Redacción Canal Abierto | El juicio por “abuso sexual agravado por ser encargado de la guarda” iba a comenzar este martes 23 a las 8.30. La mamá de Carla, la denunciante, logró viajar los 400 kilómetros que separan a Belén, su pueblo, de San Fernando del Valle de Catamarca para reunirse con su hija y acompañarla en el último tramo hacia el debate oral que –vía videoconferencia, por la cuarentena- enfrentaría finalmente a Enrique Aybar con la Justicia. Pero la defensa del intendente de la localidad catamarqueña de Puerta de Corral Quemado, denunciado reiteradas veces por violación, jugó su última carta y 24 horas antes se conoció la noticia: el juicio volvía a posponerse.

Los abogados de Aybar, quien conduce el municipio que abarca cinco pueblos desde 2011, presentaron un planteo de “nulidad absoluta” sobre el que la Cámara Penal 3 de la capital catamarqueña deberá expedirse antes de continuar.

 

Angustia y amenazas

“Hay que decir claramente que es un acto dilatorio que lo que trata de hacer es suspender y retrasar lo más que se pueda el comienzo del debate oral”, explica Ana Clara Barros, coordinadora de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Catamarca, en diálogo con Canal Abierto.

Desde ese espacio, le advirtieron al fiscal que la de Aybar -quien acumula cuatro denuncias en su contra- es una nueva maniobra dilatoria, luego de haber logrado posponer el inicio del juicio por siete años. “Lo que nos preocupa de esta nueva suspensión es que este tiempo puede ser aprovechado por el imputado para hacer uso de todos los recursos que tiene desde su lugar de poder, amedrentar a los testigos y seguir obstaculizando el desarrollo del juicio. La familia sigue recibiendo amenazas, y la angustia que vive es tremenda. La Justicia no contempla esta situación”, agrega Barros.

La preocupación no es caprichosa. El debate oral de ésta, la primera causa que logra llevarlo a juicio y data de 2013, debió haber comenzado en septiembre pasado, justo antes de las elecciones que le dieron a Aybar una nueva reelección. Pero entonces, la defensa del intendente que encabezó la lista de Juntos por el Cambio pidió la suspensión del juicio a prueba –más conocida como probation– a cambio de un resarcimiento económico para la familia de la denunciante y la realización de tareas comunitarias. El tribunal rechazó la solicitud y puso nueva fecha para junio, debido a la pandemia.

Ayer por la mañana, cuando el juicio debió comenzar, distintas organizaciones se manifestaron frente a los Tribunales de Catamarca para repudiar el nuevo aplazamiento y exigir que Aybar, finalmente, comparezca ante la Justicia.

 

La realidad que no irá a juicio

El plazo que tiene el fiscal y la querella para contestar la nulidad vence el viernes 26. A partir de ahí, el tribunal cuenta con tres días corridos para decidir si hace lugar o no al pedido de la defensa. Desde la querella creen firmemente que la Cámara lo rechazará, pero el daño ya está hecho.

“El ámbito del juicio oral, la producción de la prueba, lo que trata de hacer es verificar que ese hecho que el fiscal le imputa realmente sucedió. Pero hay otra realidad que no va a ir a juicio que es la que vive el pueblo, que es esta violencia sistemática, estructural, institucional e histórica, porque desde hace años que esta persona está en diferentes ámbitos de poder, primero como director de escuela y ahora como intendente. Y ha utilizado estos espacios para abusar de las mujeres, de las infancias, y lo aprovecha para seguir extorsionando, amenazando e infundiendo temor”, afirma Barros.

Y agrega: “Lo que hace falta es una sanción que sea reparadora de esta situación, y también  perspectiva de género para comenzar a interpretar el proceso penal, que es considerado una dinámica entre dos partes, donde al imputado se le llena de garantías. Eso está bien en un contexto de índole económica, patrimonial. Pero cuando hablamos de abuso sexual, de violencia de género, la situación es completamente diferente porque ahí la persona que no está siendo protegida es la víctima. Para gente que tiene poder como este hombre, la función de la Justicia es muy importante, y el tribunal tiene que hacerse cargo de esa función”.

 

La historia

El hecho que llevó a juicio al intendente ocurrió en San Fernando del Valle de Catamarca en 2013, cuando Carla –nombre ficticio con el que en este medio relatamos la historia de la joventenía 15 años. Ella es oriunda de El Durazno, un pueblo de apenas 378 habitantes que queda a unos 400 kilómetros de la ciudad capital por caminos de montaña; a 70 kilómetros de Belén, cabecera del departamento; y a 10 de Puerta de Corral Quemado, donde se emplaza la Municipalidad.

Ese día, Carla aceptó ir con Aybar a la capital provincial para conseguir una beca de estudios y allí –según relató incansablemente- fue violada por quien había sido su maestro, en un hotel alojamiento de las afueras donde la llevó engañada.

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