Redacción Canal Abierto | Dibujos contables, exportaciones sin declarar, créditos multimillonarios sin pagar y maniobras fraudulentas son sólo algunas de las estrategias que la administración Macri-Fraga garantizó a su principal aportante en la última campaña presidencial.

Aunque ya en 2019 para muchos era un secreto a voces, el escandaloso affaire Cambiemos-Vicentin terminó por quedar al desnudo con la investigación que en enero impulsaron las autoridades del Banco Nación. Por aquel entonces salió a la luz una trama secreta de fraudes que hoy por hoy debilita -y en algunos casos, fulmina- las finanzas de 2.638 productores, acopiadores, corredores, bancos, empresas competidoras, de servicios varios y organismos del Estado.

Fue en base a dicha información, y ante el peligro cierto de vaciamiento patronal, que en los primeros días de junio Alberto Fernández decidió avanzar en la intervención y el envío de un proyecto para expropiar la cerealera más grande del país. La iniciativa jugaba a tres puntas: impedir el desmembramiento del holding preservando los miles de puestos de trabajo, poner freno al proceso de extranjerización que viene atravesando el sector más pujante de la economía argentina y, por último -aunque no menos importante-, hacerse de una empresa testigo en un mercado históricamente reacio al blanqueo de operaciones y el pago de impuestos.

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Al entusiasmo y respaldo inicial de buena parte del campo popular, pequeño y mediano empresario e incluso agropecuario, siguió la esperable respuesta abroquelada de los históricos defensores de la sacrosanta propiedad privada. Rápidamente, medios de comunicación hegemónicos y trols atizaron el fantasma de una “chavización” en marcha, instalando en sectores de la clase medio la idea tan potente como absurda del “hoy vienen por Vicentin, mañana por mi pisito en San Bernardo”.

Es así que en estos casi tres meses la causa pasó a formar parte del mainstream vociferante de la oposición, junto a otras líneas discursivas vinculadas a la supuesta defensa de las libertades o la República frente al “atropello” de los “enamorados de la cuarentena”. La misma lógica corre lo que el periodismo hegemónico hoy cataloga como “reforma judicial k”, un proyecto que -según Clarín, La Nación e Infobae- sólo perseguiría la impunidad de la vicepresidente y su séquito.

Si hay un lugar donde caló hondo el “Todos somos Vicentin” fue en su ciudad natal y sede de sus oficinas centrales. En Avellaneda, provincia de Santa Fe, y con evidente nostalgia del lock out patronal de 2018 (mejor conocido como “la 125”), un sector de la población salió a las calles y rutas en numerosas oportunidades para rechazar la expropiación de la empresa que vio nacer y crecer en esos pagos. Siempre a la cabeza de la mayoría de las manifestaciones -públicas y mediáticas-, el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, de aceitadísimos vínculos políticos con la firma.

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Como una ironía del destino, en las últimas horas Scarpín confirmó su diagnóstico positivo de COVID-19. Un día antes de que se hiciera el hisopado, el lunes 17 de agosto, se lo pudo ver participando de la marcha anti cuarentena en Avellaneda, con el barbijo fuera de lugar y a los abrazos con sus votantes.

Además de los grandes diarios argentinos, la entente de corte liberal cosechó los esperables apoyos de la oposición cambiemita y el Poder Judicial. El primer contra ataque tuvo lugar el pasado 19 de junio, cuando el juez Fabián Lorenzini (el mismo que está a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC) resolvió reponer al frente de la conducción de Vicentin al Directorio encabezado por Sergio Nardelli, fallecido días a raíz de un infarto.

De esta manera, y con la expropiación congelada por el magistrado -pese a numerosos reclamos, sigue sin intimar a la empresa para que presente su Balance 2019-, todo parecía indicar que se habría el camino para el lavado “Plan Perotti”. Sin embargo, una vez más, fue Lorenzini el encargado de bloquear la iniciativa provincial, garantizando la continuidad del clan Vicentin al frente del directorio.

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Finalmente, el juez federal Julián Ercolini se animó a ordenar el allanamiento sobre la sede central de la agroexportadora en la causa que investiga el otorgamiento irregular de 18 mil millones de pesos en créditos del Banco Nación a la cerealera bajo la gestión del radical Javier González Fraga, hoy procesado y en la mira de la Justicia. El procedimiento llegó casi dos meses después del anuncio presidencial y a un año de aquellas maniobras crediticias.

Por si faltaba otro bochorno en torno a la cerealera, a principios de agosto los trabajadores de la Algodonera Avellaneda S.A. del grupo Vicentin protestaron para exigir una suba que les permita percibir el equivalente a una canasta básica (el sueldo promedio hoy es de aproximadamente $23.000). ¿La respuesta de la empresa? Dejó de abonar salarios y no se presenta a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo santafesino.

Es más, en julio pasado los trabajadores sólo percibieron la porción de los sueldos que aportó el Estado a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Por el resto, Algodonera sólo ofreció vales de mercadería de otras dos empresas del grupo: carnes del Frigorífico Friar y aceite de la marca Vicentin.

El conflicto salarial tiene com trasfondo una antigua imposición por parte de Vicentin de la Asociación Obrera Textil como interlocutor gremial. Según denuncian los manifestantes, el sindicato en cuestión fue hecho a la medida de la cerealera: consta de un convenio laboral paupérrimo, aumentos miserables y la costumbre de brillar por su ausencia en cada reclamo. “Los laburantes se cansaron de no tener respuestas, por eso se acercaron para que los representemos”, aseguran a Canal Abierto desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier que apoya e intenta dar respaldo a la huelgl.

Y como si el abandono a sus empleados y destrato a las autoridades provinciales no fueran suficientes, este 17 de agosto el abogado de la algodonera, Héctor Vizcay, atropelló -literalmente- a los trabajadores que se manifestaban pacíficamente en las puertas de la planta. El violento hecho terminó con dos hospitalizadas, Lucía Calderón y Sonia Zanel, ambas fuera de peligro.

A todo esto se suman las denuncias presentadas ante la Justicia por la abogada de los trabajadores, Luciana González, por las múltiples amenazas que dice haber recibido. Según cuenta, le exigen que abandone la localidad, y que en caso contrario la van a “desaparecer”.

Pese a que la letrada laboralista radicó una presentación judicial ante la Fiscalía, el fiscal de turno Juan Marichan la desestimó sin tomarle testimonio, ni pedir las direcciones de IP de las que salieron las amenazas, ni consultar con la red social Facebook sobre los perfiles truchos de los que salen esos mensajes mafiosos.

En este repaso, sólo un vistazo a los hechos de los últimos meses que revelan cómo en Reconquista y Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, Vicentin hace y deshace a gusto y piachere, haciendo alarde de su poderío económico, político y judicial. Algunos rechazaran dicho accionar y reclamarán acciones a la Justicia, otros lo justificaran desde un posicionamiento político. Sepan estos últimos que en la Argentina que viene no habrá lugar para feudos. Esperemos que tampoco lo haya para los cínicos que los defienden y sostienen.

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