Redacción Canal Abierto | A principios de 2017, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó 135 rutas locales e internacionales a cinco aerolíneas de bajo costo: Andes Líneas Aéreas, American Jet, Alas del Sur, FB Líneas Aéreas (FlyBondi), y Avian Líneas Aéreas, esta última vinculada –a través de una denuncia– al grupo empresario de la familia Macri.

Por entonces, en paralelo al anuncio con bombos y platillos del oficialismo, se encendían las alertas entre gremios y especialistas del sector aeronáutico quienes, entre otras cosas, advertían sobre posibles pérdidas de puestos de trabajo (en una actividad que involucra a unos 25 mil trabajadores), el relajamiento en los controles en la seguridad aérea y una potencial estrategia privatizadora de la estatal Aerolíneas Argentinas.

A los cuestionamientos, ignorados por el Gobierno, se sumaron luego presentaciones judiciales que buscaban impedir la operatoria de Flybondi en el aeropuerto de El Palomar. De hecho, a partir de la denuncias de los vecinos, en julio el fiscal Di Lello había pedido suspender las actividades en la improvisada base, y  planteado el potencial riesgo por el polvorín militar que está en las inmediaciones. Por aquel entonces el funcionario judicial también solicitó la suspensión de la actividad de la controvertida low cost ante los numerosos inconvenientes y accidentes que ya había sufrido, entre ellos un choque de la cola de una nave con la pista durante un intento de despegue.

Pese a los constantes accidentes, cancelaciones y quejas por parte de usuarios, Flybondi -empresa ligada a socios del ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana- siguió operando, e incluso incorporó nuevas rutas.

Ahora, la polémica low cost lanzó una campaña publicitaria bajo la consigna #VuelenUltraLowCost, donde de paso aprovechó para “vender” el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno en línea con FMI. “Dar el ejemplo es el camino. Si todos nos ajustamos, podemos contribuir al ahorro del país”, reza un flyer en redes sociales. En otro, además de etiquetar a cuentas de legislados, asegura: “Bajar el gasto público es clave en una época en la que todo el mundo se ajusta”. 

Carteles publicitarios de Flybondi militando el ajuste.

“Dudamos que estas compañías aéreas tengan la posibilidad de garantizar la conectividad en todo el país, porque son empresas que vienen a volar solamente a lugares que son rentables y no al resto”, sostiene Marcelo Belleli, delegado general de ATE-ANAC en Aeroparque en una entrevista con Canal Abierto. “El único garante de esa conectividad es Aerolíneas Argentinas y creo, basado en la concepción neoliberal del presidente Macri, que ellos entienden que no debería ser estatal”, aporta el delegado.

La avanzada privatizadora sobre la aerolínea de bandera estatal tuvo su pico la semana pasada, cuando el propio presidente salió a fustigar una medida gremial que complicó el tránsito aérea durante 24 horas. «Desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses», lanzó Macri, quien por medio su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, suspendió a 376 trabajadores hasta 15 días por asambleas realizadas el 8 de noviembre.

Horas más tarde, el mandatario intentó deslindar responsabilidades a su gestión por los estragos causados durante el temporal del 11 de noviembre: «Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto».

A la semana siguiente del conflicto y la polémica estigmatización oficial y mediática de la huelga, Flybondi jugó nuevamente para el macrismo. Ante la consulta de un usuario sobre cómo afectaría el servicio las asambleas de trabajadores o un eventual paro, el encargado de redes de la empresa se burló: “Parar? Me arruga la ropa!”.


La mofa en redes sociales no sólo parece desubicada en un contexto de tensión e incertidumbre entre los trabajadores del sector, también habla del cinismo con que opera la aerolínea de bandera amarilla: en agosto la Asociación Argentina de Aeronavegantes denunció a la low cost ante el Ministerio de Trabajo por prácticas antisindicalistas. Desde la gerencia extorsionan a los trabajadores con el cierre de la empresa si se unen a un sindicato, mientras –por abajo- planean la creación de uno exclusivo.

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