Por Silvia Juárez | La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce en su artículo 31 el derecho a una vivienda digna. Esto obliga al Estado local a resolver la problemática habitacional, de infraestructura y de servicios para un hábitat adecuado.

Pero, ¿cuánto de esto está realmente garantizado hoy? Los porteños atraviesan actualmente una crisis habitacional en la que la subasta de la tierra pública, la falta de recursos y las personas en situación de calle predominan.

Como premisas, el artículo 31 plantea que este déficit se resuelve “dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos; auspiciando la incorporación de inmuebles ociosos, promoviendo los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias, y la regularización dominial y catastral con criterios de radicación definitiva; y regulando los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubramos locaciones.

En la realidad, nada de esto ocurre. De acuerdo a un informe de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, el 24% de las viviendas de CABA -341.000 casas y departamentos- se encuentra vacío. Se ubica seis puntos por arriba del promedio nacional (18%), y sus propietarios aducen que las poseen como refugios de inversión, sin cumplir funciones habitacionales.

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La mayor cantidad de estos inmuebles son de gama media o media alta y pueden encontrarse en barrios como Belgrano, Núñez, Palermo, Recoleta y Puerto Madero, donde el valor del metro cuadrado es mucho más elevado.

 

La inquilinización

La contracara de esta situación es la demanda insatisfecha de alquileres para la clase media y baja. Cerca del 40% de la población de la Ciudad alquila. Sin embargo, este fenómeno de la “inquilinización” trae consigo el constante miedo de no llegar. No llegar a pagar el alquiler, no llegar a fin de mes.

En los últimos años, distintas fuentes sostienen que las familias destinan la mitad de sus ingresos en gastos de alquiler y no hay leyes que protejan a los inquilinos ni regulen el mercado en su defensa.

De acuerdo a los datos aportados por la ONG Defendamos Buenos Aires y la firma de abogados Miglino, en los seis primeros meses de 2019, aproximadamente 60.000 personas dejaron de alquilar en la Ciudad y se mudaron al conurbano, donde los alquileres son un 40% más baratos.

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El mayor éxodo se dio en el barrio de Palermo, que perdió más de 10.000 inquilinos. La migración se debe en su mayoría a dos factores determinantes: la duplicación del valor de los alquileres –de $7.000 a $14.000 por un monoambiente, y al significativo aumento del gas, la luz y el agua. Éste último, en las zonas de menos recursos como Constitución, Pompeya y Almagro, el aumentó superó el 140%.

 

Detrás de la “urbanización”, ¿qué hay?

Doce son los años que el PRO lleva al mando de la Ciudad. De las pocas iniciativas que tuvo, las que sobresalieron fueron los planes de integración y las urbanizaciones que contemplaron sólo a cuatro de las catorce villas y 21 asentamientos informales que existen allí.

Según el informe de la Universidad de Buenos Aires, la Ciudad no crece desde fines de los años 40. Se mantiene cerca de los 3 millones de habitantes, y a pesar de que la construcción de viviendas sí se multiplicó en ese tiempo, las posibilidades de acceso a una casa digna para los sectores con menores ingresos se aleja cada día más.

“En todos los casos, los proyectos del PRO tuvieron un trasfondo distinto al de atender a la necesidad de viviendas sociales: en el caso de la Villa 20, del barrio de Lugano, estuvo de por medio la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud 2018, ahora destinadas a comercialización inmobiliaria con graves problemas para sus adquirentes con créditos UVA; en el Playón de Chacarita, la expansión de la avenida Triunvirato con el consecuente millonario cambio de zonificación para erigir costosas torres en la zona; en la Villa 31 y la 31 bis de Retiro, se apuntó igualmente a erigir torres en la Avenida del Libertador y, por último, en la Villa Rodrigo Bueno, de Puerto Madero, estuvo de por medio un convenio para levantar un barrio de lujo”, explican desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA).

Por su parte, el legislador porteño Milcíades Peña, sostiene que “lo que está detrás es una intención de  avanzar con el negocio inmobiliario con estas tierras, que es el viejo sueño de los desarrolladores en la ciudad desde hace décadas. El proceso de reurbanización se enmarca en eso”.

Sin ir más lejos, en junio se aprobó la venta de 12 predios de la villa 31 y 31Bis, expulsando así a 44 mil familias de sus viviendas. El dinero de la venta será destinado a pagar la deuda que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tomó para la realización del Paseo del Bajo.

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“La política urbana imperante en los últimos años en CABA ha agravado las dificultades que existen para acceder a un hábitat digno. El maquillaje de villas y asentamientos y el realojamiento de algunas familias en nuevos conjuntos habitacionales han sido efectistas y adquieren cierta visibilidad, pero no logran contrarrestar los efectos excluyentes que produce una política urbana que antepone garantizar los negocios inmobiliarios por sobre las iniciativas que necesitan implementarse para revertir el déficit habitacional, de equipamiento y espacios verdes que se registra en numerosas áreas de la ciudad”, manifestó Luis Baer, investigador del Instituto de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

 

La inmobiliaria Cambiemos

La dictadura, con Videla a la cabeza, emitió el decreto ley 22.423 por el cual se autorizaba a disponer de las tierras nacionales sin pasar por el Congreso. Lo que se intentó con eso fue reubicar y concentrar edificios estatales para liberar suelo. Esto es lo que Mauricio Macri inició, aceleró y profundizó como jefe de Gobierno y que en los últimos años se multiplicó.

