Redacción Canal Abierto | Allá por 2016, cuando el vínculo entre la Argentina y FMI era sólo un mal recuerdo, el propio organismo de crédito internacional, en su publicación oficial Finance & Development, reconocía ciertos efectos adversos de la aplicación de sus políticas. En el artículo titulado “Neoliberalism: Oversold?” (Neoliberalismo: ¿sobrevendido?),  los economistas Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri admitían que “además de elevar las probabilidades de una crisis, la apertura financiera tiene efectos distributivos notorios, aumentando la desigualdad”. También decían que “los efectos de la apertura sobre la desigualdad son más altos cuando se produce una crisis”.

La subrepticia autocrítica del Fondo tenía explicación. Países como Grecia, Túnez o Egipto (y la propia Argentina, haciendo un poco de memoria) oficiaban de ejemplo vivo sobre estas desigualdades, imposibles de soslayar en cualquier análisis serio de situación.

A un año del asumir un nuevo acuerdo con el FMI -el más grande de nuestra historia, de 57.000 millones de dólares-, la Argentina podría convertirse, como ocurrió hace casi dos décadas, en el modelo más acabado de aquella autocrítica. La apertura financiera tuvo, de hecho, “efectos distributivos notorios” que se tradujeron en desigualdad.

En 2010, Grecia pidió un salvataje al Fondo Monetario Internacional y, siguiendo sus recetas, desde entonces recortó trece veces las jubilaciones, propició un 20% la baja nominal del salario mínimo, y recortó un 33% el gasto de salud. Las consecuencias fueron mayor recesión, caída en la recaudación impositiva, creciente déficit fiscal y un desempleo que subió del 7,5% al 20,6%. Sin ningún beneficio para la población helena, la deuda, además, creció al 178% del PBI, y más de la mitad del crédito recibido fue utilizado para pagar ese endeudamiento. El  21%, en tanto, se usó para la recapitalización de los bancos.

Un año después, Túnez firmó un acuerdo con el FMI. Las condiciones impuestas fueron, como de costumbre, desregular el mercado de divisas, devaluación el dinar (monedo local), liberar las importaciones, realizar un ajuste fiscal y congelar los salarios. Al poco tiempo, la balanza comercial tunecina desbarrancó con un déficit de 5.700 millones de euros, la desocupación subió un 15% al igual que la pobreza, y la deuda externa subió del 41 al 71% del PBI.

A Egipto, en 2016, no le fue mejor. La desregulación del mercado de cambios, la quita de subsidios a los servicios y las paritarias por debajo de la inflación –impuestas por el FMI como condición del acuerdo contraído- trajeron una inflación mayor al 30%, depreciación de los salarios, y un 5% de aumento de la pobreza en tres años (35%).

A un año del asumir un nuevo acuerdo con el FMI -el más grande de nuestra historia, de 57.000 millones de dólares-, la Argentina podría convertirse, como ocurrió hace casi dos décadas, en el modelo más acabado de aquella autocrítica. La apertura financiera tuvo, de hecho, “efectos distributivos notorios” que se tradujeron en desigualdad.

Los datos

A los pocos meses, el coeficiente de Gini – uno de los indicadores más usados para evaluar la diferencia entre pobres y ricos, que va desde 0 (igualdad absoluta) a 1 (total desigualdad)- ya había variado. Durante el primer trimestre de ese año se ubicó en 0,440 puntos, muy por encima de los 0,417 del último trimestre de 2017. Argentina es más desigual.

En tanto, la inflación en lo que va del año ya acumuló un 11,8%. Según el último dato oficial, de marzo, el Indec calculó una inflación interanual del 54,7% para 2019. 2018 cerró con 47,6%, la inflación más alta desde 1991. De seguir así, 2019 amenaza con hacerle sombra.

El espiral de endeudamiento llevó la relación de la deuda con el PBI argentino al 97,7%. Se convirtió así en el país más endeudado de la región, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En 2015 el porcentaje era del 53,3%.

La desocupación alcanzó al 9,1% de la población el cuarto trimestre de 2018, según el último dato publicado por Indec. La recesión provocada por la devaluación y el endeudamiento registró la pérdida de más de 190.000 puestos de trabajo en 2018. Los sectores que llegaron más golpeados a diciembre fueron la industria y el comercio, con caídas de hasta el 15%.

El correlato de la desocupación, la pobreza, también subió. La última cifra del Indec habla de un 32% de argentinos bajo la línea. La indigencia llegó al 6,7% en el último semestre de 2018. Aumentaron 4,7% y 1,8%, respectivamente, en relación al semestre anterior.

La industria cayó, en un año, un 5,9%. La utilización de la capacidad instalada de la industria descendió, en febrero, a 58,5%. Argentina está produciendo poco más de la mitad de su capacidad.

Tras la apertura de importaciones, la balanza comercial acumuló una pérdida de US$ 1127 millones. Los ocho primeros meses de 2018 cerraron con saldo negativo y la tendencia sólo se revirtió a fuerza de una recesión que pinchó el consumo y el consiguiente ingreso de mercaderías.

La devaluación del peso –que ni los más optimistas consideran congelada- ya barrió con el 37% del salario mínimo en dólares. Según un reciente informe de la Universidad de Avellaneda, de los nueve países de la región, el salario mínimo argentino (297 dólares) ocupa la sexta posición. En 2015, era el más alto (5.588 pesos, equivalente a 580 dólares). Desde la asunción de Mauricio Macri, la devaluación del peso oficial ronda el 80%.

El espiral de endeudamiento llevó la relación de la deuda con el PBI argentino al 97,7%. Se convirtió así en el país más endeudado de la región, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En 2015 el porcentaje era del 53,3%.

Esta cuenta no contempla los 5.500 millones dólares que deberá aprobar la cuarta misión de revisión del FMI que desembarca hoy en nuestro país, luego de que el Gobierno demuestre llevar adelante el ajuste pactado. Se trata del quinto giro dentro del acuerdo a tres años, con el que el organismo internacional habrá desembolsado para nuestro país unos 44.700 millones de dólares, el 78% del total acordado. Un crédito que, cuando termine de hacerse efectivo, dejará las cuentas fiscales en un rojo tan superior a la capacidad de pago argentina que se parecerá más a una estafa que a un préstamo.

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