Redacción Canal Abierto | El proceso que terminó con la destitución del presidente boliviano comenzó tras las elecciones del 20 de octubre, en las que Evo Morales ganó en primera vuelta con el 47,08% de los votos. Sin embargo, la persecución y manipulación de la voluntad democrática, aún continúa.

Desde entonces, la crisis política no hizo más que recrudecer, en primer término fruto de una injerencia internacional encabezada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Días más tarde, entre movilizaciones de apoyo y en contra de la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), el 10 y 11 de noviembre de 2019 Bolivia sufrió un golpe de Estado cívico-militar que la oposición boliviana intentó vestir de “renuncia voluntaria” y “abandono del poder” por parte de Morales. A partir de entonces, las autoridades de facto no dudaron en lanzar una furibunda persecución contra líderes del evismo que podría terminar en proscripción de sus principales líderes.

El desboque persecutorio incluso alcanzó a funcionarios y diplomáticos de México y España en La Paz, quienes aseguraron sentir en “riesgo” su integridad física por el sólo hecho de haber prestado asistencia humanitaria a aquellos militantes acosados por milicias y militares de facto.

Tras horas de acefalia institucional y ante el paradero incierto de funcionarios y el propio Evo, el 13 de noviembre la senadora Jeanine Añez  -sin quórum y violando la Constitución Política del Estado- asumió la presidencia de forma “interina”.

Por entonces, a la retórica racista y anti indigenista de la otrora oposición boliviana, se sumó la amenaza de quema de los más de 30 mil libros de la casa del vicepresidente Álvaro García Linera.

Luego vendría la firma de un decreto supremo que daba carta blanca para la impunidad a las Fuerzas Armadas. Las masacres de Sacaba y Senkata fueron sólo muestras de aquella orden: la represión conjunta de militares y policías dejó 19 muertos y la revelación por parte de organismos internacionales de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

El objetivo del gobierno usurpador no era solo repeler las manifestaciones. Buscó amedrentar a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas y originarias mediante el ejercicio de la fuerza estatal que impida la respuesta del cuerpo social en las calles, permita la reafirmación de la estructura de poder del nuevo régimen golpista y despeje el camino para el desmantelamiento del estado de bienestar implantado por Evo Morales en 2006.

Desde entonces, fueron varios los retrocesos democráticos como, entre otros puntos, la ampliación del mandato de Añez, que expiraba el 22 de enero y que por decisión del Tribunal Constitucional se extendió hasta la instalación del nuevo gobierno electo en los comicios del próximo 3 de mayo.

Por otro lado, al margen de la cuestión institucional, en poco más de tres meses hubo varias alertas respecto al retroceso en materia económica y social que se habrían producido de la mano del gobierno de facto. “Todo está en riesgo con el gobierno de Áñez y la política neoliberal que se está implementando en Bolivia”, planteó el ex ministro de Economía y hoy candidato a Presidente por ese espacio, Luis Arce, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires. Aquel día, el aspirante del MAS estuvo acompañado por Evo – exiliado en Argentina desde el 12 de diciembre, tras una breve estadía en México-, quien fue tajante respecto de lo que se espera de cara a los comicios: “la campaña del golpismo sólo puede ser la persecución política”.

“Estoy muy preocupada por distintas informaciones que nos llegan de Bolivia, entre otras cosas la suspensión del bono Juana Azurduy, un mecanismo de redistribución de recursos para los sectores más vulnerables y control sanitario. Estamos hablando de embarazadas que hasta el momento recibían una ayuda económica, a condición de realizar controles prenatales y a los recién nacidos. Se trata de un programa que es fundamental para la promoción de partos institucionalizados (llevados a cabo en centros de salud), el seguimiento del estado de salud de las mujeres y sus bebes”, explicó en una entrevista con Canal Abierto la ex presidenta de la Cámara de Diputados y ministra de Salud del gobierno de Evo Morales, Gabriela Montaño.

Si bien la elección del 3 de mayo presenta a un espacio popular unificado detrás del binomio encabezado por Arce y secundado por David Choquehuanca y con fuertes chances de ganar en primera vuelta. Una muestra de ello son las últimas encuestas, como la realizada por Unitel que ubica al delfín de Evo en el primer lugar con 31.6%, seguido por Carlos Mesa del Movimiento Nacionalista Revolucionario (17.1%) y Jeanine Añez del Movimiento Social Demócrata (16.5%). Sin embargo, son numerosas las razones para suponer una posible manipulación de los resultados, o bien la distorsión del propio proceso.

Lo que es seguro es que –aunque atomizados en distintas listas- los adversarios del MAS sí tienen como objetivo común hacer prevalecer una norma constitucional que exige un mínimo de dos años de residencia en el país inmediatamente anterior al acto electoral. De esta manera, y fruto del exiliado obligado tras el golpe, la Justicia electoral aceptaría la inhabilitación de Morales para aspirar a un escaño en el Senado.

La defensa legal del líder cocalero (Raúl Gustavo Ferreyra, Eugenio Raúl Zaffaroni y Baltasar Garzón) ya se prepara para una posible impugnación. “Evo Morales reúne la totalidad de los requisitos para ser candidato a senador por el departamento de Cochabamba”, insistió Raúl Gustavo Ferreyra, abogado defensor de Evo Morales.

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