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Esta constante subasta de inmuebles públicos prioriza el negocio y privado y desatiende mucho más las necesidades socio urbanas. “Quieren avanzar con negocios para obtener ingresos para el presupuesto de la Ciudad vendiendo inmuebles públicos, cuando nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo que, en vez de vender estas tierras para que hagan negocios los privados, tendrían que crear una inmobiliaria estatal que se dedique a comprar, vender y construir inmuebles con réditos para el Estado”, expresó Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Hoy, la subasta de estos inmuebles se realiza a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), creada en 2012 para “administrar los bienes, contemplar el uso racional y el buen aprovechamiento de los mismos, considerándoselos de índole estratégica para el proyecto de crecimiento con inclusión social que lleva adelante el Estado nacional”.

Actualmente, los proyectos urbanos en tierras del Estado Nacional se emplazan en el Playón Ferroviario Estación Colegiales, Palermo, Villa Urquiza y Retiro. También se generaron nueve lotes linderos a las oficinas de Catalinas Norte y otros para Catalinas Sur, que casualmente conforman las cabeceras del Paseo del Bajo.

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Este proceso de transformación de los espacios urbanos para elevar el valor de los suelos, más conocido como “gentrificación”, fue el eje de todas las obras que se vienen desarrollando desde la gestión del PRO.

Según Luis Baer y Paloma Garay Santaló, del Instituto de Geografía de la UBA, las características y distribución geográfica de los proyectos en el área central y el corredor norte de la Ciudad dejan al descubierto:

  • Una iniciativa pública que incentiva desarrollos inmobiliarios de vivienda y oficinas de lujo, desaprovechando la oportunidad que ofrecen los inmuebles públicos en lugares estratégicos para generar mejores condiciones de acceso residencial, por ejemplo, generando vivienda protegida a precio asequible para sectores medios y populares.
  • Que en las áreas de la Ciudad más valorizadas se habilita una explotación excepcional del suelo a partir de normas constructivas especiales, que habilitan tipologías que el nuevo código urbanístico prohíbe en el resto de la ciudad (torres de perímetro libre) asegurando una rentabilidad extraordinaria a los pocos emprendedores inmobiliarios capaces de participar en este tipo de operatorias.
  • Que la generación de infraestructura y espacio verde público es complementaria y valoriza los desarrollos inmobiliarios en la tierra pública subastada, antes que proyectar los espacios públicos por su función social y ambiental (como espacios verdes de recreación y esparcimiento, y por mejorar la calidad de vida urbana barrial)
  • Que se presentan proyectos inmobiliarios desvinculados de su entorno inmediato, y desprendidos de los lineamientos urbanísticos establecidos por el Plan Urbano Ambiental para el desarrollo general de la Ciudad.
  • Que la afectación de tierra pública e inversiones están fuertemente vinculadas a la movilidad en automóvil particular, generando enclaves de desarrollo y contrariando el incentivo a una ciudad integrada y a la movilidad en transporte público.

La calle no es un lugar para vivir

“Se ven muchas más familias, muchas más mujeres. Hay ranchadas nuevas que tienen su ropero, su cocina, su cama, gente que recién empezó a transitar la calle, producto de las políticas neoliberales del Gobierno y que están viendo cómo es esto de sobrevivir en la calle”.

Así explica Horacio Ávila, referente de Proyecto 7 – Gente en situación de calle, el aumento de personas que hoy hicieron de la calle su hogar, porque no les alcanza para pagar un alquiler y a veces, tampoco para comer.

El segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle, que llevan adelante organizaciones sociales y voluntarias/os porque desde el gobierno no se realizan los relevamientos anuales, desnudó una realidad que ante los ojos de los que saben ver ya era notoria: 7.251 personas viven en la calle. El número que oficialmente difundió la Ciudad es de 1.146.

Esta negación lamentablemente se traduce en muertes. En la ciudad más rica de Argentina, Sergio Zacarías se murió de hipotermia a unas diez cuadras de la Casa Rosada. Las respuestas del vice jefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fueron: “hay personas que prefieren dormir en la calle antes que a ir a un parador”; “hay personas con situación psiquiátrica, con adicciones”, y “hay quienes vienen de otras jurisdicciones…”.

Quizás si la atención estuviera puesta en la inversión social y en una política de acceso a la vivienda para los sectores más desprotegidos, y no en enojarse con quienes hoy abren sus puertas para que estas personas no pasen frío, tildando de “opereta” a la solidaridad de la gente, las cifras oficiales podrían estar más cerca de ser reales.

 

Foto: Jamie Lee Curtis Taete

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