Redacción Canal Abierto | La secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani indicó ayer que el decreto 788 firmado por el ex presidente Macri implica «una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el empleo público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios, y atentando contra los recursos del Estado».

Así, Castellani anticipaba la anulación del régimen de Alta Dirección Pública que no contaba con el consenso de la parte gremial, y hubiera implicado la perpetuación de cargos jerárquicos cambiemitas en el Estado nacional.

La flamante funcionaria también afirmó que la “suspensión de este decreto es indispensable para evitar una erogación millonaria por parte del gobierno nacional, además de posibilitar la adecuación de las estructuras y funciones administrativas de los distintos organismos estatales a los objetivos de políticas públicas establecidos como prioritarios y estratégicos por el nuevo gobierno”.

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Desde la Jefatura precisaron que para el presidente Alberto Fernández es “vital” construir un nuevo sistema que “jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos de dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público”.

El 5 de diciembre pasado la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) movilizó a la Secretaría de Modernización (Diagonal Norte y San Martín, CABA) para rechazar lo que consideraban un “nuevo pacto entre el siempre oficialista Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la administración saliente”.

El decreto 788/19, firmado dos semanas antes de dejar el poder por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica era -ni más ni menos- que la ratificación unilateral del fallido intento de modificación Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública firmado el pasado 6 de junio.

En aquel momento, ATE había logrado suspender la movida que, de concretarse, no solo amenazaba con flexibilizar los requisitos para acceder a los cargos de dirección y coordinación del Estado, sino también la aplicación de aumentos en torno a los $100.000 para sueldos que en la actualidad ya superan los $135.000.

El meollo de la cuestión -como argumentaba el gremio que conduce Hugo “Cachorro” Godoy- es que en la otra punta, el aumento para un trabajador estatal que cobra $20.000, según la paritaria firmada por el gobierno y UPCN de 28% en 5 cuotas, terminará siendo de $3.600.

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