicilio de la dirigente de la Organización Barrial Tupac Amaru en la capital jujeña con una orden de detención y otra de allanamiento solicitadas por la fiscal de turno Liliana Fernández de Montiel y concedidas por el juez de feria Raúl Gutiérrez. El funcionario tocó el timbre y luego condujo a Sala, quien no ofreció resistencia, a la Comisaría de la Mujer de San Salvador de Jujuy.

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El juez la imputó por “instigación al delito y tumulto en concurso real”. La denuncia del Gobernador, llevada adelante por el abogado del estado provincial Mariano Miranda, señalaba el “alzamiento en contra de leyes gubernamentales”, por el acampe que la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales jujeñas desarrollaban en la plaza Belgrano, la central de la capital jujeña, para reclamarle a Morales una entrevista. “Mientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención”, afirmó entonces Miranda.

Casi dos semanas después, se ordenó su excarcelación. Pero ese mismo día, antes de concretarse la liberación, se ordenó otra vez su detención por otra causa.

Hoy se cumplen 7 años de esa detención, a todas vistas política y no judicial, ordenada por Gerardo Morales. La denuncia del gobernador era por una manifestación de organizaciones sociales que en 34 días no había provocado un solo desmán. Luego, con la clara definición política de dejar a Milagro fuera de juego y aleccionar a las organizaciones sociales para que no interfieran la gobernabilidad de la provincia, las causas judiciales contra Sala se fueron acumulando. La “causa de los huevos”, por un escrache a Morales cuando era senador, en el que no se probó la presencia de la imputada; causas por malversaciones de fondos; la causa Campo Verde, por presunta promoción de usurpaciones de tierras; etc. En diciembre, la Corte Suprema dejó en firme la condena a 13 años de prisión por la causa denominada Pibes Villeros en la que se la acusa de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

Desde la Tupac Amaru y un amplio conjunto de organizaciones de derechos humanos y del campo popular se le exige al Presidente Alberto Fernández que indulte a la dirigente. El mandatario se ha escudado, en una reunión mantenida con organismo de derechos humanos en diciembre, en que él no puede intervenir en causas que son provinciales.

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“En diciembre último el Presidente argentino se comprometió con abuelas, madres e hijos de desaparecidos a encontrar el mecanismo para liberarla. Todavía no cumplió. Mientras tanto, Milagro se deteriora física y psicológicamente, de forma paulatina, sin pausa. La muerte inexorable acecha”, señala el abogado de Sala, Luis Paz, en una carta que le envió hoy a Fernández.

“Queda en sus manos, Sr. Presidente, terminar con este desaguisado. Ojalá sea la última vez que tenga que recordárselo”, concluye el letrado.

“Alberto Fernández me mintió”

Mientras tanto, esta mañana en un programa especial de la AM750, la propia Milagro denunciaba: “Alberto Fernández me mintió, me ha verseado y me siento desilusionada. Porque muchos compañeros hemos militado para tener un gobierno nacional y popular, pero hoy vemos que es más beneficiada la derecha. Le tienen miedo a una grilla de TN y una tapa de Clarín. Le tienen más respeto a ellos que a nosotros”.

Desde el equipo jurídico del Comité por la Libertad de Milagro Sala se está estudiando el caso y redactando una propuesta de decreto para presentarle a Fernández. Entre los argumentos se señalan las intervenciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2017 le exigió al Estado argentino que adoptara “las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud” de la dirigenta, y que estas obligan al estado nacional y no a los estados provinciales, por lo cual el ejecutivo no debería excusarse de intervenir.

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