Redacción Canal Abierto | Hace algunos meses, el accidente de tránsito que se cobró la vida de Cinthia Choque y puso en riesgo la de Santiago Siciliano dejó al descubierto las modalidades de contratación que maneja el Estado y, en particular, la Ciudad de Buenos Aires. Sólo en este distrito, el de mayor cantidad de recursos de la Argentina, el 74% de trabajadores públicos se encuentran precarizados.

Si bien en un primer momento la situación laboral alcanzó cierto revuelo mediático, las derivaciones políticas de la tragedia terminaron cayendo en el olvido. Al poco tiempo, y en represalia contra las protestas, Horacio Rodríguez Larreta despidió a 81 agentes de tránsito. Luego incluso incumplió un amparo judicial que ordenaba su reincorporación.

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Situación similar atravesaron los miles de médicos residentes y concurrentes que todos los días sostienen el sistema de salud porteña, cuando en diciembre de 2019 lograron voltear una norma que buscaba precarizar aún más sus condiciones laborales y salarias. A la luz de los acontecimientos, no hace falta aclarar el rol que les espera a estos jóvenes profesionales de la salud en las semanas venideras.

Por estas horas, y en este contexto de crisis sanitaria, es que vuelve a quedar en evidencia la política de pauperización laboral del sector público en la Ciudad. Esta vez son los docentes del programa Jornada Extensiva los que salieron a denunciar presiones por parte de funcionarios de Larreta para que se ofrezcan como “voluntarios” en el reparto de alimentos y tareas en los hoteles con repatriados y turistas en cuarentena.

“Hasta el viernes pasado decían que era una convocatoria voluntaria para ir a dar una mano con el reparto de viandas en las escuelas, pero después el mensaje cambió y ya no se trató de algo optativo sino de la obligación de cumplir con cualquier tarea que se nos ordenara: repartir alimentos o realizar tareas en alguno de los cuatro hoteles de la Ciudad donde gente que volvió de viaje se encuentra haciendo la cuarentena”, detalla a Canal Abierto uno de los docentes que -por temor a represalias- pidió no revelar su identidad.

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Es importante destacar, por otra parte, que el intento por hacer gala de un falso voluntarismo entre sus filas no es la única señal de alarma en torno al tema. En concreto, cabe preguntarse si en medio de una pandemia y medidas de aislamiento obligatorio, es sensato o seguro enviar a docentes no calificados en materia sanitaria para atender las necesidades de potenciales infectados.

“Es un juego cínico, siempre sobre la base de las necesidades de profesionales que no pueden perder el laburo. Para Larreta, los profesionales de Jornada Extendida somos una suerte de comodín para tapar los huecos que no están dispuestos a llenar con contratados formales ni gente preparada”, asegura el profesional.

Es tan lamentable como común que, además de la tarea docente para la que fueron formados y contratados, el Gobierno de la Ciudad utilice a los trabajadores del programa para realizar tareas ad hoc: entre otras actividades, figuran las de salir a “timbrear” o volantear para el PRO en tiempos de campaña electoral. “El año pasado nos apretaban diciendo que si Larreta no ganaba, corrían peligro todos los puestos de trabajo. Como tenemos contratos basura, todo el tiempo juegan con la amenaza de dejarnos sin trabajo y en la calle sino obedecemos. Es un trabajo constante por demostrar que tiene el control sobre nuestras vidas, por ejemplo, presionándonos para ir a trabajar por más que haya huelga general o paro docente”.

El programa Jornada Extensiva busca acompañar a los chicos y chicas en la transición entre 6to y 7mo grado en primaria y 1er y 2do año de secundaria. Su objetivo central es evitar la deserción escolar, un problema recurrente en barrios vulnerables.

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Desde hace años, quienes forman parte del equipo docente gozan de distintas formas de contratación, en su gran mayoría precarias y temporales. “En mi caso tengo un contrato por 3 días semanales, jornadas de 7 horas y media y un sueldo de 16.000 pesos”, cuenta quien -según índices de febrero del INDEC- no alcanza si quiera a la línea de la indigencia (16.785 pesos), y mucho menos a la de pobreza (40.789 pesos).

“Estamos de acuerdo en que se requiere un esfuerzo excepcional, algo los docentes sostenemos hace tiempo, cada día, trabajando y enseñando con sueldos por debajo de la línea de pobreza, con un «acuerdo» salarial que este año otorgó apenas un 13% en sumas fijas, con pésimas condiciones laborales, con concursos atrasados o sin concursos”, lanzó a través de un comunicado el gremio docente porteño Ademys. “Lo hacemos trabajando, mientras denunciamos las vergonzosas viandas, la comida de comedor que intoxica a los chicos y chicas, la falta de elementos de higiene y personal auxiliar en las escuelas, la falta de repelentes y de alcohol en gel; lo hacemos comprando materiales con plata de nuestro bolsillo y cada día llevando adelante nuestra tarea en las aulas con estudiantes que sufren la crisis económica en carne propia, con familias sin trabajo y familias que no llegan a fin de mes”.

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