Redacción Canal Abierto | El 6 de mayo de 2020, en plena pandemia y luego de quince días sin agua, una medida precautelar de la Justicia porteña ordenaba al Gobierno de la Ciudad garantizar el servicio de agua potable y saneamiento cloacal en los barrios populares. El fallo reconocía la carencia de este derecho e indicaba que el gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta debía presentar un plan de contingencia ante posibles emergencias sanitarias previamente acordado con la comunidad dentro de los cinco días hábiles.
Pero más de tres años después la medida sigue sin cumplirse y la Justicia acaba de intimar al gobierno porteño para que la acate. El plazo establecido esta vez por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 es de diez días, en el cual deberá acreditar todo lo que hizo luego de la sentencia.
“En un fallo histórico la Justicia nos dio la razón y desde entonces el gobierno viene incumpliendo la sentencia. Ahora resolvió apercibirlo, y será multado si continúa con el incumplimiento”, explicó María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la Facultad de Ingeniería de la UBA y fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Koutsovitis —junto a un grupo de mujeres que oficiaron de referentas de distintas villas porteñas, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma Capital, la CLIC, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), y el Frente Territorial Salvador Herrera—, fue una de las impulsoras del reclamo judicial que derivó en la sentencia.
“El fallo incumplido es inédito ya que establece condiciones igualitarias en el acceso al agua en todas las villas de la Ciudad. En el sur de la Ciudad, donde uno de cada tres personas habita en una villa o asentamiento sin acceso pleno y formal al agua potable, la esperanza de vida se reduce en promedio entre 8 y 10 años respecto al norte. Y la mortalidad infantil se duplica”, detalló.
Los datos
La Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país. Pese a ello, el 15% de sus habitantes no accede formalmente al agua potable. En números, significa que 400 mil porteñas y porteños habitan en villas y asentamientos, donde el no hay acceso formal al agua potable ni al saneamiento cloacal.
“La falta de acceso formal y pleno al agua potable no sólo limita la reproducción de la vida, sino que constituye una de las violencias más invisibilizadas hacia las mujeres e infancias ya que cotidianamente les quita todo tipo de oportunidades. Cuando no se garantiza el acceso pleno al agua potable las mujeres deben destinar el doble de tiempo a las tareas no remuneradas de cuidado”, analizó Koutsovitis.
El relato de la ingeniera se verifica en la cotidianeidad de los barrios. Allí, son las mujeres quienes no sólo se encargan de las tareas domésticas habituales, sino de conseguir el agua para realizarlas y de llevar adelante los comedores comunitarios que alimentan a gran parte de los pobladores.
Durante la pandemia, el coronavirus se multiplicó exponencialmente en pocas horas en las villas porteñas, mientras crecía a mucha menor velocidad en los demás barrios, producto del hacinamiento pero sobre todo de la falta de acceso al agua. Como consecuencia, muchas de quienes sostenían los comedores murieron por COVID-19. Entre ellas Ramona Medina, comunicadora de La Poderosa, que días antes de su muerte denunciaba la falta de agua en la Villa 31.
Más información: “El gobierno porteño eligió no garantizar la infraestructura sanitaria en las villas de la Ciudad”
El elevado riesgo sanitario y ambiental al que se encuentran expuestos los habitantes de las villas se constata en las enfermedades asociadas al agua (diarreas, afecciones de la piel, etc.) que se tratan a diario en los Centros de Salud y Atención Comunitaria (CeSACs) donde se brinda atención primaria a la población de villas.
La (in) acción del gobierno porteño
En lugar de brindar las oluciones definitivas para la infraestructura sanitaria y pluvial que el fallo judicial exigía, en los últimos años el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrató la prestación de camiones cisterna, vactor e hidrocinéticos con el objeto de tratar la emergencia mientras ejecutaban las obras que permitirían una prestación permanente y segura del servicio.
Numerosas familias periódicamente reciben la asistencia de los camiones que recargan los tanques domiciliarios, baldes y cacerolas con agua que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad señalan como “de dudosa calidad”.
Esta solución transitoria no ha alcanzado para garantizar el acceso al agua potable a todas las familias de las villas o para evitar el colapso de los pozos ciegos o cámaras sépticas.
